La vicepresidenta, que en 2019 buscó a Alberto Fernández como el mascarón de un giro hacia el centro, enfrenta las elecciones abrazada a sus creencias antiliberales; el intento original fracasó; las urnas dirán si ahora está en lo cierto
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En 2019, cuando Cristina Kirchner postuló a Alberto Fernández, la hipótesis de esa postulación estaba bastante clara, inclusive trascendió que fue hablada entre la actual vicepresidenta y el actual Presidente, cuando se reunieron a solas para conversar sobre por qué lo había elegido y cuál era su perspectiva en el futuro. ¿Cuál era esta hipótesis por la cual hoy Fernández es presidente? ¿La idea era que Cristina Kirchner no llegaba a ganar sola y necesitaba del aporte de votos de Fernández o era más sofisticada?
Era más compleja. No es que no le alcanzaban los votos sino que, una vez que llegara, iba a tener que realizar una operación de cierta complejidad que consistía en reconectar con determinados factores de poder con los que ella estaba, y sigue estando, enfrentada. Y sobre todo llevar adelante una política económica que estuviera en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con todo lo que eso implica, sobre todo en el terreno fiscal. Es muy verosímil que Cristina Kirchner haya pensado que de esa forma se corría hacia el centro, llevaba adelante una política menos radicalizada, desde el punto de vista de sus convicciones, que son en todos los planos antiliberales. Y que, para eso, necesitaba que la ejecución la llevara adelante otra persona. Entre otras cosas, para no desfigurarse ella, cuyo lugar en la historia ya está garantizado como una presidenta, líder, llamémosle así, populista. Este era el papel de Fernández, al comienzo, en la primera hipótesis con la que Cristina lo postula. Era permitirle a ella llevar adelante el ajuste posible, encuadrando a la Argentina en los términos de una normalización económica que ya se había iniciado en el gobierno de Mauricio Macri.
Al cabo de todo este tiempo, progresivamente, pero sobre todo desde diciembre para aquí, vemos que ese experimento se fue abandonando. Y posiblemente ella piense que ese experimento o fue una ilusión o fue inviable o sencillamente fracasó. Esto nos lleva a una pregunta que no tiene una respuesta evidente. Iremos viendo durante este año hasta las elecciones cómo se responde. Aquella hipótesis política que suponía que es necesario ir hacia el centro, inclusive para obtener un tipo de votos, ¿ha perdido su vigencia? ¿Cristina gana igual las elecciones abandonando esa posición, radicalizándose, haciendo kirchnerismo puro? ¿O necesita ese tramo que le faltaba? ¿Por qué renuncia a ese estilo, durante esta campaña electoral? Esta es una pregunta importante para presumir cuál va a ser el resultado de la campaña, para pensar qué tipo de mandato está pidiendo el Gobierno en estas elecciones y, por lo tanto, cuál va a ser el curso de acción después de las elecciones, sobre todo en materia económica.
Hay que recordar las palabras de aquel Alberto Fernández que se definía, como toda persona políticamente correcta, como un liberal de izquierda. Hoy, ese liberal aplica controles de precios, cierra exportaciones, congela las tarifas, y establece un tipo de política que no tiene nada que ver con aquello que prometía, sobre todo con aquella hipótesis de Cristina y mucho menos con un posible acuerdo con el Fondo y una normalización de la economía argentina en términos de mercado.
En el centro de todo este problema está la gran renuncia de Martín Guzmán, el ministro de Economía, a reducir los subsidios energéticos de los que se beneficia buena parte de la clase media alta y alta de la Argentina, sobre todo, en el área metropolitana. Personas pudientes que pagan como si fueran pobres, lo que abre paso a una política aberrante de los servicios públicos, sobre todo para las distribuidoras de gas y distribuidoras eléctricas.
Es un negocio enloquecedor, porque el Gobierno no les da tarifa, sobre todo a Edenor y a Edesur, que son las que mantienen el subsidio para la base electoral del kirchnerismo, que sigue siendo el área metropolitana y principalmente el conurbano. Como no les da la posibilidad de cobrar el servicio con tarifas adecuadas, y van acumulando un atraso tarifario que les vuelve imposible la operación, las empresas no pagan la energía eléctrica que distribuyen. Entonces, como la empresa no puede cobrar tarifas no le pagan a una empresa que se llama Cammesa, que es la que provee la energía. Así se va acumulando una deuda importantísima.
