Críticas, tuits y likes: la inédita metodología de ciberpatrullaje que inauguró Comodoro Py

El informe que le encomendó el fiscal Franco Picardi a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) para investigar a la “mesa judicial macrista” reúne 326 páginas de un rastrillaje sin precedentes sobre críticas públicas a funcionarios judiciales.

La fiscalía pidió, por un lado, relevar lo que 17 personas opinaron en las redes sobre doce magistrados y, por otro, recopilar las manifestaciones críticas o peyorativas referidas a ellos. En la primera entrega -el informe está lejos de estar terminado- las críticas analizadas fueron las dirigidas a la jueza de la Casación Ana María Figueroa y a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.

Las 17 personas elegidas para observar sus opiniones incluyen a Mauricio Macri, imputado en la causa, y a exfuncionarios de su gobierno, pero también a “allegados” del Poder Ejecutivo de entonces, según pidió el fiscal. En informe no da cuenta de cuál fue el criterio para determinar a qué “allegados” se relevaría, pero incluye, por ejemplo, al abogado Guillermo Lipera, que presidió el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires entre 2015 y 2019 y promovió un pedido público para enjuiciar a Gils Carbó, supuesta víctima de la persecución macrista.

En su parte final, el informe aporta las críticas en forma de cuadros. De Macri contra Gils Carbó el cuadro incluye trece términos asociados que el expresidente le dedicó a la exprocuradora. Entre ellos, “militante”, “militante de un partido político”, “kirchnerista”, “renunciar”, “gobierno anterior”, “militante política” y “ha dilatado todos los procesos sobre hechos de corrupción”.

Además de Macri y Lipera aparecen dentro de la lista de los 17 funcionarios y “allegados” emisarios de las críticas Patricia Bullrich, Germán Garavano, Elisa Carrió y Ernesto Sanz, entre otros. A todos ellos (identificados como el “grupo A”) les peinaron las declaraciones que durante los cuatro años del gobierno de Macri hicieron contra once jueces y contra Gils Carbó (el “grupo B”). Pero no solo lo que ellos dijeron. La oficina de la Corte dedicada a asistir a la Justicia en materia de “delitos complejos y crimen organizado” también debía relevar qué repercusión habían tenido sus mensajes críticos.

Para cumplir con la primera instrucción, la Dajudeco decidió limitarse a ver lo que los 17 señalados publicaron en sus cuentas de Twitter. Por un lado, relevaron lo dicho sobre las doce supuestas víctimas siempre que incluyera una serie de palabras clave que el fiscal les había dado. Esas palabras eran: “Jueces/Juezas + listas negras”, “Jueces/Juezas + objetivos del gobierno”, “Justicia legítima”, “Jueces/ Juezas Kirchneristas”, “juicio político”, “denunciado/a”, “Consejo de la Magistratura”, “mafia + justicia laboral”, “justicia laboral”, “tarifazos”, “despidos”, “IGJ”, “vialidad”, “aumento bancario”, “Instituto Patria” y “Cámara Civil”, “Dolores”, “Operación Puff”.

Carrió, por ejemplo, tiene diez posteos relevados contra Gils Carbó. El más popular (con 3533 retuits y 4421 “me gusta”) fue: “La procuradora de la Nación debe ir presa por encubrimiento agravado #RecuperarLoRobado”, del 5 de abril de 2016. La popularidad de lo publicado fue un dato que el fiscal pidió tener en cuenta. Sobre cada tuit, la Dajudeco incluyó cuántos comentario, retuits, “me gusta” y “tuits citados” cosechó.

Pero ni siquiera todos los tuits de los que el informe dejó constancia son peyorativos. Está por ejemplo el de Garavano que dice: “Hoy me reuní con la doctora Gils Carbó. Conversamos sobre la decisión de suspender la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal”. Tuvo menos éxito que los de Carrió (98 retuits y 84 me gusta). Garavano tuiteó también notas periodísticas (como por ejemplo una entrevista que le hizo LA NACION en la que él aludió a la entonces procuradora) que engrosan asimismo el informe.

Lipera, otro de los rastrillados, registra las 38 publicaciones referidas a Gils Carbó. Cosecha semejante número porque aparece relevado el tuit con el anuncio del pedido de juicio político, la página de change.org donde lo viabilizó y sus sucesivos tuits donde fue contando cuántos votos sumaba su iniciativa. La Dajudeco da cuenta de que en total, según el sitio web change,org, la petición consiguió 91.559 firmas.

Los distintos funcionarios y allegados relevados remiten una y otra vez en sus tuits a artículos periodísticos que la Dajudeco reproduce en su informe (cuando son radiales, se remite a dejar constancia del link donde puede escucharse). Te todos los tuits consigna su “alcance”.

Pero además, la Dajudeco dedicó otro enorme acápite a buscar, con los mismos parámetros, las críticas dirigidas a los doce funcionarios judiciales en cuestión en 16 medios de comunicación como LA NACION, Infobae, Clarín, Página 12 y la agencia oficial Télam.

Más de dos meses le llevó la tarea a la Dajudeco, que recibió el pedido del fiscal Picardi el 24 de agosto.

Las últimas páginas del informe están dedicadas a las “conclusiones generales”

Es allí donde sobre cada “emisor” se incluye un gráfico de flechas con los términos “peyorativos o negativos” dedicados a Gils Carbó y Figueroa. También hay un análisis temporal de cuándo fueron las críticas. En el caso de Macri, contra Figueroa sus referencias no parecen especialmente duras: son “denuncia” y “Justicia Legítima”.

A los 17 emisores rastrillados originalmente en el tramo final del informe se suman otros “emisarios” relevados como Mario Negri (le dedicó a Gils Carbó “militante política”, “discrecionalidad” y “formar un partido”), Rogelio Frigerio (”corrupción”), Margarita Stolbizer (”juicio político”) y hasta el fiscal Carlos Rívolo (“desproporción extremadamente grande” y “sin respetar los criterios de ingreso igualitario y democrático”).

Este informe fue duramente cuestionado y hoy todos los diputados del bloque de la Coalición Cívica reclamaron al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, que tome medidas (la Dajudeco depende del máximo tribunal). Denunciaron que es un “ataque a la libertad de expresión” y a la “inmunidad” de la actividad del Poder Legislativo.

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