Cuadernos: el próximo gobierno deberá definir sobre los bienes de la corrupción

Una propiedad y un yate en Miami del financista Ernesto Clarens; dos garajes en el barrio de Belgrano, y un departamento en Puerto Madero de Daniel Muñoz; inmuebles en Santa Cruz del contador Víctor Manzanares.

Son apenas algunos de los 30 bienes con decomiso preventivo por la trama de los cuadernos de las coimas y otros casos de corrupción vinculados al kirchnerismo. El remate de estos bienes quedaría en manos del próximo gobierno, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes judiciales.

Desde que la Justicia dejó firme el decomiso de los bienes, el Gobierno intenta acelerar un proceso complejo que suele demorar, al menos, unos seis meses.

Los activos adquiridos por Muñoz (entre otros), el supuesto testaferro de los Kirchner, quedarían en manos del gobierno que tome posesión de la Casa Rosada después del 10 de diciembre. Si se repite el resultado de las PASO, los funcionarios designados por Alberto Fernández deberán tomar la decisión sobre el futuro de los bienes que supo comprar –según sostiene la Justicia– el presunto testaferro de la exfamilia presidencial.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo que depende del Ejecutivo, aceleró en los últimos días todo lo posible para evitar que la decisión quede en manos de la próxima gestión.

El titular del organismo, Ramón Lanús, le pidió al juez Claudio Bonadio, que instruye el caso de los cuadernos, que le entregue las llaves de cuatro de los inmuebles que ya están inscriptos como propiedades del Estado y le pidió que tomara las medidas necesarias para efectivizar el traspaso del resto de las propiedades con el decomiso confirmado para así convertirlos definitivamente en bienes públicos. Este es un paso clave para recuperarlos, advierten los especialistas, más allá del uso que decida darle la nueva gestión a esos bienes.

El decomiso preventivo de estos bienes está justificado en la ley de lavado de dinero, que avala esta medida antes de que los acusados sean condenados en juicio.

Desde el Gobierno son más que optimistas: aseguran que, a más tardar en 90 días, los bienes serán rematados y así ingresaría dinero al Estado por esos bienes vinculados a la corrupción. "Sería un récord en Comodoro Py [hacerlo en tres meses]", desafió un fiscal acostumbrado a estos procesos. Los plazos estipulados por la actual administración se dificultan porque incluyen distintos actores tanto dentro como fuera del Poder Ejecutivo.

El camino que queda por recorrer hasta el remate público está repleto de trabas burocráticas. Después de que la Justicia ponga los bienes a nombre del Estado, la AABE deberá ingresar físicamente los inmuebles y hacer un informe sobre la situación de dichas propiedades que incluye, desde el relevamiento de los bienes que quedaron adentro hasta posibles intrusiones. Esa tarea, además, incluye distintos viajes porque la mayor parte de los inmuebles no están en la ciudad de Buenos Aires.

Después será el Tribunal de Tasación de la Nación el que emita una cotización oficial de cada uno de los inmuebles, lo que también requiere una presencia física en las propiedades.

El siguiente paso será poner al día los papeles de los inmuebles, como ocurriría con cualquier casa y, luego, el presidente Mauricio Macri deberá firmar un decreto para avalar la venta del bien que ya pertenecería al Estado.

Por último, el Ejecutivo debe publicar en distintos medios de comunicación el llamado a subasta pública, que tendría –en este caso– un anticipo de 30 días, un margen más corto de lo habitual. Durante ese plazo, los interesados podrán visitar cada una de las 29 propiedades para luego, en el caso de estar interesados, ofertar durante el remate.

Con la intención de agilizar pasos, el Gobierno decidió de manera extraordinaria comenzar varios procesos administrativos en simultáneo. Apenas quedó firme el decomiso, Lanús reunió a los principales actores del Ejecutivo involucrados en la subasta: estuvieron funcionarios de todos los organismos antes mencionados, informaron fuentes oficiales. Y la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia de la Nación ya escribe los decretos a pesar de que todavía la mayoría de los bienes ni siquiera están a nombre del Estado.

Quedan exentos de estos movimientos los inmuebles en el exterior, que están atados a las leyes de Estados Unidos, lo que dificulta la operación y hace prácticamente imposible que tengan una resolución en los próximos meses.

El nuevo gobierno tendría, además, que resolver situaciones similares con otros bienes de la corrupción kirchnerista, como más bienes de Muñoz y su entorno que fueron apelados en la Justicia y que difícilmente lleguen a remate antes de 2020. Entre ellos, por ejemplo, aparece la casona de Saavedra en la que vivía el exsecretario privado junto a su mujer, Carolina Pochetti.

Las propiedades de Muñoz

El exsecretario de los Kirchner también posee bienes en Estados Unidos

• Puerto Madero. Daniel Muñoz adquirió un departamento en el Château de Puerto Madero a través del matrimonio compuesto por Sergio Todisco y Elizabeth Municoy, todos acusados como autores del delito de lavado de dinero; Muñoz ya falleció

• Estados Unidos. Es una de las propiedades de Miami de Muñoz y su entorno que no están incluidas en el decomiso preventivo de bienes. El exsecretario privado de Kirchner también había comprado inmuebles en Nueva York

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