Esto hace que Edenor tenga una deuda acumulada de bastante más de 17 mil millones de pesos con Cammesa. Eso lo pagamos entre todos porque finalmente ahí está el subsidio, se paga con impuestos, está en el presupuesto nacional, son los gastos que quería recortar Guzmán y no lo dejaron. La deuda de Edesur es de más de 14 mil millones de pesos. La empresa de Santa Fe tiene más de 12 mil. La de Córdoba más de 4700 millones de pesos y me quiero referir a una en particular, a la distribuidora Edemsa, de Mendoza, que es del grupo de Vila y Manzano.
Estas deudas fueron consideradas en un artículo del presupuesto nacional, que es el artículo 87, introducido no por el Ministerio de Economía sino por Sergio Massa en la Cámara de Diputados. Massa, que tiene una relación estrechísima, fraternal, con Vila y Manzano.
El artículo dice que esa deuda de las distribuidoras ya no va a ser discutida entre el deudor y su acreedor, que es Cammesa. No. El que va a fijar las pautas de cómo se va a manejar esa deuda es el secretario de Energía, un funcionario político.
Sin que adquiera demasiada notoriedad, el 28 de abril de este año la secretaría de Energía, que conduce el exdiputado nacional Darío Martínez, dirigente del peronismo de la provincia de Neuquén -que dice aspira a ser gobernador de esa provincia- emite la Resolución 371, que, para quien la lee, es bastante criptica porque remite a otras resoluciones, a decretos del Poder Ejecutivo, etc., pero que establece básicamente lo siguiente: esta deuda va a ser negociada con el poder político que le va a conceder créditos a las empresas deudoras; que además va a evaluar su deuda según cómo haya colaborado en favorecer la demanda eléctrica y cuál sea la situación social de sus usuarios. Una cantidad de criterios de negociación absolutamente opinables, arbitrarios. Para terminar estableciendo que a estas compañías se les van a dar en la negociación seis meses de gracia, van a tener cinco años para pagar la deuda en cuotas y van a pagar una tasa de interés que es de la mitad de la que se paga en el mercado eléctrico mayorista.
Además de las ventajas que se les van a otorgar según criterios que dan lugar a márgenes de discrecionalidad increíbles, por los que se puede filtrar la corrupción de: “Te considero con este criterio, negocio más fácilmente la deuda, y por algún lado volverá un retorno”.
La cantidad de arbitrariedades es notoria. Entre otras, que hay empresas provinciales que, a diferencia de Edenor y Edesur, sí tuvieron aumento de tarifas y, sin embargo, se benefician igual con esta renegociación de una deuda que acumulan no se entiende bien por qué. Uno puede considerar que Edenor y Edesur arguyen que no le dan la tarifa y le debe a quien le provee la energía porque no tienen cómo pagar. ¿Pero si les dieron la tarifa, como sucede en muchas provincias, por qué no pagan? ¿Y por qué después se benefician con este semijubileo de la deuda? Insisto, estas ventajas las paga la gente con sus impuestos.
Lo interesante de todo esto es que entre los deudores están Vila y Manzano en la empresa de Mendoza, que son los que ahora se quieren quedar con la empresa Edenor. ¿Cuál es el negocio? El negocio está en el subsidio, no está en la tarifa. Esta es la aberración de este sistema que se va creando con todas estas irregularidades.
Lo que también interesa es la fecha: 28 de abril. Dos días antes del 30 de abril, cuando Guzmán intenta echarlo, sin éxito, a Federico Basualdo, el subsecretario de Energía eléctrica, que es un hombre del corazón del kirchnerismo en la secretaría de Energía. ¿Tuvo algo que ver una cosa con la otra? Posiblemente no, entre otras razones, porque Basualdo no es el que firma la resolución. La firma Martínez, que es quien le pidió a Basualdo que se fuera y no se fue. Nota al pie de página: Guzmán le prometió a todo el mundo que si Basualdo no se iba él renunciaba. Todavía Basualdo sigue estando, van pasando las semanas y Guzmán también sigue estando.
