Cristina Kirchner, Mauricio Macri, la Corte y una negociación imposible

Decidida a intervenir en el Consejo de la Magistratura para ejecutar su fallo de diciembre pasado, la Corte Suprema envió un mensaje a la oposición: el reglamento que negociaban con el kirchnerismo no debía votarse.

Hasta la semana pasada, ese reglamento –que prevé un mecanismo de “funcionamiento mínimo” administrativo si el Consejo se paraliza– no era visto como un peligro por los consejeros opositores. Ayer, todos ellos votaron en contra de su aprobación, salvo la jujeña Silvia Giacoppo, que responde al gobernador Gerardo Morales, y se levantó de la reunión justo antes de que se votara.

“La Corte dejó claro que va a actuar y no va a dejar que el Consejo se paralice”, dijo a LA NACION uno de los consejeros que recibió el mensaje de no avalar el reglamento, una herramienta que le reconoce al presidente actual del Consejo, Alberto Lugones, del oficialismo, atribuciones para tomar decisiones administrativas menores y convocar a los demás consejeros para resolver, con nueve votos, otras “cuestiones que excedan” los asuntos de recursos humanos o la provisión de materiales para los juzgados.

El fallo de la Corte de diciembre de 2021 dispuso que la reforma del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006, a instancias de Cristina Kirchner, era inconstitucional y ordenó que mientras el Congreso no sancionara una nueva ley, el Consejo debía volver a su vieja integración de 20 miembros, con el presidente de la Corte como presidente del Consejo. La vicepresidenta no está dispuesta a avalar que eso ocurra y Horacio Rosatti siga acumulando poder.

“Es una locura total volver a la integración de 1997. Hay que esperar a que se sancione la ley″, dijo el senador Oscar Parrilli a LA NACION. En los hechos, esa negativa se tradujo en que ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa, cabezas de las cámaras del Congreso, designaron a los dos legisladores necesarios para conformar el Consejo de 20 que debería empezar a funcionar la semana que viene.

Se apoyan en un pasaje del fallo de diciembre que dice que los nuevos consejeros deben asumir de “manera conjunta y simultánea”. Sería el Congreso interpretando a la Corte en contradicción con la interpretación de la propia Corte. Pero el kirchnerismo consiguió además un insólito aval judicial con el fallo del juez federal de Paraná Daniel Alonso, que ordenó que el Congreso no avanzara con esas designaciones, justo lo contrario de lo ordenado por los cortesanos.

Qué pasará con el Consejo a partir de la semana que viene es una pregunta que nadie se anima a responder. Todo el arco político está convencido de que la Corte va a ponerse al frente del Consejo y que la semana que viene les tomará juramento a las abogadas, la jueza y la académica –si es que a ella la nombran el lunes–. De todos modos, sin acuerdo con el oficialismo ese Consejo parece condenado a la irrelevancia.

En primer lugar, porque la vieja ley que volverá a regir establece que para sesionar el Consejo necesita un quorum de 12 miembros sentados en el plenario. Si el oficialismo no se presenta, no hay quorum posible. Pero incluso si se presenta y el Consejo de 20 consigue sesionar, arrastrará el mismo problema que tiene hasta hoy: no hay consensos necesarios para elegir candidatos a jueces ni para abrir ningún juicio político. Las dos funciones centrales del Consejo. La última vez que se aprobó un concurso fue en octubre del año pasado; el último juez enviado a jury fue Eduardo Freiler, en 2017.

Lo notable es que la oposición es la más interesada en que nada pase. “Por mí, que se paralice el Consejo hasta que volvamos a ser gobierno”, dijo un hombre del macrismo con intervención en el organismo que selecciona jueces.

En total, el Consejo tiene hoy concursos listos para que se cubran 49 cargos de jueces. Entre ellos, los lugares que hoy ocupan en la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes Mauricio Macri designó allí por traslado. Macri dice que ese concurso no tiene que moverse, relató un consejero que dijo haber recibido la instrucción. El cálculo es muy simple: los dos camaristas que podrían designarse fruto de un consenso con el oficialismo –y que nombraría Alberto Fernández– nunca podrían ser mejores, a los ojos del macrismo, que Bruglia y Bertuzzi.

Tampoco tiene incentivos esta oposición para aprobar candidatos para los tres juzgados federales de Comodoro Py que están vacantes. Prefiere que los cargos que en otros tiempos ocuparon Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres los sigan cubriendo los otros jueces del edificio.

Y si la oposición no acepta tratar las vacantes de Comodoro Py, el oficialismo no aportará sus votos para designar a las decenas de magistrados de los otros fueros, nombramientos que interesan especialmente a los consejeros jueces. Una fuente del kirchnerismo dijo a LA NACION que el oficialismo hizo “propuestas interesantes” para destrabar los concursos y que avanzó en diálogos con referentes de la oposición, pero que “creció Macri” y eso lo complicó todo.

En la oposición dicen en cambio que nunca dudaron, que esos concursos jamás estuvieron cerca de salir. Todos coinciden en que con un escenario cada vez más beligerante, es muy difícil que la situación se destrabe. “¿Y el año que viene cómo lo ves?”, preguntaba esta semana un concursante que compite por un cargo en Comodoro Py, a sabiendas de que si su futuro no se acuerda antes, muy difícilmente tenga suerte en un año electoral.

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