Dólar futuro: Cristina Kirchner y un intento por enterrar para siempre una causa incómoda

Cristina Kirchner regresa a los tribunales –de manera virtual– más de un año después de haber declarado en indagatoria en la causa de Vialidad. En aquella presentación, en diciembre de 2019, desafió a los gritos a los jueces del tribunal, para decirles que eran la encarnación del lawfare y que no importaba si la condenaban, porque la historia –dijo– ya la había absuelto. En esta oportunidad, la vicepresidenta enfrenta la mejor posición procesal en su historial personal de visitas al edificio de Comodoro Py 2002, para pedir su sobreseimiento en la causa conocida como “dólar futuro”.

En lo político, y si bien había pedido la televisación de la audiencia, la vicepresidenta también consiguió un escenario de lujo: un Zoom transmitido en vivo por Youtube, para exponer su propio discurso, espejo del que pronunció el presidente Alberto Fernández en el Congreso. Su intención es profundizar la denuncia económica contra el gobierno de Mauricio Macri, criminalizar el acuerdo con el FMI, exponerse una vez más como víctima del lawfare y proclamar la necesidad de acabar con la Justicia que la está juzgando. El lanzamiento de la campaña electoral, en otro terreno.

En años anteriores, Cristina Kirchner siempre iba a Tribunales a declarar en indagatoria, a responder acusaciones sostenidas en pilas de expedientes. Ahora llega en la mejor situación procesal posible: para argumentar porque la tienen que sobreseer en la causa del dólar futuro, pues un peritaje contable ya determinó que no hubo perjuicio para el Estado con su decisión política de ordenar comprar dólar en el mercado de futuros a sabiendas de una devaluación. Con este argumento, los acusados pidieron ser sobreseídos, ante la inexistencia de delito. Y que el juicio oral no se haga nunca, pues carecería de sentido.

Tras el peritaje, los jueces del Tribunal Oral Federal N°1, José Michilini y Ricardo Basílico, rechazaron ese pedido para sobreseer el caso. Pero el tercer miembro del tribunal, Adrián Grünberg, votó por sobreseer a todos los procesados y no realizar el juicio oral y público por inexistencia de delito. Como terminó en minoría, se excusó de seguir interviniendo en el caso, para no prejuzgar. Lo reemplazó su colega Gabriela López Iñiguez.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof, que es otro de los acusados por su rol como ministro de Economía, recurrieron ante la Casación para insistir con el pedido de sobreseimiento, sobre la base de que no hubo perjuicio y, entonces, no hay delito. En la audiencia virtual de este jueves estará también el fiscal Raúl Pleé, que argumentará en sentido contrario, y los acusados Miguel Ángel Pesce, actual presidente del Banco Central –era vicepresidente de la entidad al momento de los hechos investigados– y Alejandro Vanoli, extitular del Banco Central entre 2014 y 2015.

Los jueces que deberán resolver son Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, de la Sala I de la Cámara de Casación. La primera es más cercana al kirchnerismo.

Tres escenarios y una idea

Los jueces tiene al menos tres escenarios posibles: pueden, a pesar de haber convocado a la audiencia, declarar inadmisible el recurso extraordinario porque no está dirigido contra una sentencia definitiva, pues resta realizar el juicio oral y que todo se defina allí.

Otra posibilidad es que resuelvan rechazarlo, considerando que si bien no se está ante una sentencia definitiva, en cambio sí se plantean cuestiones federales. En caso de rechazarlo deberían explicar los motivos.

También pueden decidir aceptar el recurso y analizar que si el peritaje concluye que no hay perjuicio entonces no hay delito. En este caso, pueden ellos mismos mandar a dictar un fallo en consecuencia. Si bien tienen la facultad de sobreseer directamente, esta decisión le quitaría la posibilidad de revisión en la doble instancia a las partes.

De todos modos, existe otra idea sobre la mesa: que, más allá de estos planteos, es el juicio oral y público donde se deben ventilar las pruebas y el peritaje es una de ellas, junto a los testimonios y documentos. Con el análisis global de todas esas pruebas, los jueces pueden hacer una valoración integral, más acabada.

La investigación por la venta de dólar futuro en el 2015 estuvo a cargo del fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien dictó en esta causa su primer procesamiento a la expresidenta.

Los jueces de la Casación tras escuchar a los acusados y al fiscal en la audiencia tienen un plazo de unos 20 días para resolver. Pero, seguramente, la sentencia se conocerá antes.

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