No solamente estos pormenores son interesantes, sino que el corazón del problema que es que se va montando un sistema de servicios públicos donde el negocio está en obtener subsidios del Estado de manera más o menos opaca. Y, obviamente, quedarse con una empresa de distribución a la que los dueños suelen sacarle plata proveyéndole otros servicios con empresarios amigos que le ofrecen desde seguridad hasta servicios de limpieza. Estos negocios periféricos suelen ser los más interesantes para los dueños de empresas de servicios semiquebradas.
Hay un detalle más en todo esto. La operación Edenor, por la cual Pampa Holding, de Marcelo Mindlin, le vende a Manzano, Vila y Mauricio Filiberti -que es el gran proveedor de cloro de Aguas Argentinas, la empresa que conduce Malena Galmarini, la esposa de Massa- parece estar detenida. Hay distintas hipótesis de por qué se frenó. Hace ya seis meses que se realizó la venta. Tendría que tener la autorización del Ente Regulador de la Energía, que lo maneja alguien que es la mano derecha de Basualdo, es decir, gente del corazón de La Cámpora y del corazón de Cristina Kirchner.
¿Por qué no le dan la aprobación? Hay quienes dicen que a Cristina nunca le gustó que, en un gobierno que ella tutela, dos deudores como Manzano y Vila en Mendoza, se terminen quedando con otra empresa, de las mayores compañías de distribución eléctrica que hay en el país. Hay quienes piensan, más maquiavélicamente, que Cristina va a esperar a darle la autorización a Manzano y Vila porque, como todos sabemos, manejan un grupo de medios relevante que es el Grupo América. En plena campaña electoral, puede ser que políticamente le sirva al kirchnerismo esa zanahoria para darles la aprobación de la empresa con la que ellos quieren quedarse, después de las elecciones.
Hay una tercera explicación. Y es que Filiberti se dio cuenta de que era un pésimo negocio meterse en Edenor. Mucha gente le dijo que viene haciendo un negocio espectacular como proveedor de cloro de una empresa del Estado gracias a la aquiescencia de quien parece casi su socio. Habría que investigar un día cómo es toda esa relación con el sindicalista José Luis Lingeri, de fortuna incalculable. A Filiberti mucha gente le dijo, amigos y no amigos: ‘Mauricio, a vos nadie te conocía, estás haciendo negocios con Lingeri hace treinta años sin que nadie se haga una pregunta; de pronto te juntás con Vila y Manzano, aparecés como candidato a quedarte con Edenor y surge que tenés un barco de setenta metros de eslora en el Mediterráneo, que vivís aquí y allá, relaciones familiares, de pareja, sos tapa de revista, de diarios… ¿pensaste bien en todo esto?’. Esto le dicen a Filiberti: “Es muy probable que el día que haya un corte de luz el que va a dar la cara vas a ser vos”. ¿Todo esto hizo que Filiberti reflexionara? Algunos se preguntan si está Filiberti detrás de que se caiga la operación. Finalmente, cuánto perderá, cuánto puso en esto. De la plata que había que poner, la mayor parte la puso él.
Además, hay otro problema: se juntan los socios, Manzano, Vila y Filiberti; y reparten la gerencia de operaciones, la gerencia financiera, la gerencia de legales. Supongamos: en un momento Filiberti sugiere a un gerente de la que va a ser su empresa. Y los otros le dicen, ‘está bárbaro, pero Máximo Kirchner lo vetó’. Obviamente, Máximo no está enterado. Son picardías, pormenores simpáticos, cosas de las que se puede aprender muchísimo, de la viveza de esta gente, que demuestran el tipo de capitalismo que le gusta a Alberto Fernández, cuando le dice a Putin: ‘El capitalismo no funcionó’.
Lo que se planteó en el sector eléctrico, se traslada de peor manera a otros sectores, como el de la salud, en el que, en plena pandemia, las empresas que financian al sistema de salud, que son las prepagas, también tienen la tarifa congelada. Pero con una diferencia: no tienen subsidio. El Estado no pregunta por sus costos; sí los puede cubrir la tarifa. Eso quiere decir que ese ajuste lo van a trasladar a los trabajadores de la salud. Porque no va a haber paritaria entre las empresas de salud y el sindicato. Esto va a llevar a un conflicto en el sector sanitario que está muy ajustado por los sobrecostos de la pandemia. Y los sobrecostos que tiene la Argentina. No es un problema solamente de lo que consume una clínica en términos de material médico o de instalaciones, respiradores, oxígeno, barbijos, camisolines y todo lo que tuvieron que comprar para hacer frente a la peste. Todos los precios que suben por la inflación terminan recayendo sobre una clínica: combustible, salarios, comida. En plena pandemia, el Gobierno mira al sector de la salud y no resuelve este problema. Lo va procrastinando. Y corremos el riesgo de que, cuando el sistema está más exigido que nunca termine habiendo una huelga del personal médico y demás operadores de la salud.
