Cristina, Máximo y Florencia Kirchner pidieron ser sobreseídos en las causas por lavado de dinero

La vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, pidieron a la Justicia ser sobreseídos en los casos conocidos como Hotesur y Los Sauces, en los que están acusados por lavado de dinero. Ambos expedientes están elevados a juicio oral y público, y se encuentran en el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adrián Grunberg, Daniel Obligado y Adriana Paliotti. El juicio no tiene una fecha de inicio prevista y se encuentra en la etapa de instrucción suplementaria.

Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, el tribunal ya les corrió vista al fiscal de la causa Diego Velasco y a la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se pronuncien sobre este planteo. La UIF, mientras tanto, atraviesa una fuerte crisis interna: su presidente, Carlos Cruz, renunció al cargo, igual que la vicepresidente Mariana Quevedo. El Gobierno postuló para cubrir ese cargo a Juan Carlos Otero, un abogado que ya trabaja en el organismo y al que se relaciona con el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner.

El escrito formulado por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, al que accedió LA NACION, sostiene a lo largo de 65 páginas que los Kirchner han sido “injustamente acusados”. Citaron el reciente fallo del Tribunal Oral Federal 8 que sobreseyó a la vicepresidenta en la causa conocida como Memorándum con Irán por “inexistencia de delito”, que fue firmado por uno de los jueces que integra el TOF 5, Daniel Obligado.

Aludieron a “la falta de afectación al bien jurídico tutelado por el art. 303 del Código Penal” y a “la inexistencia de los supuestos delitos precedentes de las maniobras de lavado de activos imputadas” como las principales razones del planteo.

Además, sostuvieron que no hay una condena por el que se supone que es el delito precedente al lavado de activos investigado en esta causa. Plantearon que “uno de los presupuestos típicos del delito de lavado de activos reposa en la existencia de una actividad delictiva previa de la cual se deriva, precisamente, el flujo de fondos que tiende a ser legalizado”, y que “la ausencia de dicho requisito típico sella la suerte de la imputación”.

“Los elementos incorporados a las presentes actuaciones durante la instrucción suplementaria ponen al descubierto que las conductas que son tomadas como delitos precedentes, en la casi totalidad de los casos, ya fueron sobreseídas por resoluciones judiciales firmes y, en el supuesto restante, adolece de una falta absoluta de logicidad que, a no dudarlo, la transforma en un delito imaginario”. Se refirieron así a la causa que investiga el presunto direccionamiento de contratos de obras públicas a las empresas de Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Esa causa está en la etapa del juicio oral, con dos audiencias semanales, y se encuentra en la etapa de declaraciones testimoniales. Es el único juicio oral en curso contra la vicepresidenta, aunque Beraldi consideró que se trata de un “delito imaginario”.

Los abogados también dijeron que los cobros de la empresa Los Sauces fueron bancarizados y que por ende no existió el delito de lavado de activos. “Los expertos afirmaron, en forma unánime y en lo que aquí interesa, que todos los pagos recibidos por Los Sauces S.A., provenientes de Valle Mitre S.A., Inversora M&S S.A. y Alcalis de la Patagonia SAIC, sin excepción alguna, estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias”, plantea el escrito.

En abril de este año, el TOF 5, a cargo de estas causas, les devolvió a los Kirchner el control de los hoteles y otras 30 propiedades, y fue levantada la intervención judicial sobre esos bienes. Esa decisión la tomaron los jueces Obligado y Grunberg, mientras que Paliotti se pronunció en contra.

Cristina Kirchner ya fue sobreseída en dos causas este año. Una investigaba la venta de dólar futuro a fines de 2015, y fue cerrada por la Cámara de Casación, y la otra investigaba el pacto de entendimiento con Irán, cerrada por el TOF 8 el mes pasado. Ambos expedientes fueron cerrados por inexistencia de delito, al tratarse de decisiones políticas o económicas no judiciables, consideró la Justicia. A diferencia de esos dos expedientes, en las causas Hotesur y Los Sauces se investigan delitos de corrupción, cometidos a través de los negocios hoteleros de la familia Kirchner con la participación del empresario Lázaro Báez.

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