Cristina y la ley, mudanzas a Uruguay y modernizar la Justicia: charlas paralelas en la Bolsa de Comercio

La edición 2022 de la Jornada de Diálogos para la Argentina organizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se transformó en caja de resonancia del debate sobre la Justicia y la acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner: en medio de las discusiones sobre la digitalización del trabajo judicial, el uso de inteligencia artificial y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, se colaron los reclamos de la necesidad de mantener la igualdad ante la ley y recordar que nadie está por encima de ella.

Unos 500 abogados siguieron las disertaciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y otros tantos se mantuvieron conectados para participar de las charlas de manera virtual. Sorprendieron los dos primeros paneles, donde se comentó el uso de herramientas digitales en la gestión judicial y para procesar grandes volúmenes de datos sobre sentencias, como montos promedio en las indemnizaciones, relación entre partes, testigos o la duración de los procesos. Un dato que sorprendió fue que en el fuero civil los casos de accidentes de tránsito desde su inicio hasta lograr un fallo de Cámara demoran unos 60 meses como mediana.

Los abogados, entre el público, escuchaban con asombro. En los cortes para el café los debates oscilaban entre el enfrentamiento entre el Gobierno y la Justicia por la situación de la vicepresidenta, la crisis económica y el relato de algunos de los presentes que ya se habían mudado a Uruguay, trabajan en forma remota y solo pasan algunos días en Buenos Aires.

El debate político se puso picante cuando fue el bloque dedicado al funcionamiento del Consejo de la Magistratura: el constitucionalista Daniel Sabsay se pronunció directamente contra la introducción de este organismo en la reforma constitucional de 1994 y lo criticó por la politización partidaria con la que se toman las decisiones para designar jueces y removerlos. Aludió entonces al caso Vialidad: “La necesidad de igualdad ante la ley es parte de ‘Justicia o corrupción’, ¿les suena?”, expresó, al aludir a las palabras finales del fiscal Diego Luciani cuando pidió 12 años de cárcel para Cristina Kirchner. “Si no somos iguales ante la ley se desmorona el Estado de Derecho”, agregó.

Pero fue Graciela Camaño quien generó controversia cuando se mostró partidaria de reformar la Constitución. Fue a partir de una pregunta del decano de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García Mansilla. Camaño dijo que lo haría para extender el mandato presidencial a sus años originales y desterrar la elección directa del presidente, porque dijo que, de ese modo, la decisión queda en manos de dos o tres provincias, debido a su cantidad de electores.

Camaño anticipó asimismo que no se van a reunir los votos necesarios para aprobar en la Cámara de Diputados la nueva ley del Consejo de la Magistratura, que tiene media sanción en el Senado. Criticó el proyecto de ley y señaló que, aun cuando haya cambios para mejorarlo, no hay ninguna garantía de que las reformas que introduzca la Cámara de Diputados se mantengan en el Senado. Indicó que lo que va a ocurrir es que se van a elegir nuevos consejeros con la ley original, que la Corte Suprema de Justicia volvió a poner en vigor.

“Nos perdimos la oportunidad de tener una buena ley del Consejo de la Magistratura”, dijo, y reclamó que el organismo es demasiado “joven y prodigioso” como para dejarlo morir. Jimena de la Torre, consejera en representación de los abogados, sumó críticas al funcionamiento del Consejo. Dijo que, con la reforma de Cristina Kirchner, se cambió también la integración del jurado de enjuiciamiento, de modo de reducir la cantidad de miembros y aumentar el peso del estamento político. Señaló que ese cambio no se logró contrarrestar con el fallo de la Corte. Asimismo, reclamó modificaciones en el sistema de concurso de jueces y que pidió que se apruebe un Código de Ética de aplicación en la Justicia Federal.

El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el constitucionalista Alberto Garay, recapituló: habló de la importancia de la digitalización del Poder Judicial y de darles publicidad a las sentencias, que, de manera revolucionaria, se estableció en 1864. Garay abogó por la acción conjunta de los abogados para reclamar cambios, como lo hizo el Colegio al promover la demanda por la inconstitucionalidad de la ley del kirchnerismo del Consejo de la Magistratura. Y remató con una demanda: “Son inadmisibles los ataques personales contra los magistrados. Las críticas violentas no conducen a buen puerto. El límite es la ley. Nadie está por encima de la ley”.

No hizo falta que aclarara que se estaba refiriendo a las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra los jueces que la juzgan y la descalificación del pedido de condena en su contra.

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