Cristóbal López y Fabián de Sousa abren un nuevo conflicto con la AFIP para reclamar más exenciones, con una deuda multimillonaria de fondo

Cristóbal López y Fabián de Sousa abrieron un nuevo frente de conflicto judicial con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los patagónicos quieren que excluyan a una de sus empresas del régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por al menos $12,3 millones impagos, pero el mar de fondo es muchísimo mayor: $1247,1 millones que adeudan.

El último capítulo se centra en Oil M&S, una de las firmas del Grupo Indalo. López y De Sousa reclaman que la AFIP la excluya del régimen del IVA, tras concluir que le corresponde recibir el mismo beneficio general que el organismo concedió a otras empresas. Pero la AFIP rechazó su pretensión cuando lo plantearon en sede administrativa y, por eso, terminaron en tribunales.

El contrapunto se disparó a partir de una resolución que emitió el jefe de Legales del área de Grandes Contribuyentes Nacionales, en febrero de 2021, que resolvió no otorgarle un “certificado de exclusión” a Oil M&S en los regímenes de recaudación del IVA, tal y como se rige por la resolución general 2226. Lo hizo, tras constatar que la firma no cumplía con los requisitos previstos.

Ante esa negativa, López y De Sousa demandaron a la AFIP. El expediente tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, donde sus abogados plantearon que la decisión de la AFIP sería incorrecta y que la apertura del concurso preventivo de acreedores de Oil M&S en 2018 les daría la razón.

La respuesta de la AFIP fue, sin embargo, contundente. Al presentarse en los tribunales, consignó que su Departamento Gestión de Cobro corroboró que hasta noviembre de 2019 no se había siquiera abierto el plazo para que los acreedores acudieran al concurso a verificar sus créditos y que, por tanto, la acreencia fiscal no se encontraba verificada.

No sólo eso. La AFIP también le informó al juez Pablo Cayssals que las diferencias con López y De Sousa por Oil M&S van más allá de $12,3 millones impagos en concepto de IVA que a primera vista podrían concentrar la discusión. Le informaron que la deuda de esa firma con el Estado nacional supera los $1247,1 millones de carácter impositivo y previsional.

“Por lo tanto”, plantearon dos letradas de la AFIP, “no se entiende, qué ‘BENEFICIO’ [en mayúsculas, en el original] pretende obtener la encartada [por Oil M&S] en estas actuaciones, cuando más allá del régimen de la RG 2226, no posee aptitud para afrontar los exorbitantes pasivos que mantiene con el Fisco Nacional y tampoco ha demostrado dicha circunstancia en sede concursal”.

“Se vuelve a reiterar”, insistieron, “la empresa adeuda a este Organismo AFIP DGI la sideral suma de $1.247.112.827,85 monto insinuado en el art.32 LCQ [por la ley de concursos y quiebras] y sin perjuicio de las resultas del proceso, pretende mediante este juicio obtener un beneficio fiscal como resulta ser el contenido en la RG 2226″.

Doble revés

Especializada en la provisión de servicios integrales en la industria del petróleo, Oil M&S se encuentra bajo la lupa judicial en otros expedientes que se tramitan desde hace años. Entre ellos, la causa penal en el que se acusó a López, De Sousa y Osvaldo Sanfelice por presunto lavado de activos a través de la firma Agosto SA. La Cámara Federal porteña confirmó sus procesamientos en agosto de 2020.

Ahora, en tanto, la decisión administrativa de la AFIP de mantener a Oil M&S dentro del régimen de retención y percepción del IVA conlleva un doble traspié para López y De Sousa. Por un lado, desde el punto de vista económico. Pero, también, desde la perspectiva política, ya que el contrapunto con la AFIP comenzó durante el Gobierno de Mauricio Macri –al que denunciaron por orquestar una presunta persecución–, pero continuó y se reafirmó durante la gestión de Alberto Fernández, quien antes trabajó como abogado del Grupo Indalo.

En ese contexto, López y De Sousa acudieron a la Justicia, a la que solicitaron una medida cautelar a favor de Oil M&S. Arguyeron que la conducta del organismo que presidía Mercedes Marcó del Pont y ahora lidera Carlos Castagneto resulta “ilegítima, improcedente y constitucionalmente inválida”, ya que incurriría “en un grotesco abuso de derecho”.

La AFIP rechazó esos y otros argumentos. “Menos aún se podría en esta instancia evaluar ni una sola posibilidad de otorgamiento de beneficio fiscal alguno a una empresa cuyo pasivo supera a los activos que pudiera detentar”, indicó el fisco. “Adolece de solvencia suficiente para que se le otorgue cualquier beneficio impositivo”.

Ahora, el juez Cayssals deberá resolver.

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