Cristina Kirchner nunca había ido tan lejos

Cristina Kirchner exhibió ayer, desde Honduras, la plataforma conceptual y política desde la cual ella asiste a las negociaciones de Alberto Fernández y Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. El núcleo de ese pensamiento es el siguiente: el Fondo, las grandes potencias, los “bancos de grandes potencias”, los Estados Unidos, y los jueces que condenan la corrupción, son todos lo mismo: neoliberalismo. Ayer agregó a un actor: los traficantes de drogas.

La vicepresidenta fue más allá de lo que nunca había ido. Postuló una identificación entre capitalismo y narco. Denunció a los “organismos multilaterales de crédito” –dijo “fondos”, pero en seguida se autocensuró—que imponen políticas de ajuste. Al hacerlo, arguyó, debilitan al Estado hasta el punto de que su rol pasa a ser sustituido por los comerciantes de drogas prohibidas. No sería, según ella, una consecuencia involuntaria. Habría un plan, que se verifica también en que “los bancos de las grandes potencias (sic) lavan dinero del narcotráfico”. Hasta ahora los técnicos del Fondo eran deleznables amigos de Macri. Pero desde ayer han pasado a ser cómplices del tráfico de drogas. Que Guzmán mire bien con quién se junta.

El público bolivariano al que se dirigía inspiró en la señora de Kirchner otra reflexión: habló de “los que antes financiaban golpes militares y ahora financian golpes judiciales”, en referencia a alguna organización que alienta la formación o entrenamiento de jueces que investigan la corrupción. También aquí pareció haberse impuesto la autocensura: no mencionó a los Estados Unidos. Una consideración hacia su colega Kamala Harris, quien llegó a la toma de posesión de Xiomara Castro con un avión repleto de autos blindados.

Las de ayer fueron las coordenadas dentro de las cuales Fernández y Guzmán deben alcanzar el acuerdo con el Fondo. Ellos están muy determinados por esa opinión. Mientras prestan una atención religiosa a cada palabra de su jefa, dejan que los cortocircuitos de la economía cotidiana sigan sometidos a una inercia cada vez más peligrosa.

“Si tenés un corte de luz, conéctate al dólar que está a 220″. Ese chiste, que circulaba ayer por las redes, pinta bien el estado en que se encuentra la economía. El contado con liquidación llegó ayer a 230 pesos. La diferencia entre el dólar oficial mayorista, que se vendió a 104,72 pesos, y el blue, fue de 110%. El índice de riesgo está a niveles de default: más de 1900 puntos. Son los trazos superficiales de un paisaje que se ha visto muchas veces en la historia del país. Sin embargo, en esta ocasión hay una diferencia. El Gobierno no se siente obligado a proponer una solución a los problemas. Da por supuesto que su única responsabilidad es llegar a un acuerdo con el Fondo. A un acuerdo “digno”. La vara de esa dignidad, lo demostró ayer desde Honduras, está en manos de la señora de Kirchner.

La disociación entre la negociación y el inventario de desajustes cotidianos es llamativa. Por un lado, se discuten las variables de un programa con el principal acreedor externo. Por otro, la vida material se va deteriorando, como diría el General, “con gran negligencia por parte de las autoridades”. Esta indolencia estaría justificada: nada de lo que ocurre en el campo económico sería responsabilidad del oficialismo. La culpa es de la pandemia. De la verdadera pandemia: Mauricio Macri y su administración. El kirchnerismo tiene una gran habilidad para inventar herencias malditas. Justificó durante doce años sus dificultades en el incendio que recibió en el año 2003, es decir, suprimió de la historia los dos años de ordenamiento del gobierno de Eduardo Duhalde. Es decir, de quien los llevó al poder.

Ahora se reitera el ardid. Porque es indiscutible que Macri dejó una situación muy complicada. Aun así, las reservas del Banco Central que recibió Fernández fueron de 14.000 millones de dólares; ayer eran de 1200 millones, que se reducirán a 500 el viernes cuando se le pague al Fondo; el costo de los servicios públicos estaba cubierto en un 70% por tarifas; hoy no llega al 30%. El déficit primario, que hoy es, mirado con benevolencia, de 3, era de 0,4 puntos del PBI. Hasta la inflación, que con Macri terminó siendo muy alta, también está peor: fue de 3,7% en diciembre de 2019 y de 3,8% el mes pasado. Síntesis: el cuadro general, al cabo de dos años, se agravó.