Ni hablar del sistema de telecomunicaciones. El Gobierno convierte el precio en tarifa, y las empresas obtienen cautelares. Hoy el Gobierno mueve la tarifa y eso no significa nada porque las empresas de internet, de cable y de telefonía celular están cubiertas por las cautelares. Todo ese sector, que debería ser hiperdinámico, un sector que moviliza la economía quebrada de un país, está sostenido en cautelares que dependen de determinados jueces en lo contencioso y administrativo. Entonces, cuando Alberto Fernández le dice a Putin que el capitalismo no funcionó, uno se hace dos preguntas. ¿Cuál es el sistema que funciona? ¿Este que dirige él? Y la segunda pregunta es: ¿sabrá a quién le está hablando? Daría la impresión de que el Presidente está mal asesorado respecto de su interlocutor. Alberto Fernández tiene una tendencia a decir lo que el otro espera que diga. Pero no está tan claro que Putin, cuyo poder deriva del colapso de la Unión Soviética, quiera escuchar que el capitalismo no funciona; Putin, que como cita en su libro Mariano Caucino, en 2005 dijo: “Quien no añore aquel sistema igualitario no tiene corazón, pero quien quiera reconstruirlo no tiene cabeza”. A ese señor Alberto Fernández le habla de que el capitalismo fracasó.
Entonces, dos preguntas: ¿sabe a quién le está hablando? ¿Es este el sistema que va a sustituir al capitalismo? Respecto del fracaso del capitalismo, convendría comparar los números de la economía argentina con los números de la economía de los EE.UU., que alguien le tendría que informar al Presidente porque tal vez no los conoce.
Todo esto forma parte de un giro, volvemos al comienzo, que se aparta del curso inicial que pensaba Cristina Kirchner para esta experiencia de gobierno y que se simboliza en una nueva cotización que van adquiriendo en el elenco oficial determinadas figuras; y esa cotización que se modifica implica una baja significativa de poder de Martín Guzmán y un ascenso de Axel Kicillof en el manejo de la política económica nacional, mucho más que la bonaerense. Es probable que hoy Kicillof tenga más peso y gravitación en decisiones nacionales que en las de la provincia. Aunque en la provincia también decide: hoy acaba de rechazar una propuesta de un grupo de bonistas que viene negociando la deuda de la provincia. De nuevo se vuelve todo a postergar. Los bonistas dicen que hicieron la propuesta más generosa que haya hecho cualquier grupo de bonistas a cualquier provincia de las que renegociaron la deuda. Kicillof sigue duro, habrá que ver hasta dónde. Como negociador de deudas no es un modelo. Ya lo sabemos por la pésima negociación que estamos pagando con el Club de París, cuando era ministro de economía.
Vuelvo atrás. En este nuevo clima, en este nuevo concepto del Gobierno, que renuncia al concepto original, Kicillof tiene un peso tan importante que la semana pasada tuvo como un alumno, delante de sí, durante tres horas, a Martín Guzmán, explicándole cuál tiene que ser la política económica de ahora en adelante, sobre todo, en la campaña electoral.
Después, por si no había quedado clara la lección, Guzmán tuvo que ir a ver a Cristina Kirchner. A él le explican que en medio de la urgencia electoral con una economía que por falta de vacunas debió cerrarse más de lo que se tendría que haber cerrado, ya no tiene sentido seguir pretendiendo ajustar las cuentas públicas y garantizar un determinado número de déficit. Tal vez tienen razón. A esta economía tan recesiva no le queda otra que gastar y ponerle plata a la gente en el bolsillo.
