Cruce entre el ministro de Justicia y una exfuncionaria por la candidatura de Lijo a la Corte

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumentó que las denuncias contra el juez Ariel Lijo son “cosa juzgada” y dio por seguro que el apoyo del Senado a su postulación. Sin embargo, María Eugenia Talerico, titular de la agrupación Será Justicia, una de las varias entidades que impugnaron su postulación, aseguró que el sobreseimiento que lo benefició fue “fraudulento” y consideró la cosa juzgada como “írrita”, es decir, que la causa es susceptible de ser reabierta.

“No había pruebas”, dijo Cúneo Libarona en una entrevista con LA NACION, en referencia a la denuncia por el patrimonio del juez y su hermano, Alfredo Lijo, que se cerró con un sobreseimiento. “Él tiene un auto de cosa juzgada que dispone su liberación -agregó el ministro, en defensa de Lijo-. Lo digo como académico. Es imposible que traigan a la palestra una causa en la que fue sobreseído”.

Talerico salió este domingo al cruce del argumento del ministro. “La ‘cosa juzgada’ que benefició a los Lijo en la investigación penal que se les inició, y de la que habla el Ministro Cúneo Libarona para promoverlo como trigo ‘limpio’ , es írrita y fraudulenta y lo demostramos en nuestra presentación”, escribió la exfuncionaria de la UIF, en X.

La agrupación Será Justicia, la entidad que preside Talerico, cuestionó la elección del Gobierno, al señalar la falta de “idoneidad” en el juez federal para integrar el máximo tribunal. Destacó, además, su falta de recorrido académico y se sumó así a una larga lista de entidades vinculadas al ejercicio del derecho que han pronunciado contra su postulación.

En una carta dirigida al ministro de Justicia, el organismo presentó una impugnación contra la candidatura de Lijo a partir de una “manifiesta falta de idoneidad profesional y ética” que surge de una “simple lectura de sus antecedentes”.

En primer término, el cuestionamiento apunta a la falta de formación académica para ocupar una silla en la Corte Suprema. “No exhibe siquiera en el ámbito de su expertise, el Derecho Penal, formación académica de relevancia, así como tampoco reviste cargos académicos o docentes a los que haya acce-dido por concurso de oposición y antecedentes”, señala el documento, que añade: “No exhibe, por ejemplo, publicaciones que lo definan como un experto en áreas de relevancia.

La impugnación se apoya en una amplia serie de notas periodísticas que dan cuenta del recorrido profesional de Lijo. Entre ellas, destacan una nota del periodista Hugo Alconada Mon publicada en este medio, en la que se detalla el ascenso profesional y el amplio dominio de influencia del juez federal. El escrito lleva la firma de Talerico, la directora de Será Justicia, así como también la de su vicepresidenta, Inés Arias, y la de Raúl Daniel Aguirre Saravia, miembro fundador del organismo,

La carta también alude a la auditoría realizada por el Consejo de la Magistratura, la cual fue solicitada por distintos organismos ante la marcada demora que registraban distintos casos de corrupción y que derivó en una denuncia tanto contra Lijo como contra el juez Daniel Rafecas, denuncia que finalmente fue desestimada.

“La auditoría realizada en el Juzgado del Dr. Lijo no hizo más que evidenciar la habilidad del magistrado para ralentizar y virtualmente paralizar procesos judiciales de alto perfil político e institucional mediante la disposición de medidas probatorias”, apunta el trío de letrados.

“En lenguaje llano, Ariel Oscar Lijo parece ser un juez, quien luego de tantos años en el oficio, conoce los mecanismos procesales y legales necesarios para erigirse en un gran proveedor de impunidad, camuflando su actuar bajo una fingida actuación en favor de la evolución del proceso judicial del que se trate”, arremeten.

Mensaje al Presidente y casos apuntados

En otro tramo del texto, los firmantes se dirigen expresamente al presidente Javier Milei: “El Juez que ha nominado, constituye un emblema de esa corporación y esa postulación es una convalidación extraordinaria del opaco poder de la casta. Parafraseando sus encendidos discursos de campaña –se añade en otro párrafo– una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”

Además, el escrito cuestiona la “aptitud moral” del candidato y enumera una serie de ejemplos que pondrían en duda su accionar al frente de numerosos casos que fueron demorados o “superficialmente resueltos”.

Así, el escrito menciona el “caso Siemens” –por el cual la empresa alemanda fue acusada por el pago de sobornos a funcionarios del menemismo, algunos de los cuales eran allegados al juez Lijo, (“jamás avanzó contra los funcionarios públicos referidos”, afirman); el “caso YPF” –el cual investiga la connivencia entre la familia Kirchner y la familia Ezquenazi para tomar el control de la empresa– (“descansa en los estrados del juez”; grafican); la causa de enriquecimiento ilícito de María Eugenia Vidal –investigada por la compra de un inmueble y quien emitió palabras de apoyo para con la candidatura del juez; o la de la “doble pensión” de la expresidenta Cristina Kirchner (”Transcurridos ya tres años, ninguna novedad hemos conocido”, se lamentan)

A su vez, el organismo recopila otros los cuestionamientos de otros organismos o entidades asociadas al derecho que se sucedieron tras la candidatura de Lijo. Algunos de ellos son: el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el FORES (Foro de Estudios sobresal Administración de Justicia), Poder Ciudadano, REJIA (Red de Entidades por una Jus-ticia Independiente), Academia Nacional de Derecho, Amcham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos), ACDE (Asociación Cristina de Dirigentes de Empre-sas), IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino), el Club Político Argentino, International Society Of Public Law, Fundación Libertad y Progreso, Profesores Republicano, ACR (Acción Conjunta Republicana).

Recientemente, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), también sumó sus críticas a esta lista, reparando, en este caso, la falta de mujeres tanto en la dupla de candidatos elegida por el Gobierno como en los altos cargos del sistema judicial argentino.

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