Cristina Kirchner y una lista de exfuncionarios y militantes suman demandas al Estado en busca de resarcimiento económico

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acapara la atención. Pero aparecen también un exvicepresidente y otros exfuncionarios, periodistas y militantes, e incluso algunos empresarios cercanos a su espacio político, aunque también hay cambiemitas. Todos ellos demandaron al Estado nacional durante los últimos años, todos por montos multimillonarios.

La lideresa del Frente de Todos recurrió a los tribunales para defender su derecho a cobrar su pensión como exmandataria y como viuda del expresidente Néstor Kirchner que el gobierno de Mauricio Macri objetó en 2017, obligando a que eligiera una de esas dos pensiones. Ya con Alberto Fernández en la Casa Rosada –y tras un dictamen de Carlos Zannini como nuevo procurador del Tesoro–, la Anses declinó la discusión en el fuero de la Seguridad Social, tanto por el cobro de cada mes, como por el retroactivo de los años que no cobró.

También durante la actual gestión de Alberto Fernández, Amado Boudou, convicto por corrupción en el caso Ciccone, le reclamó al Estado nacional el pago retroactivo de $17,1 millones de su pensión vitalicia como vicepresidente. Lidió con la Anses en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 4 y Zannini, como procurador, también dictaminó a su favor.

También recurrieron a la Justicia, pero en el fuero laboral, varios periodistas que pasaron por los medios públicos de comunicación durante el kirchnerismo. Entre ellos, Orlando Barone –al que la Justicia le reconoció una acreencia por $15 millones–, Carlos Barragán, Nora Veiras, Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Jorge Halperín y Carlos Polimeni, entre otros.

Todos ellos, al igual que la locutora que acompañó a Fernández de Kirchner durante sus actos entre 2011 y 2015, plantearon que la gestión de Cambiemos los echó, incumplió las leyes laborales, no les pagó por sus servicios ya prestados o no los indemnizó. Y una y otra vez, la Justicia les dio la razón, salvo contadas salvedades.

También de Cambiemos

Con la derrota de Macri en 2019, en tanto, también se registraron casos. Como el del vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), Mario Cairella, quien protagonizó un ida y vuelta con las autoridades entrantes hasta que en 2022 radicó una demanda por despido en el fuero laboral. El pleito sigue abierto con un peritaje contable. Reclama $27,8 millones, más intereses acumulados.

Aerolíneas Argentinas resultó, sin embargo, el foco de mayor –o más visible– de conflicto tras el retorno del kirchnerismo al poder a finales de 2019. Decenas de directores y gerentes fueron despedidos y varios de ellos reclamaron que les pagaran la doble indemnización; entre ellos, uno de los rostros más visibles durante aquellas semanas fue el de Juan Uribe, quien llegó a postear en LinkedIn que lo habían removido “sin causa”.

Del mundo empresario, en tanto, Cristóbal López es uno de los más activos en tribunales para reclamar contra el Estado. Aduce que fue víctima de una persecución, tanto desde el Poder Judicial como desde la AFIP y el Senasa, entre otros organismos. Otros han verbalizado afirmaciones similares –Lázaro Báez, entre ellos–, pero no consta que hayan iniciado pleitos, al menos en los fueros federal o nacional de la ciudad de Buenos Aires.

Sí dio ese paso la firma cordobesa Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra y Luis Acosta. En su demanda invocó el “lawfare” que adjudicó al gobierno de Macri para “disciplinar a los divergentes”, además de una “persecución y condena mediática” y toda una “historia de persecución y hostigamiento fiscal”, entre otros ejes. Esa ofensiva le provocó, sostuvo, un retroceso patrimonial de al menos US$ 59,9 millones, además de pérdidas de puestos de trabajo y otros impactos negativos.

Otras firmas, como Petersen, Thiele y Cruz –de los Eskenazi– o Rovella Carranza recurrieron a la vía del amparo ante lo que calificaron como demoras injustificadas del Estado para tomar decisiones administrativas que terminaron por perjudicarlos. En particular, la Dirección Nacional de Vialidad tras el estallido de la “causa Cuadernos”. En varios expedientes, la Justicia también les dio la razón.

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