Confiaron tanto en las vacunas que no consiguieron, en que las vacunas iban a evitar un pico de pandemia, que no previeron en el presupuesto, que se aprobaron el 17 de noviembre del año pasado partidas para asistir a personas y empresas en la epidemia, como sí hubo partidas para ATP e IFE el año anterior. Hay una discusión y una presión fuertísima sobre Guzmán para que se afloje el ajuste de las cuentas públicas, que Guzmán logra no solamente licuando el gasto jubilatorio, no solamente reduciendo determinados gastos corrientes, sino recaudando más por el impuesto inflacionario, con un aumento de la recaudación por el impuesto a la riqueza, con un aumento de la recaudación porque al subir el precio de la soja aumenta la percepción por retenciones. Todo esto hace que Guzmán en vez de tener un déficit de 4.5% del Producto, alcance un déficit que ronda el 3% del Producto. Y ahí es donde miran Kicillof, Cristina, La Cámpora, los que están a cargo de la política electoral, que le dicen que expanda el gasto. Esto lo mira el Fondo Monetario Internacional, los acreedores del Club de París. Se preguntan: ¿Con qué ánimo, con que perspectiva de futuro nos vienen a pedir que renegociemos la deuda que ya venció el 31 de mayo de más de 2000 millones de dólares, con el Club de París? Una deuda que implica punitorios admitidos en aquel momento por Kicillof de 900 millones de dólares.
El Gobierno, concretamente el Presidente, tiene un voluntarismo extraordinariamente ingenuo frente a este problema. Viajó a Europa y cree que va a torcer la voluntad, por ejemplo, de Emmanuel Macron, hablándole de que va a encuadrarlo a Jair Bolsonaro en la política de medio ambiente que favorece la depredación del Amazonas. Como si eso fuera una contraprestación que va a ablandar a los acreedores del Club de París que están negociando plata. Que negocian con Fernández plata de sus votantes y sus contribuyentes. No está claro si están dispuestos a regalarla a cambio de que Fernández se comprometa a controlar la política ambiental de Brasil.
Más bien las cosas van a ir por otro lado. Para renegociar la deuda con el Club de París, que ya venció, hay sesenta días hasta que se declare el default. Le van a pedir al Gobierno que haga una declaración pública, probablemente de nivel presidencial, con detalles, en lo posible números, de cuál sería un acuerdo con el Fondo, a qué se compromete en materia de ajustes en el Gobierno.
La otra exigencia es que el gobierno de Alberto Fernández, amparado por Cristina Kirchner, no les pide a los chinos una renegociación como la que les pidió a los bonistas privados, o a los estados del G-7 que forman el Club de París y que controlan el Fondo Monetario Internacional. Esos miembros del G7 no quieren ser discriminados respecto de China.
Acá se abre una incógnita: ¿Cuándo se va a decidir nuestra relación con el Fondo y por lo tanto con el Club de París? ¿Está Fernández en condiciones hoy de decir lo que va a hacer? ¿O va a esperar el resultado electoral? Para saber qué va a hacer después de noviembre en materia económica, y saber cuánto se compromete con los acreedores. Es decir, y hasta qué punto retoma, o no, la propuesta original de Cristina Kirchner, de llevar este período como una especie de transición, que normalice la economía para que en 2023, como ella sueña, llegue Máximo.
Esto toca, también, las relaciones con Brasil. Hubo una postergación hoy del encuentro de cancilleres citado para este martes 8 de junio para definir el tema del arancel externo común. Se pasó al 15 de junio. Brasil, Uruguay y Paraguay pretenden que haya una rebaja del nivel de protección que tienen las economías del Mercosur, el nivel de protección que se les concede a los empresarios de esta región. Ellos pretenden una reducción de 20% de ese arancel, en dos etapas de 10%. El Gobierno argentino se niega. Los otros países pretenden también comenzar negociaciones, curiosamente, con China, país al que el kirchnerismo admira, para hablar de liberación comercial. Pero la Argentina dice que no. Hasta ahí llegamos con China.
La radicalización antiliberal se da en el plano de la política exterior. Un reacercamiento a Venezuela, crucial para ese país porque se está discutiendo en la Corte Penal Internacional si se va a acusar o no a Maduro y a su grupo por crímenes de lesa humanidad. Una incógnita importantísima sobre lo que va a hacer la Argentina en la OEA en relación con Nicaragua: este fin de semana Daniel Ortega puso presos a dos competidores electorales. La de Ortega es una tiranía que se va volviendo cada vez más salvaje. Signos de interrogación respecto de problemas importantes de la política internacional que hacen juego con esta política también antiliberal en materia económica.
