Cuadernos: fuertes cruces entre la fiscalía y la defensa para evitar que Calcaterra quede afuera del juicio

La fiscalía a cargo de Raúl Pleé y el empresario constructor Angelo Calcaterra, mediante sus abogados, protagonizaron fuertes cruces durante una audiencia oral que se realizó este martes para decidir si la Cámara de Casación mantiene su decisión de considerar que los pagos que realizó al kirchnerismo el primo de Mauricio Macri fueron aportes de campaña o sobornos para mantener sus contratos de obra pública.

“La decisión de enviar el caso al fuero electoral implica una absolución encubierta y directa para Calcaterra y Javier Sánchez Caballero [su empleado] por hechos por los que fue acusado por esta fiscalía y la querella de la UIF (Unidad de Información Financiera), y que se pretende que queden afuera del juicio”, dijo el fiscal Pleé.

La abogada de Calcaterra Valeria Oneto replicó que no hay perjuicio por asignar la causa a la justicia electoral, y que sin perjuicio no hay nulidad e indicó, mostrando una pila de notas impresas de LA NACION y otros medios que “solo la repercusión pública” y la “campaña mediática” que se desató contra el fallo que declaró la competencia electoral, explican que la Cámara de Casación revise su propia decisión.

Los jueces de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone habían resuelto el 26 de junio pasado que pagos de miles de dólares que realizó el empresario a funcionarios kirchneristas eran aportes de campaña y no coimas, por lo que enviaron la causa a la justicia electoral. Allí, en lugar de juzgar un delito penal como un soborno, se pude aplicar una multa por realizar un aporte electoral no declarado y se cierra el asunto.

Sin embargo, el fiscal Pleé y la Unidad de Información Financiera (UIF) pidieron declarar nula esa decisión porqué no se había escuchado al organismo antilavado antes de decidir. Por eso es que los jueces Barroetaveña y Petrone, con la disidencia de Mahiques, llamaron a la audiencia realizada hoy.

Allí se dieron los cruces entre la fiscalía y la defensa ante los jueces. Mahiques, muy serio con el gesto adusto, casi ni cruzó la mirada con Pleé y la fiscal del juicio Fabiana León, que estuvo a su lado. Al concluir se levantó y se fue. Contrastó con el gesto de sus colegas al estrechar las manos de los abogados presentes para despedirse.

A la hora de argumentar reclamó que se anule el fallo de la Casación porque dijo que fue dictado sin darle vista a la UIF, que es una de las partes en el juicio. Puso como antecedente un fallo de la Corte dictado el 27 de julio pasado, cuando se anuló una sentencia en el marco de una cautelar que otorgaba tierras a una comunidad mapuche en Río Negro, porque se omitió darle vista a la provincia.

La defensora replicó que los casos no son comparables, ya que este incidente es ajeno a aquella causa, que era una medida cautelar. Sostuvo además que la UIF ya se había bajado antes de esta causa cuando le corrieron vista y omitió pronunciarse. La fiscalía en cambio entiende que la UIF se bajó cuando se trataba del gobierno de Alberto Fernández, en una causa que leva el nombre de Cristina Kirchner en la caratulada.

Dijo la defensa que los argumentos de la UIF son los mismos que los del fiscal y que este no dijo nada cuando anteriormente la UIF prefirió el silencio. En la audiencia, el fiscal argumentó que los pagos coinciden con lo que llamó un modus operandi en el caso y citó un fallo de la Cámara Federal que así lo señala en una causa paralela donde se investigan supuestos pagos de sobornos que realizaban integrantes de la Cámara de la Construcción.

La defensa se quejó ante este argumento y dijo que está “fuera de contexto”. Asimismo citó un fallo de la propia Casación con los votos de Barroetaveña y Petrone que cuando les tocó revisar el procesamiento de Héctor Sánchez Caballero, empleado de Calcaterra, dijeron que la “significación jurídica definitiva” del caso se dirimirá en el juicio oral y público. Citó asimismo un fallo de la Corte (Cullen) que indica que la atribución de competencia electoral requiere que la comisión de delitos se denuncie o evidencia en un proceso electoral.

La defensa dijo que el plazo para plantear la incompetencia es antes de que comience el juicio, por lo que están en término y sostuvo la abogada Oneto que la “revocatoria contra los fallos de la Cámara de Casación Penal no están previstas y es “insólito pretender que una sala revea un fallo que dictó”. La abogada dijo que esta revisión de la nulidad “es la respuesta únicamente a la repercusión mediática que tuvo” el fallo que sacó a Calcaterra del caso de los cuadernos.

Además, mencionó expresamente que “solo las notas que publicó el diario de la Nación respecto de vuestros fallos con una insistencia inusitada con calificativos llamativamente extraordinarios solo entre el 19 de junio y el 30 de septiembre fueron 41″ y se quejó que se usara la palabra “corrupción”, con fotos de Calcaterra.

“Me encuentro en condiciones de afirmar fundamente que el planteo de nulidad tuvo que ver con eso y con nada más que eso, porque si no es un remedio procesal rápido, y si bien soy defensora de la libertad de expresión y de información, esta tiene un límite y el límite es la invasión o la división de poderes y de la imparcialidad de los jueces cuando dictan fallos válidos”, dijo la abogada, adjudicando a la prensa la capacidad de torcer las decisiones judiciales.

Afirmó que hay “campañas mediáticas relacionadas con la gestación del ánimo de los jueces porqué son seres humanos” y que estas publicaciones afectan su independencia e imparcialidad. “La Fiscalía no aportó ningún dato nuevo les dijo lo mismo que les había dicho en la audiencia anterior”, y agregó que “lo que no se entiende es por qué la Fiscalía se agravia, de que el fuero federal se mantenga porque la Justicia Federal Electoral es parte del fuero federal y aquí no es una cuestión interpretativa”.

Dijo la abogada que la determinación “de la competencia federal es posible hasta la celebración del juicio oral que está bien lejos temporalmente de que suceda” por lo que pidió rechazar el planteo de nulidad propiciado por el Ministerio Público Fiscal y por la Unidad de Información Financiera. A su vez, el abogado de la UIF Mariano Ezeyra ratificó los términos del escrito presentado ante el tribunal y pidió anular el fallo.

Barroetaveña, Mahiques y Petrone ahora deberán decidir si declaran nulo su propio fallo. Y luego deben resolver el caso, es decir si mantiene a Calcaterra en el juicio por cuadernos o si insisten en mandar la causa a la Justicia Electoral. Las versiones que circulan en los tribunales señalan que los jueces, por dos votos contra uno, podrían anular su propio fallo, pero esta decisión abre la puerta para que los abogados defensores recusen a los jueces o que alguno de ellos se excuse, argumentando que ya opinó en este incidente.

Los magistrados de Casación entendieron que Calcaterra no pagó sobornos para mantener sus contratos con el kirchnerismo sino que efectuó aportes económicos para las campañas electorales de 2013 y de 2015. Consideraron que los pagos que realizó a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el garaje subterráneo del hotel Hilton no eran coimas, sino que era dinero para la campaña electoral. De esta manera, Calcaterra fue excluido del juicio del caso de los cuadernos y se envió el expediente a la jueza federal electoral María Servini para que en lugar de acusarlo de cohecho, se lo investigue por una leve falta al Código Electoral.

Hay empresarios que impulsan en la Justicia un reclamo similar al de Calcaterra para que sus casos sean tratados también en el fuero electoral y lo mismo reclamó el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina que declaró que recibía aportes de campaña.

El caso de los cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada es Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra.

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