Cuadernos: tres detenidos pidieron su libertad tras la excarcelación de Thomas

Tres acusados en casos vinculados a los cuadernos de las coimas pidieron ayer la excarcelación después de que la Cámara Federal fijara el nuevo criterio en materia de prisiones preventivas, cuando liberó a Oscar Thomas.

Uno es Juan Pablo Schiavi, que fue secretario de Transporte durante el kirchnerismo; los otros dos son el abogado Miguel Ángel Plo y su yerno Federico Zupicich, acusados de haber sido parte de las maniobras de lavado de dinero del exsecretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz. En los casos de Plo y Zupicich, el fiscal ya dictaminó y ayer mismo se opuso a la excarcelación, informaron fuentes judiciales.

Anteayer, la Cámara sentó un precedente que a futuro podría beneficiarlos. A ellos y a otros presos. En esta misma causa, por orden del juez Claudio Bonadio, cumplen prisión preventiva el empresario Gustavo Ferreyra, de Electroingeniería, y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta. Además, Bonadio ordenó la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, pero la orden no se hizo efectiva por sus fueros.

Para que un acusado cumpla prisión preventiva, los jueces tienen que considerar que su libertad implica un riesgo para la causa. Puede ser peligro de que se fugue o de que entorpezca la investigación.

El fallo de la Cámara de anteayer, firmado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, puede favorecer a otros detenidos porque advierte que con una investigación terminada, en un expediente que, como este, está a punto de ser enviado a juicio, ya no hay riesgo de que el acusado, de ser liberado, entorpezca la búsqueda de pruebas. Habrá que analizar entonces cada peligro de fuga.

Si bien la situación de cada acusado es analizada siempre por separado, la Cámara sentó un criterio general, que le permitió darle la libertad incluso a Thomas, un detenido que había estado prófugo 48 días en el inicio de la causa.

En su planteo de ayer, la defensa de Schiavi advirtió que él está preso en la cárcel de Ezeiza cumpliendo una pena por la tragedia de Once y que entonces, su excarcelación en el caso de los cuadernos mal puede implicar un riesgo procesal.

En el caso de Thomas -extitular del Ente Binacional Yacyretá-, para Bruglia y Bertuzzi fue clave la opinión de la fiscalía, que se manifestó a favor de la liberación. No es lo que pasó con Plo y Zupicich. Hoy Bonadio decidirá si los libera o no. Lo que él resuelva podrá ser revisado después por la Cámara.

A pesar del fallo de anteayer, Thomas sigue cumpliendo prisión domiciliaria. La liberación se hará efectiva cuando deposite la "caución real" que la Cámara le ordenó fijar a Bonadio. El juez la determinó de inmediato: 60 millones de pesos. Ayer, la defensa de Thomas apeló el monto ante la Cámara. Según el juez, el poder económico del acusado le permite afrontar el millón de dólares de fianza.

El próximo pedido de excarcelación que tiene para resolver la Cámara es el de Ferreyra, el empresario que no se arrepintió y sigue detenido en la causa de los cuadernos. Cuando los jueces le rechazaron la excarcelación, el argumento central fue que era lo "prudente" porque el fiscal Carlos Stornelli todavía podía "solicitar diligencias probatorias" previas a requerir la elevación a juicio. "Por ello, estimamos que por el momento no corresponde conceder la excarcelación a Gerardo Ferreyra", afirmaron Bruglia y Bertuzzi el 14 de junio. De aplicarse el criterio de Thomas, ese argumento caería. En cuanto a Baratta, cuando decidieron su caso, Bruglia y Bertuzzi afirmaron que la libertad del imputado podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de prueba. Pero no fue el único argumento para que quedara detenido: dijeron que existía un "conjunto de condiciones objetivas y particulares" para que siguiera cumpliendo prisión preventiva. Entre ellas, la expectativa de pena que enfrenta por este expediente (fue acusado de delitos que prevén un castigo de más de ocho años).

El caso de De Vido también tiene características particulares, advierten en los tribunales. La principal en su contra es que él ya tiene una condena. Fue considerado "partícipe necesario" de estafa al Estado, un delito de corrupción investigado en el marco del juicio por la tragedia de Once. Sin embargo, por ese caso no está preso porque está pendiente que la Casación decida si confirma la sentencia.

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