Cuadernos de las Coimas: Ricardo Jaime recusó a un juez y un empresario pidió anular su declaración como arrepentido
El Tribunal rechazó frenar el debate pese al planteo del exfuncionario kirchnerista y volvió a escuchar cuestionamientos contra el uso de la figura del arrepentido
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En una nueva audiencia por el caso de los Cuadernos de las Coimas, el exsecretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime recusó a Fernando Canero, uno de los jueces del Tribunal, y el empresario Mario Ludovico Rovella renovó su pedido para anular su declaración como arrepentido en la causa.
El pedido de recusación del exfuncionario Jaime se realizó formalmente 15 minutos antes de que se iniciara el debate de este martes, tal como dio a conocer el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, quien sostuvo que la solicitud se trataría por secretaría y no era un impedimento para continuar con el juicio.
“El Tribunal va a continuar con la audiencia en el día de la fecha, entendiendo que la presentación de esta recusación no obsta al desarrollo de la misma”, afirmó el magistrado.
Enseguida fue el turno de la defensa del empresario Rovella, que insistió con su pedido para hacer caer su declaración como arrepentido, al argumentar que su cliente declaró bajo “coerción” y que su voluntad fue “doblegada” con la amenaza de la cárcel.

“Lo que esta defensa viene a plantear hoy no es un detalle menor. Es lisa y llanamente la exposición de un mecanismo de coacción incompatible con el Estado de Derecho, que fue sistemáticamente usado en este proceso por el juez [Claudio] Bonadio”, afirmó el letrado Pablo Medrano.
El juicio de corrupción más grande jamás conocido en los tribunales argentinos atraviesa una instancia preliminar al debate, en la que los imputados pueden presentar objeciones contra el proceso.
La defensa de Cristina Kirchner inauguró esta instancia a comienzos de febrero, cuando dirigió la primera ola de cuestionamientos contra el caso y apuntó contra el juez Bonadio y el fiscal Stornelli por un presunto manejo extorsivo de la ley de los arrepentidos, uno de los pilares en esta causa.
La expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita conformada por sus funcionarios y dedicada al cobro de coimas a empresarios, a cambio de concederles o renovarles contratos con el Estado. La trama de corrupción, revelada por una investigación de LA NACION, se conoció a partir de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, quien fue chofer de la mano derecha del exministro Julio de Vido, Roberto Baratta, y registró en anotaciones los viajes que hizo junto a ese y otros funcionarios para recolectar bolsos con dólares y pesos de los sobornos, algunos de los cuales eran entregados en la quinta de Olivos o directamente en el departamento de la expresidenta en Recoleta.
Qué dijo Rovella
En la declaración que busca anular, el titular de la firma Rovella Carranza SA reconoció haber realizado pagos ilegales con dinero que provenía de su bolsillo, aunque centró su defensa en que estas entregas no fueron coimas para obtener obras, sino “aportes” para campañas políticas luego de haber sido presionado por funcionarios del kirchnerismo.
Pero luego entregó en la Justicia un acta firmada ante un escribano en la que señalaba haber sido obligado a declarar de esa manera para que el juez Bonadio no lo encarcelara. Con esa estrategia, pidió su sobreseimiento, un planteo que ya fue rechazado por la Casación.
A Rovella lo siguieron las defensas de otros imputados, que adhirieron a presentaciones previas, ya rechazadas en otras instancias. Algunas de ellas son la presunta falta de legitimidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) para ser acusador en la causa −este Gobierno resolvió por decreto que la UIF debía dejar de querellar en los procesos−; pedidos para hacer caer el proceso; o señalamientos de “inconstitucionalidad” contra la ley del arrepentido.
El abogado Pablo Lanusse, por caso, pidió el sobreseimiento de sus defendidos, los empresarios Silvio Mion, Marcela Edith Sztenberg y Eduardo Luis Kennel. Lo propio hizo la defensa de Jaime y luego, la de Hernán Camilo Gómez, un exfuncionario que trabajaba bajo las órdenes Baratta, uno de los presuntos recaudadores.
El jueves está previsto que la UIF y luego la fiscal Fabiana León presenten sus propias objeciones. Tras ello, el Tribunal quedará en condiciones de resolver todos los planteos de esta instancia y luego se dará comienzo a las indagatorias.
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