Cristóbal López financió su compra de Petrobras con impuestos impagos

El empresario patagónico Cristóbal López compró los activos de Petrobras en la Argentina y fondeó su holding de compañías con más de $ 1200 millones en impuestos que dejó de pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo durante más de un año y luego incluyó esta deuda tributaria en un plan de pagos a 10 años, que licua lo adeudado gracias a una tasa de interés inferior a la inflación.

La compra de Petrobras Argentina por parte de López repitió así la estrategia con que la familia Eskenazi, también de estrecho vínculo con el kirchnerismo, ingresó en YPF, cuando pagó a Repsol con las utilidades futuras de la propia petrolera. En el caso de López, acordó pagar en cuotas a 30, 60 y 90 días que solventó, no con las ganancias de la refinería y las estaciones de servicio que recibió el 2 de mayo de 2011, sino con los impuestos que no giró a la AFIP.

López y su socio Fabián de Sousa también usaron el fondeo generado por esos impuestos impagos para financiar empresas del Grupo Indalo, entre otras, la Inversora M&S y Oil M&S, con las que pagaron los salarios en Paraná Metal y completaron la llegada al Banco Finansur y a medios que eran del empresario Daniel Hadad.

La maniobra tributaria quedó registrada en los balances de Oil Combustibles, según verificó la nacion. Allí consta que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes después del ingreso de López y De Sousa, el rojo tributario subió a $ 179,9 millones, y saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la empresa cerró su último balance.

Desde la compañía confirmaron que la compra de los activos de Petrobras -que se investiga si se completó gracias al pago de sobornos a ejecutivos brasileños- se fondeó con esos impuestos impagos. Pero indicaron que se trató de una maniobra legal y que la empresa se acogió de inmediato a sucesivos regímenes de asistencia financiera (RAF) previstos por la AFIP, para luego unificar esos regímenes en un único plan de pagos cuando el organismo abrió esa opción durante los primeros meses de este año.

Expertos energéticos y tributarios indicaron a LA NACION, sin embargo, que la maniobra jugó al límite de la legalidad y que la cercanía con el poder político tuvo efectos evidentes: el resultado hubiera sido distinto si cualquier otra petrolera hubiera retenido los fondos ingresados por el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC), que debe abonarse en cuatro anticipos y a mes vencido.

"Digamos que si Shell, que está enfrentada con el Gobierno, hubiera intentado eso con sus declaraciones juradas de venta de combustibles, la AFIP habría procedido a embargar sus cuentas hasta cobrar la deuda y, de no haber sido posible, habría suspendido su CUIT y radicado una causa penal contra la compañía, sus directores y representantes legales, empezando por su presidente", argumentó uno de los expertos a los que LA NACION pidió que analizaran los balances de Oil Combustibles.

Según el balance que cerró el 30 de junio de 2012, esa petrolera acumuló un pasivo corriente -es decir que debía abonar en el transcurso de los 12 meses siguientes- por $ 1230 millones en "impuestos sobre los combustibles a pagar", otros $ 19,5 millones en "retenciones a depositar", $ 6,3 millones en "impuestos y tasas municipales" y otros $ 7 millones en otros impuestos, para un total que superó los 1262,9 millones de pesos.

Descalce de liquidez

Al mismo tiempo que acumuló esa deuda gigantesca con la AFIP, Oil Combustibles comenzó a girar dinero a otras empresas del grupo. Lo registró como "créditos no corrientes", es decir que no cobraría durante los 12 meses posteriores. Es decir, un multimillonario descalce de liquidez que la firma auditora de sus cuentas, Deloitte, no señaló en sus notas el balance.

¿Cómo distribuyó ese fondeo? Giró $1170,5 millones a Inversora M&S (con la que antes había desembarcado en Paraná Metal y, luego, en el banco Finansur), otros $ 251,2 millones a Oil M&S (con la que al fin adquirió la refinería San Lorenzo) y $ 78,4 millones más a CPC SA (la constructora que utilizó Cristóbal López para ingresar en la concesionaria vial de las rutas atlánticas 2 y 11).

Para sortear ese riesgo de liquidez, De Souza inscribió la petrolera en sucesivos regímenes de asistencia financiera de la AFIP, con plazos de repago de sólo unos meses y tasas de interés elevadas. Pero luego se acogió al plan de facilidades que Ricardo Echegaray anunció el 25 de marzo pasado, con lo que tanto deudas como créditos de la petrolera quedaron como "no corrientes".

El anuncio de Echegaray se plasmó en la resolución general 3451 de la AFIP, que habilitó un plan de hasta 120 cuotas mensuales, con una tasa del 1,35% también mensual (cerca del 17% anual), cuando la inflación real anualizada ronda el 25 por ciento, y en pesos en un contexto de paulatina pero constante devaluación.

Ese plan de pagos levantó críticas entre los tributaristas por, entre otras razones, resultar injusto (para aquellos contribuyentes que sí pagaron sus impuestos en orden) y arbitrario, ya que se excluyó de manera discrecional a firmas cerealeras y de medios, como también algunos impuestos, como el de ganancias y al cigarrillo. Pero sí incluyó al ITC.

Cómo funciona el impuesto a los combustibles

El impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) impone a las firmas petroleras como Oil Combustibles SA actuar como agentes de recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en ente oficial a cargo de Ricardo Echegaray.

¿Cómo funciona? En el caso de las naftas, la empresa debe pagar cuatro anticipos: los días 8,20 y 24 del mes en curso y el 3 del mes siguiente, abonando el saldo (si es que lo hay) de lo efectivamente recaudado por el ITC en las estaciones de servicio el 22 de ese segundo mes.

En el caso del gasoil, en tanto, se debe pagar un anticipo del 30 por ciento el 24 del mes y el saldo (70 por ciento) el 22 del mes siguiente. En el caso de Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, sólo se abonaron algunos de esos pagos, mientras que se retuvo y prestó a otras firmas del grupo otro porcentaje, hasta acumular un rojo superior a los $ 1200 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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