La pregunta es: ¿Cristina Kirchner no necesita más de lo que representaba en un momento Alberto Fernández, cuando ella lo imaginó un presidente que le permitía disimular un giro hacia la moderación o hacia una política más proclive al mercado? Es importante esta pregunta, porque hay algo más detrás: ¿hay algún votante que todavía esté esperando eso?
Esto es lo que mira Florencio Randazzo. ¿Cuál es la hipótesis de una candidatura del peronismo no kirchnerista de Randazzo en la provincia de Buenos Aires? Él aspira a la supervivencia, a la expectativa de ese votante que creía que Alberto Fernández iba a ser otra cosa que un kirchnerista ortodoxo. Aspira, en el fondo, al voto que representaba Massa y cuya pérdida probablemente preocupe a Massa.
¿Hay un lugar para ese votante? Un votante que está desencantado con la política económica de Fernández, que prefiere una política de mercado porque es pyme, porque cerró la empresa donde lo tenían empleado, porque no le llegan los subsidios. Pero que tampoco quiere a Macri, porque lo ve como el iniciador de este ajuste con la crisis que se inicia en abril de 2018. ¿Hay un lugar para un votante de esa naturaleza? Los encuestadores dicen que sí. Dicen que, con independencia de quién sea el candidato, hay un 10% de arranque. ¿Será verdad?
La elección que viene, en una región que está muy rara -y basta ver lo que pasa en Colombia, en Chile, en Brasil, que lleva a que se junten Cardoso y Lula- es un gran signo de interrogación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Randazzo está pensando en postularse con una lista casi despolitizada. Con candidatos que tengan más que ver con estas víctimas de la crisis que con políticos profesionales. Lo tiene atrás a Juan Manuel Urtubey; tiene atrás a alguien que conoce el medio, el oficio político, que es Graciela Camaño. Habrá que ver si esa candidatura vuela y qué repercusión tiene en los peronistas de Juntos por el Cambio. ¿A quién inquieta esto? A Massa. Por eso no hace otra cosa que diferenciarse.
Este fin de semana Massa viaja a Estados Unidos, en un viaje que le arma el embajador Jorge Arguello, un hombre muy competente en Washington, que pelea como puede frente a las preguntas que le hacen sobre el comportamiento internacional del Gobierno. Y se la prepara también alguien a quien Massa no puede mostrar como amigo porque Cristina lo odia: Gustavo Cinosi, mano derecha del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a quien el kirchnerismo detesta por peleas bolivianas.
¿Qué va a decir Massa allá? Lo que dice cuando desde lugares del poder le preguntan qué está haciendo Alberto Fernández: “No es tan así. Pero yo haría otra cosa”. ¿Hasta dónde los va a entregar? Bueno, habrá que esperar a una nueva edición de WikiLeaks para enterarnos de qué habló en esas reuniones.
El mismo proceso de diferenciación lo vamos a ver este martes en la Cámara de Diputados donde, a diferencia de lo que hace el Poder Ejecutivo, Massa le dice a la oposición: “Si, llamemos a los laboratorios y castiguémoslo un poco, no quedemos pegados a este desastre de la vacunación”. Va a haber representantes de Pfizer y de Richmond en una sesión del Congreso para pedir explicaciones. No va a estar AstraZeneca, no va a estar el que tiene que dar explicaciones, que es Hugo Sigman. Veremos si algún día todo esto se aclara.
Hay algo interesante que sucedió en la región, algo que hay que mirar, que tal vez Cristina debería mirar. En favor de Alberto Fernández: Cristina le pide al Presidente una revolución que ella no pudo hacer con el 54% de los votos. Ella debería mirar algo que pasó en Brasil. Es lo que hizo Lula da Silva. Lula, que está lanzado a la presidencia en las elecciones del año que viene, se reunió con Fernando Henrique Cardoso. Lula no quiere tener un Alberto, él quiere ser Alberto. Descubrió que ahora que está en carrera tiene que desplazarse hacia el centro y darles a la economía, a la iniciativa privada y a los inversores de Brasil un horizonte. Cristina, en cambio, prefiere replegarse sobre sí misma. Habrá que ver quién tiene razón.
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