Cuadernos de las coimas: el fiscal pidió que se anule el fallo que favoreció a Angelo Calcaterra

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raúl Pleé pidió anular la sentencia que liberó del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas al empresario Angelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, evitó que el empresario de la construcción sea juzgado en el caso de los cuadernos de las coimas, al sostener que su caso debe ser analizado por la justicia federal electoral y no en un juicio oral.

El pedido del fiscal obedece a que el tribunal no notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF) de la audiencia previa donde se discutió si se debía tomar o no esa decisión. La UIF es querellante en el caso de los cuadernos de las coimas y por lo tanto es parte en la causa por lo que debería haber tenido la posibilidad de argumentar en esa audiencia y no se le dio esa opción.

El reclamo de la UIF está dirigido contra la sentencia que firmaron los jueces de la Cámara de Casación. Los magistrados entendieron que Calcaterra no pagó sobornos para mantener sus contratos con el kirchnerismo sino que lo que efectuó fueron aportes económicos para las campañas electorales de 2013 y de 2015.

Consideraron que los 16 pagos que realizó Calcaterra a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el garaje subterráneo del hotel Hilton no eran coimas sino que era dinero para la campaña electoral. De esta manera, Calcaterra fue excluido del juicio del caso de los cuadernos y se envió el expediente a la jueza federal electoral María Servini para que en lugar de acusarlo de cohecho se lo investigue por una leve falta al Código Electoral.

Hay empresarios que impulsan en la Justicia un reclamo similar al de Calcaterra para que sus casos sean tratados también en el fuero electoral.

Ahora, con este pedido de nulidad, los jueces de la Casación deberán resolver si dan marcha atrás con su propia decisión o si rechazan el pedido del fiscal. El otro autorizado a recurrir la decisión del tribunal es la UIF, que ya tiene tomada la decisión de apelar el fallo.

No se trata de una apelación para que la Corte revise la sentencia de la Casación, sino un pedido de nulidad planteado ante los propios jueces que lo dictaron.

El escrito de cinco carillas, al que accedió LA NACION, plantea “bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones concernientes a la intervención del juez, Ministerio Fiscal y parte querellante en el proceso y a su participación en los actos en que ella sea obligatoria”. Y esa prescripción no se cumplió dijo el fiscal. “La UIF no fue incorporada al sistema Lex100 y no fue notificada”, escribió Pleé.

El fiscal reconoció que la jurisprudencia de la Casación señala que los pronunciamientos por ella dictados no son susceptibles de planteos de nulidad, revocatoria o reconsideración, y solo cabe el recurso extraordinario para que la Corte revise el asunto. Sin embargo, dijo que ya hubo excepciones a esta regla “en virtud de la necesaria salvaguarda de las garantías de debido proceso y defensa en juicio de los litigantes”. Y las enumeró.

“La cuestión aquí planteada constituye, según mi parecer, una de esas situaciones excepcionales que, de no atenderse mediante esta vía propuesta, generaría, a la par de un dispendio jurisdiccional innecesario, la consolidación de un perjuicio de imposible reparación ulterior, puesto que una de las partes del proceso ha visto cercenado su derecho a ser oído y, por tanto, de defensa en juicio, lo que implica una clara inobservancia de las reglas del debido proceso, por cuyo cumplimiento este Ministerio Público Fiscal debe velar”, sostuvo el fiscal.

Y recordó que lo resuelto por los jueces Barroetaveña, Mahiques y Petrone “impide la normal continuación de la causa hacia la celebración del debate oral y público respecto de los recurrentes, lo que frustró la pretensión de la UIF conforme su requerimiento de elevación a juicio”.

El caso de los cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada en esta causa es Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Las acusaciones surgieron de Oscar Centeno, un chofer del Ministerio de Planificación que anotó en cuadernos los viajes que hacía con funcionarios kirchneristas de la cartera del exMinisterio de Planificación Federal para retirar sobornos pagados por empresarios. Funcionarios “arrepentidos” admitieron los cobros y los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra.

La causa cuadernos es, en realidad, la coexistencia de varias causas conectadas. La principal es la que contiene los escritos de Centeno, con tres tramos, y a ella se suman otros casos de fraude y de lavado donde se habla de una organización criminal, sucedida entre 2003 y 2015, “en cuyo marco se canalizaron sobornos y pagos para la satisfacción de esos intereses espurios y con miras a la obtención de beneficios recíprocos -de empresarios y funcionarios- a razón de ese acuerdo ilícito previo”, según evaluó la Justicia.

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