Cuando la información y el poder se funden en un solo emisor
Hace apenas una quincena, la Presidenta, en su encuentro con Vladimir Putin para presentar la nueva medición estatal del rating televisivo y la inclusión del canal ruso en español a la grilla de la TV Digital, declaró todo como un logro de "la comunicación sin intermediarios y para transmitir los valores propios", así como su coincidencia con el líder ruso en que los medios de comunicación son "un arma de manipulación que permite manipular la conciencia social".
La noción de comunicación sin intermediarios evoca el mundo "transparente" de las peores utopías, un mundo en el que información y poder se funden en un solo emisor, en el que la negación de los "intermediarios" convierte lo que era información en mero material residual administrado por el poder.
Es el lugar y la hora del Ministerio de la Verdad. No hay deliberación pública porque, en realidad, los espacios autónomos al Estado no existen, no hay pluralidad de voces porque no hay competencia plural por la opinión pública; no hay, en verdad, información estrictamente, puesto que un grupo arrebata su voz a todos, pretende hablar en nombre del todo y cancela el lazo social.
Y lo menos que se puede decir de esa denuncia como arma de manipulación es que atrasa; sin duda, los medios pueden hacer muchas cosas, buenas y malas, pero lo que no pueden hacer es manipular la conciencia social, siempre y cuando la red informativa sea plural, se desenvuelva en un contexto social y haya libre acceso al mercado.
Ahora el mazazo fue todavía más brutal. Jorge Capitanich, el jefe de Gabinete, calificó de "apología del delito" afirmar que situaciones como la que anteayer tuvo lugar, el autoacuartelamiento de policías de Santa Cruz por reclamos salariales, puedan difundirse a otros distritos. "Cualquier cuestión asociada al autoacuartelamiento es un delito", dijo; "informar sobre delitos que pueden venir puede implicar una estrategia para generar una propagación de estos episodios". Los militares del Proceso sabían mucho de esto, que coloca al periodismo al borde del delito de incurrir en apología del delito. Pretende infundir miedo e incerteza degradando la práctica profesional.
La responsabilidad sobre lo que el periodismo dice o piensa sobre una cuestión -en este caso, una conjetura sobre la posible propagación de un fenómeno- no pertenece jamás al Gobierno. Aunque la paranoia tiene la mano larga: atribuir la diabólica estrategia para generar la propagación de los autoacuartelamientos no es precisamente refinado. Como sea, estas declaraciones pintan de cuerpo entero al Gobierno, todavía más que las de Cristina, porque se refieren a una situación concreta.
La convicción de que con los medios lo mejor que se puede hacer es capturarlos o prepotearlos, como metodologías para tenerlos cortos de rienda. Porque de lo que se trata es de eso; o estás bajo mi férula o sos mi enemigo. Sólo así se puede entender que un ministro se asigne la autoridad de establecer qué es delito y qué no lo es.
La relación entre los gobiernos y el periodismo, o más en general los medios, es siempre difícil; existen, sin embargo, modalidades para fomentar, y cuidar, la confianza mutua. Del lado del Gobierno, lo fundamental es que demuestre convincentemente su aprecio por una prensa independiente. No ha sido el caso con los años cristinistas y no es el caso con la emisión de amenazas.
El autor es investigador del Conicet y miembro del Club Político Argentino
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