La desconexión entre este panorama de dificultades y la negociación con el Fondo es una ilusión infantil. A medida que las desviaciones se agudizan, los correctivos que se requieren para alcanzar la estabilidad son más exigentes. Son Fernández y Guzmán, con esa simbiótica propensión a procrastinar, los que convierten al acuerdo con Kristalina Georgieva en algo cada vez más doloroso. El programa que ellos pretenden pactar hoy hubiera sido aceptado sin objeciones sustanciales durante el año 2020. La pandemia justificaba en ese entonces cualquier heterodoxia. Si hubieran intentado cerrar el trato en abril del año pasado, es posible que habrían evitado una devaluación. Ahora el torniquete es mortificante. El dato más obvio es que la brecha cambiaria a reducir llegó a más del 100%. Con un detalle que debe ser tomado muy en cuenta: el contado con liquidación está en 230 pesos después de que las importaciones de diciembre alcanzaron un récord sorprendente de 6216 millones de dólares. Esto significa que el exceso de pesos es tan caudaloso, y la ansiedad por desprenderse de ellos tan intensa, que es capaz de impulsar al mismo tiempo el contado con liquidación y las importaciones de bienes. Dicho de manera más sencilla: el público trata de hacerse de dólares como puede, a través del contado con liquidación o comprando cosas “hechas de dólares”: objetos de consumo, viajes al exterior, insumos, mercadería para vender, etc. Cuanto más se pronuncie esa diferencia entre el dólar oficial y el dólar libre, mayor será la devaluación necesaria para reponer el equilibrio. En otros términos: aunque el Gobierno quiera desconectarse de la agenda de preocupaciones cotidianas y hablar solo de la negociación con el Fondo, ambos planos se cruzan. Por ejemplo, en el nivel de devaluación que exigirá la disparada del dólar.

Los funcionarios recuperaron el aliento. En diciembre las conversaciones se habían congelado. Desde hace diez días se reabrieron, a instancias de los tres países que conducen las tratativas desde el directorio del Fondo: Estados Unidos, Japón y Alemania. Esas tres naciones están coordinadas en Washington. También en Buenos Aires. Acaso sea pedirle un exceso de sofisticación, pero Fernández debería preguntarse si conviene la constante referencia a los Estados Unidos como único agente decisivo.

La discusión está trabada en el nudo más elemental: cuántas son las malas noticias que debe dar el kirchnerismo desde ahora hasta 2023. Puesta en números, queda así: los técnicos del Fondo, con Ilan Goldfajn a la cabeza, pretenden que la Argentina alcance un superávit primario de 0,8% del PBI dentro de dos años. Guzmán pide que esa meta se postergue hasta 2027, fecha en que se llegaría a un superávit de 0,2%. En este desacuerdo opera un factor importantísimo: el ministro tomó el compromiso delante de Cristina Kirchner de evitar medidas antipáticas hasta las próximas elecciones.

La secuencia para alcanzar esas metas plantea un inconveniente adicional. Guzmán pretende llegar este año a un déficit de entre 2,8 y 2,5 del PBI. Él quiere fijar bandas a partir de las cuales, si la economía crece más, se adoptan más rápido los objetivos planteados por el Fondo. La incógnita es a partir de qué nivel de déficit comienza la reducción. Guzmán sostiene que este año el desequilibrio será de 3 puntos del PBI. Los expertos que discuten con él creen que será de 4,5%. Admiten, como alega el Gobierno, que este año no habrá un gasto abultado para asistir las víctimas del Covid. Aunque tampoco lo hubo el año pasado. Pero tienen en cuenta que los subsidios a la energía serán más voluminosos por el aumento del precio del gas, en especial si se extiende la crisis ucraniana. Y recuerdan que este año el Tesoro no contará con un ingreso extraordinario de medio punto del Producto, derivado del impuesto a la riqueza.

En esta instancia de la polémica aparece en escena una cuestión muy relevante: el índice de riesgo país. Esa variable, que parece ajena a las tratativas con el Fondo, está en el centro del debate. Hay que recordar que en marzo de 2020, a pedido de Guzmán, el staff técnico del Fondo emitió un dictamen sobre la sustentabilidad de la deuda argentina. Guzmán esgrimió ese documento ante los bonistas privados, para justificar los recortes que pretendía hacer durante la reestructuración (https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/20/Argentina-Technical-Assistance-Report-Staff-Technical-Note-on-Public-Debt-Sustainability-49284).

En ese informe, que no comprometía la opinión del directorio del Fondo, se estableció que, para que la deuda fuera sustentable, el país debía alcanzar un superávit primario de 0,8% del PBI para 2023. Guzmán pretende llegar a ese número en 2027. Por lo tanto, ese ajuste más lento abre un interrogante sobre la sustentabilidad de la deuda. Para el ministro es una cuestión sagrada: lograr que el pasivo del Estado fuera sostenible en el tiempo es el mérito que lo convertiría en héroe frente a los que pretenden, con su maestro Joseph Stiglitz a la cabeza, un nuevo paradigma en las relaciones financieras entre el sector público y el mercado. El índice de riesgo país que hoy ensombrece a la Argentina pone muy en duda que el ministro tenga derecho a ese podio imaginario. Pero el peor escenario sería que el Fondo, para justificar la intensidad del ajuste que sugiere, declare que la deuda no es sustentable porque no se alcanzaron los parámetros de aquel informe de 2020.

Los técnicos del Fondo han elaborado una simulación, de circulación muy restringida, asociando el comportamiento de la deuda con los niveles de ajuste fiscal y de crecimiento de la economía que pretende Guzmán. En ese ensayo que, para beneficio del ministro, considera una tasa de depreciación real de la moneda igual a cero, la relación entre deuda y PBI en 2027 sería de 103,9%. Es decir: lejos de estabilizarse o de disminuir, esa tasa aumentaría. Y lo haría a un nivel inconveniente, porque los mismos profesionales consideran que un pasivo solo es económica y políticamente tolerable si no supera el 70% del PBI.

