Cuadernos: Stornelli dijo que las coimas llegaban a Cristina y pidió llevarla a juicio
El fiscal solicitó la elevación de la causa, que provocó el procesamiento de 47 exfuncionarios y empresarios; además contabilizó entregas por al menos 15 millones de dólares y describió el circuito de los sobornos
LA NACIONHernán Cappiello
Los millones de dólares que aportaban los empresarios a la recaudación ilegal para asegurarse contratos de obras públicas terminaban en Cristina Kirchner, que era la jefa de la banda y la que daba las órdenes para el funcionamiento de la empresa delictiva que operó entre 2003 y 2015.
Con esta convicción el fiscal Carlos Stornelli pidió ayer al juez federal Claudio Bonadio que eleve a juicio oral a 47 personas procesadas en la causa de los cuadernos de la corrupción. Y consideró que Cristina Kirchner es la jefa de una asociación ilícita. El fiscal contabilizó entregas por al menos 15 millones de dólares en las que Cristina Kirchner aparece como coautora y de una decena de entregas por montos de dinero no especificados. Esa plata terminaba en el departamento de la expresidenta en Uruguay y Juncal, en la Casa de Gobierno o en la quinta de Olivos.
El fiscal escribió en 678 carillas que quien recibía ese dinero siempre era Daniel Muñoz, el secretario e intermediario. Acusó además de organizar la asociación ilícita a Julio De Vido, ministro de Planificación; Roberto Baratta, subsecretario de Coordinación y Control de ese ministerio; Carlos Wagner, presidente de la Cámara de Construcción y presidente de Esuco SA, y a Ernesto Clarens. Los miembros de la organización para el fiscal son los funcionarios Nelson Lazarte, Claudio Uberti, José María Olazagasti, Rafael Enrique Llorens, José López y los empresarios Germán Nivello, Gerardo Ferreyra y Oscar Thomas. Oscar Centeno, el chofer que documentó las entregas de dinero en los cuadernos de la corrupción que fueron reveladas por LA NACION, también es considerado parte de la banda.
Los empresarios que pagaron los sobornos son acusados por el fiscal Stornelli de los delitos de cohecho y no son considerados parte de la banda. En esa calidad están también otros funcionarios que enfrentan la acusación de encubrimiento.
A juicio
Además de los mencionados, el fiscal propicia que sean enjuiciados Rudy Ulloa Igor, Juan Manuel Abal Medina, Hugo Martín Larraburu, Hernán Camilo Gómez, Fabián García Ramón, Walter Fagyas, Carlos Mundín, Claudio Glazman, Juan Carlos de Goycochea, Raúl Vertúa, Ángelo Calcaterra, Héctor Javier Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain, Alberto Taselli, Hernán Diego del Río, Aldo Roggio, Alejandro Ivanissevich, Gabriel Romero, Jorge Balán, Hugo Dragonetti, Hugo Eurnekian, Rodolfo Poblete, Enrique Menotti Pescarmona, Francisco Valenti, Osvaldo Acosta, Jorge Neira, Raúl Horacio Copetti, Víctor Fabián Guterrez, Julio Daniel Alvarez, Rubén David Aranda y Miguel Ángel Marconi.
El fiscal Stornelli entendió que no debe continuar la investigación con respecto a los ejecutivos de Techint Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, al justificar pagos efectuados por la compañía Sidor (ver aparte).
Stornelli señaló que el objetivo de la banda fue "organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos". La prueba en la que se basó, además de los cuadernos de Centeno, son las declaraciones de los arrepentidos -entre los que se cuentan 20 empresarios y funcionarios-, en testimoniales y documentos.
"Los eslabones convergen en un solo punto. Roberto Baratta fue el comunicador y receptor inicial; Daniel Muñoz, uno de los intermediarios finales, y Cristina Elisabet Fernández, la destinataria final de fondos", escribió.
Fue clave el relato de los exfuncionarios José López, Claudio Uberti y del empresario Ernesto Clarens para entender el mecanismo ilegal.
En ese sentido, recordó que cuando López declaró como arrepentido mencionó que mantuvo un encuentro con Cristina Kirchner en el que el explicó cómo funcionaba el mecanismo de recaudación y que la expresidenta la dijo que no siguiera. Sin embargo, al tiempo lo visitó De Vido y le pidió continuar, con lo que para Stornelli era Kirchner quien había dado la orden.
Uberti dijo que tras un encuentro con el empresario Ferreyra llevó, en dos o tres oportunidades, bolsos de más de diez kilos al departamento de Juncal. Y que le dijeron que si el paquete era chico lo dejara en la Casa Rosada. Clarens ratificó esa modalidad para que Cristina Kirchner "pudiera disponer de las coimas", escribió Stornelli.
Si gana en octubre, tendrá inmunidad
La posibilidad de ser elegida vicepresidenta no le cambiaría a Cristina Kirchner su situación procesal en la Justicia. Es más: podría gozar incluso de una mayor protección; seguiría con inmunidad de arresto con el agregado de nuevos procesos dentro del Congreso que sumarían complejidad ante un posible pedido de detención.
La ley de fueros, sancionada en 2000 después del escándalo por los sobornos en el Senado, establece que en el caso del presidente o del vice no alcanza solo con el desafuero (como ocurre con los legisladores), sino que tienen que ser removidos de sus cargos mediante un juicio político antes de ser detenidos. Es decir, ya no alcanza con una votación en el Senado para hacer cumplir esa orden judicial.
Las causales para iniciar un juicio político contra un vicepresidente incluyen conductas que justifiquen un mal desempeño, la comisión de un delito durante el ejercicio de su cargo o la comisión de un delito fuera del cargo que ejerce en ese momento.
Por Hernán Cappiello
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