Cuadernos: el juez Marcelo Martínez de Giorgi pidió medidas para identificar a una fuente periodística anónima

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi hizo lugar al pedido de uno de los acusados en la causa de los cuadernos de las coimas y pidió los registros fílmicos de la zona en la que el periodista Diego Cabot se reunió con un anónimo, quien le entregó seis de los ocho cuadernos que escribió Oscar Centeno, que se creían perdidos.

Esta medida había sido pedida por el empresario Néstor Otero, dueño de la empresa TEBA y conocido como "el Zar de Retiro", que estuvo detenido por orden del fallecido juez Claudio Bonadio en 2018, cuando estalló el caso los cuadernos. La Justicia dio por probado que Otero entregó coimas a los exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal.

Cuando Cabot recibió los cuadernos el año pasado de una fuente anónima realizó una denuncia. Se trataba de seis de los ocho cuadernos con los que el periodista había trabajado en 2018 y que, por un testimonio de Centeno, se creían perdidos.

En ese entonces, Otero presentó una denuncia en la Justicia y pidió que se realice un estudio de huellas dactilares sobre los cuadernos que recibió Cabot, que se revisen las celdas desde donde se activó el celular del periodista para saber su ubicación y el número desde el cual recibió la llamada para hacerse de los cuadernos, su declaración como testigo y las cámaras de las zonas aledañas al lugar donde recibió las pruebas.

Martínez De Giorgi descartó la medida de las huellas dactilares, pero hizo lugar a la medida de las cámaras de seguridad.

En la orden judicial a la que accedió LA NACION el juez escribió: "Solicítese al Municipio de Vicente López, que tenga a bien de informar las cámaras de seguridad que se encuentren instaladas dentro del cuadrante conformado por las Avenidas General Paz, Maipú, Julio Argentino Roca y el Río de la Plata, y en tal caso remita las filmaciones efectuadas por las mismas el día 22 de octubre de 2019, en el horario comprendido entre las 18:30 y las 20:00 horas".

La medida generó el repudio de las entidades periodísticas FOPEA y ADEPA, que la consideraron como un acto de "criminalización de la actividad periodística". También indicaron que es inconstitucional.

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