Tensión en el Senado: Cristina Kirchner avanza para sacarle a la Corte Suprema el control de las escuchas judiciales
LA NACIONGustavo Ybarra
En una jugada que anticipa una fuerte puja política con la oposición, Cristina Kirchner pretende avanzar en el Senado con la derogación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Mauricio Macri que delegó el control de las intervenciones telefónicas judiciales en la Corte Suprema. La intención del oficialismo es devolverle esa facultad a la Procuración General de la Nación.
La decisión de la vicepresidenta puso a la oposición en estado de alerta y hace peligrar la realización de la sesión, convocada para las 14, en cuyo temario también fue incluido un asunto de fuerte interés social, como lo es el nuevo régimen para los contratos de alquiler de viviendas familiares.
"Si quieren show y revanchismo, que lo hagan solos. El de las escuchas es un decreto de la gestión Macri que no tiene nada que ver con la emergencia", advirtió Luis Naidenoff, presidente del interbloque Juntos por el Cambio, recordando que el protocolo de sesiones virtuales acordado en la Cámara alta circunscribe los temas a discutir en el recinto, al menos hasta fin de mes, a iniciativas que tengan relación con la pandemia de coronavirus.
Cristina Kirchner no solo impulsa el tratamiento del decreto de las escuchas, sino que también incluyó la ratificación del DNU 457/20, que otorgó superpoderes presupuestarios al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y que la oposición intentó rechazar la semana pasada en una sesión en la Cámara de Diputados que fracasó por falta de quorum.
El decreto de las escuchas es de 2015 y ya había sido dictaminado a favor por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Pero la semana pasada el oficialismo forzó una nueva lectura sobre la caducidad de los pronunciamientos de la comisión que tiene a su cargo controlar la legalidad de los DNU. Y aprovechando que nunca fue discutido por ninguna de las cámaras en su recinto, volvió a dictaminar sobre el tema.
Ahora, el oficialismo pretende revertir el proceso y devolverle al Ministerio Público Fiscal el control de las intervenciones telefónicas. Si bien para derogar un decreto hace falta el rechazo de ambas cámaras, la jugada de la vicepresidenta será un fuerte gesto en medio de un escenario de creciente tensión política.
El giro no es casual. Además de retrotraer la situación a la que imperaba al finalizar el segundo gobierno de Cristina Kirchner, la medida se produce cuando el kirchnerismo apuesta a recuperar el control de la Procuración en las manos del juez federal Daniel Rafecas.
El magistrado fue postulado por el Gobierno para convertirse en jefe de los fiscales, pero su pliego se encuentra paralizado en la Comisión de Acuerdos como consecuencia de la cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno el 20 de marzo último, lo cual impide la realización de la audiencia pública en la que Rafecas deberá defender su nominación.
La relación entre oficialismo y oposición en el Senado viene deteriorándose a pasos agigantados en las últimas semanas, al ritmo de la decisión del kirchnerismo de aplicar su mayoría y avanzar con una agenda sin relación con la crisis sanitaria que atraviesa el país.
Dictamen polémico
Un ejemplo de esa política se pudo ver el martes en la Comisión de Legislación General, en donde el neuquino Oscar Parrilli, un alter ego de Cristina Kirchner en el impulso de iniciativas en el Senado, impulsó el tratamiento de un proyecto de ley de su autoría para suspender por 180 días la creación de las sociedades por acciones simplificadas (SAS). La iniciativa abre un proceso de revisión de los emprendimientos y le otorga un fuerte poder de intervención a la Inspección General de Justicia (IGJ), uno de los reductos del Estado en los que La Cámpora tiene fuerte incidencia.
La iniciativa no guarda relación con la pandemia y sufrió modificaciones introducidas por el propio Parrilli minutos antes de que se iniciara la reunión de comisión. Esta última cuestión llevó a los senadores de Juntos por el Cambio a pedir que se postergara el tratamiento por una semana para poder analizar el nuevo texto.
Sin embargo, el oficialismo cerró filas y rechazó cualquier posibilidad de dilatar el debate, aun a sabiendas de que el dictamen no podrá ser discutido en el recinto de la Cámara alta hasta al menos fin de mes, y avanzó con la firma del dictamen aplicando su mayoría en la comisión.
Por Gustavo Ybarra
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