Cristóbal López va por la mesa judicial de Macri y busca recuperar su poder

Cristóbal López salió de la cárcel recargado y viene por todo: pretende perseguir judicialmente a los integrantes de la mesa de justicia de Cambiemos, a quienes considera responsables de sus padecimientos, y recuperar el control de sus empresas, cuyas acciones están afectadas por la quiebra de Oil Combustibles.

Tras salir en libertad, y mientras está siendo juzgado por retener la liquidación de $8000 millones en impuestos a los combustibles, López desarrolla una estrategia a dos puntas, en dos escenarios paralelos. Por un lado, da batalla en la Justicia Comercial, donde cuenta con el asesoramiento del estudio jurídico del exjuez en lo Comercial Eduardo Favier Dubois. Por el otro, avanza en el fuero penal con su abogado Carlos Beraldi, experto procesalista y letrado de Cristina Kirchner. También tiene de abogado a Aníbal Fernández.

López fue a fondo con su estrategia penal. De preso por corrupción se convirtió ahora en denunciante contra el gobierno de Mauricio Macri y logró avances en su cometido. Ya consiguió que la jueza María Servini le tomara declaración como testigo para denunciar a los funcionarios de Macri por supuesta asociación ilícita y fraude, y que el fiscal Guillermo Marijuan considerara verosímiles los elementos que hay en la causa para investigarlos. La contraofensiva de López se gestó cuando el empresario declaró en el juicio oral. Allí denunció al macrismo, lo que le sirvió para que se abriera una causa en la Justicia ordinaria. Pero los jueces, cuando vieron que los denunciados eran funcionarios nacionales, se declararon incompetentes y el caso terminó, por sorteo, en manos de Servini.

El socio de López, Fabián de Sousa, cuando aún estaba preso en Ezeiza denunció ante la jueza que hubo delitos en detrimento del patrimonio del Estado y que se intentó limitar el ejercicio de su libertad de expresión. "Comenzamos a recibir una serie de advertencias de personas vinculadas al ingeniero Mauricio Macri a través de las cuales se nos exigía que los medios de comunicación fueran puestos a disposición del Gobierno", denunció. Las acusaciones de De Sousa bastaron para denunciar al titular de la AFIP, Leandro Cuccioli; a José Torello; Nicolás Caputo; Fabián "Pepín" Rodríguez Simón; Mario Quintana; Javier Iguacel, y al extitular de la AFIP Alberto Abad. Luego, el propio López amplió esas acusaciones cuando declaró como testigo y dijo que a los empresarios Orlando "Orly" Terranova e Ignacio Rosner los mandó el Gobierno para comprar su grupo. Por el contrario, Terranova podría exhibir indicios de que habría sido el propio López quien lo buscó a él. Rosner, en tanto, fue investigado como presunto testaferro de López, causa en la que está sobreseído. Ahora, Marijuan los imputó en una acción que los coloca del otro lado del mostrador. López y De Sousa dijeron ante Servini que fueron víctimas de Macri y objeto de maniobras de corrupción. En esa causa, los mensajes que llegan de la Justicia a la Casa Rosada son equívocos. Por un lado, buscan ser tranquilizadores, al señalar que tras la victoria de Alberto Fernández no pueden desestimar una denuncia tan grave. Pero, por otro lado, el expediente avanza con la producción de pruebas, como las constancias de la visita de algunos de los acusados a la Casa Rosada en las fechas en que se los acusa de haber formado parte de la supuesta asociación ilícita que denuncia López.

Recuperar el imperio

En paralelo, en el fuero comercial López pelea en la Corte Suprema para que revoque la quiebra de Oil Combustibles. Presentó allí un recurso de queja, su última chance. En tanto, en el expediente comercial principal, radicado en el juzgado de Javier Cosentino, se juega la suerte de su imperio económico.

Allí, el juez decretó la quiebra y ya liquidó los activos de Oil Combustibles. Vendió a YPF en 80 millones de dólares la refinería de San Lorenzo, el puerto y el combustible que había allí. De ese dinero, que está depositado en una cuenta en pesos con saldo cercano a los 8000 millones, se cobraron las deudas los trabajadores y el resto de los acreedores. También de esa plata se pagarán los honorarios de abogados, síndicos, veedores e interventores que participaron en el proceso, los que fueron fijados por la Cámara Comercial en $206.976.807 millones.

Pero el resto de las empresas de Cristóbal López están afectadas por la quiebra de Oil Combustibles y están en su mayoría en concurso de acreedores.

Estas empresas son de lo más diversas: hay medios de comunicación, como Ámbito Financiero y C5N; portales de internet; radios, como Radio 10, Vale 97.5, Mega 98.3, Pop Radio 101.5, Radio One 103.7; la importante constructora CPC, que lleva adelante obras del saneamiento del Riachuelo; Alcalis de la Patagonia; tres empresas de servicios petroleros, y una empresa de alimentos.

La valuación de las firmas del grupo asciende a varios cientos de millones de dólares.

Los beneficiarios finales de las acciones de las empresas afectadas al concurso de acreedores son López y De Sousa, pero también hay acciones que quedaron manejadas por los síndicos de la quiebra de Oil Combustibles. Esto significa que, en la práctica, López sigue siendo dueño de estas empresas, pero debe decidir si las salva del concurso y hace una oferta económica para saldar la deuda con sus acreedores.

Esta podría ser su estrategia para recuperar su imperio.

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