Se abren diversos caminos judiciales para reclamar contra el decreto de Javier Milei

El megadecreto firmado por Javier Milei ya fue objetado en la Justicia, en los tribunales federales en lo contencioso administrativo. Es allí donde se dirimen los procesos en los que el Estado es parte, y donde pueden ser revocadas o avaladas las decisiones que toma un gobierno nacional.

Los tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal (CAF) tienen asiento en la ciudad de Buenos Aires, a pocos metros del Palacio de Justicia. Allí se toman decisiones de alto impacto político, aunque sus jueces son menos conocidos que los de Comodoro Py. En su estructura son muy similares a los tribunales federales : el fuero contencioso administrativo federal tiene 12 juzgados de primera instancia. Sobre las decisiones de esos doce magistrados se pronuncia la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que tiene cinco salas de tres jueces cada una. Hay, en este fuero, jueces históricos y de corrientes diversas. Algunos tienen un perfil más estatista y otros, más institucionalista.

Quien tiene legitimidad para presentar una acción de amparo es cualquier persona o entidad que haya sido afectada por alguna de las medidas adoptadas en el DNU. Cualquiera que considere que el decreto afecta derechos individuales o colectivos puede presentarse en la Justicia para pedir que sea declarado inválido.

Las vías de acceso para litigar en estos tribunales pueden ser una acción de amparo o una acción declarativa de inconstitucionalidad. Las demandas contra el Estado normalmente llegan por una acción de amparo. Una vez recibido el planteo, el juez debería darle vista al demandado, que en este caso sería el Poder Ejecutivo Nacional, para expedirse en un plazo prudencial sobre las razones por las que emitió el DNU. Cuando se trata de decretos de necesidad y urgencia los juzgados suelen resolver los amparos dentro de las 48 horas. Después de recorrer todo el camino de apelaciones, el caso puede hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la palabra final. A ella también se puede acceder por per saltum, pero es un camino excepcional.

Tanto los abogados que litigan en ese fuero como incluso los jueces de los tribunales federales de Comodoro Py, donde tramitan causas penales, reconocen la enorme influencia que tiene allí uno de sus camaristas, Sergio Fernández. Es el hermano del histórico operador judicial de los Kirchner y actual auditor general de la Nación, Javier Fernández. A diferencia de otros fueros, todas las vacantes del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal están cubiertas.

Quien deberá eventualmente encabezar la defensa del Poder Ejecutivo en estas demandas es Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro de la Nación y jefe de los abogados del Estado, con amplia trayectoria como abogado en el mundo del derecho administrativo y de buen vínculo con Sergio Fernández. Tiene una vasta experiencia en lo referido a los procesos de privatizaciones por su recorrido y participación en el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Pero no será exclusiva la intervención de estos tribunales con respecto al DNU. En paralelo, como el decreto firmado ayer abarca demasiadas materias y podría afectar numerosos derechos constitucionales, hay quienes anticipan una lluvia de demandas o peticiones de declaraciones de inconstitucionalidad en otros fueros, como podría ser el laboral, en caso de que un sindicato se considere afectado por el DNU, o por ejemplo, una obra social, que podría acudir al fuero civil o comercial. O un inquilino o grupo de inquilinos afectados por la derogación de la Ley de Alquileres. Son tan solo algunos ejemplos de un amplio abanico que todavía no termina de desplegarse. Lejos de los tribunales en lo contencioso administrativo, esos otros casos, acaso más remotos, también podrían ser una vía de acceso a la Corte Suprema de Justicia.

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