¿Hay que deducir que el Fondo exigirá a Guzmán que, si quiere el tipo de acuerdo que le prometió a Cristina Kirchner, debe volver a reestructurar la deuda con los tenedores de bonos? No. Aun cuando en la evaluación que realizó el organismo sobre el programa ejecutado por Mauricio Macri consignó que los técnicos habían sugerido un canje de deuda. Es muy improbable que pidan lo mismo a Fernández y Guzmán. Pero el argumento está sobre la mesa, como una forma de presión.

Como si fantasearan con que el Fondo pretende someterlos a un nuevo recorte, los bonistas reingresaron a la escena. El abogado del fondo Monarch, Dennis Hranitzky, adhirió a un planteo del expresidente del Banco de Irlanda Patrick Honohan, quien propuso que el Fondo recorte las sobretasas que le cobra a la Argentina (https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/imf-should-suspend-interest-rate-surcharges-debt-burdened). Es una puja entre distintos acreedores, que deben cobrar de la misma caja.

Síntesis: así como el precio del contado con liquidación condiciona la puja con el Fondo porque obliga a un mayor nivel de depreciación de la moneda, el índice de riesgo-país o el nivel de sustentabilidad de la deuda, determina la discusión sobre la velocidad del ajuste fiscal.

Existe otro frente de controversia en el que Guzmán está atrapado entre los técnicos del Fondo y sus promesas a la vicepresidenta. La política de precios. Hay un capítulo de esa política muy conocido, que es el referido a las tarifas de los servicios públicos. La señora de Kirchner no aprueba un aumento superior a la inflación. Aun cuando los subsidios tendrán un incremento importantísimo este año, como consecuencia de la disparada del precio del gas. Esa variable, que estuvo en alza durante buena parte del año pasado, ahora se disparó por la eventualidad de que haya un bloqueo al gasoducto ruso que pasa por Ucrania para abastecer a Europa. Los expertos en energía observan que el Estado pagó el año pasado un promedio de 8,4 dólares por millón de BTU, cuando los futuros para este invierno están en 27 dólares por millón de BTU. Esos especialistas atribuyen la suba a las tensiones en Ucrania pero también a una sistemática reposición de stocks que están realizando los países europeos. El gas es uno de los productos que ponen a la Argentina cerca de la crisis entre Rusia y la OTAN. El otro es el trigo, cuyo precio se disparó por la perspectiva de un derrumbe de las cosechas ucranianas.

El de la electricidad y el gas no es el único precio que afecta a las negociaciones con el Fondo. La nueva economista jefe de ese organismo, la india Gita Gospinath, ha desarrollado una brillante carrera académica ligada a cuestiones como inversión privada, calidad del entorno macroeconómico para las empresas y, ligado a esa agenda, el comportamiento de los precios. Guzmán deberá defender delante de ella las rudimentarias recetas de Roberto Felleti, designado en la Secretaría de Comercio por la vicepresidenta para terminar con la inflación.

Fernández y Guzmán pueden desentenderse de las patologías económicas. Pero es una fuga inconducente. Esas deformaciones corroen la base política del peronismo gobernante. Ayer se conocieron dos estudios que consignan el fenómeno. Uno de ellos, de Fixer, la consultora de Sebastián Tabakman y Sebastián Fernández Spedale, detectó una suba de ocho puntos en la preocupación por la inflación entre diciembre y enero. El detalle más revelador de este estudio es que la imagen negativa del Presidente y de la vicepresidenta aumentó también ocho puntos en el mismo lapso, en el sector de los que no terminaron el colegio secundario. Shila Vilker y Raúl Timerman indagaron también sobre las expectativas económicas y descubrieron que el 75,4% de los encuestados de clase media creen que la economía este año crecerá “poco o nada”. Lo curioso es que, cuando se analiza la opinión de la sociedad en general, ese porcentaje es de 71,9%. Entre los que tienen solo el secundario completo esa proporción es de 73,6%.

El desasosiego es más intenso en la medida en que Fernández no propone un camino de salida. Una demostración: el Presidente envió para las sesiones extraordinarias del Congreso un temario en el que no aparecen el presupuesto plurianual, el proyecto de estímulo a la producción de hidrocarburos y mucho menos el acuerdo con el Fondo. Son algunas de las iniciativas que vino prometiendo durante los últimos dos meses.

En cambio, sí aparece para ser aprobada con urgencia la creación de la Universidad Nacional del Delta. Allí se podrá estudiar de todo: desde inteligencia artificial hasta ciencias del comportamiento, del medio ambiente hasta el turismo. Solo falta algo de Transporte, la ciencia que más domina el padrino de la nueva casa, Sergio Massa. Y que lo tiene peleado a muerte con Martín Insaurralde. El palabrerío con que está acompañada la propuesta lleva el sello inconfundible de Massa. Él sueña con convertir al Delta en un semillero de Leonardos Da Vincis.

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