Cristina Kirchner lanza una ofensiva en el Congreso para forzar la renuncia del procurador Casal
LA NACIONGustavo Ybarra
Impedida de avanzar por falta de votos con la designación de Daniel Rafecas, la vicepresidenta a Cristina Kirchner ordenó a su tropa legislativa avanzar sobre el procurador adjunto Eduardo Casal iniciando una serie de expedientes en el Congreso que podrían terminar con el juicio político del funcionario.
El escenario elegido fue la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, presidida por el senador kirchnerista Martín Doñate (Río Negro), que en una reunión convocada con poco más de 24 horas de anticipación y en un trámite exprés aprobó un paquete de medidas que apuntan a ponerle presión a Casal.
La oposición presenció en silencio la jugada kirchnerista, sin poder reaccionar. De hecho, el diputado radical Emiliano Yacobitti, que fue nombrado vicepresidente de la comisión, no dijo ni una palabra mientras se sucedían las mociones oficialistas.
Una de ellas es la decisión de escuchar a una serie de organizaciones que denuncian al procurador adjunto por un presunto mal desempeño de su función y piden su juicio político. Se trata de 18 agrupaciones, en su mayoría de clara afinidad con el kirchnerismo, que desfilarán ante la comisión.
Sin disimular cuál era el objetivo del encuentro, una a una fueron planteándose mociones de legisladores, todas de indudable extracción kirchnerista, que tenían a Casal como exclusivo protagonista.
Así, la senadora Ana Almirón (Corrientes) solicitó que la comisión le requiriera al procurador adjunto un informe sobre la política de nombramientos de fiscales y los criterios que utilizó para cubrir esas vacantes.
Por su parte, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) apuntó su pedido de informes al manejo presupuestario del Ministerio Público Fiscal desde que lo encabeza Casal. La legisladora no solo reclamó que el organismo sea sometido a una revisión de sus cuentas por la Auditoría General de la Nación (AGN) sino que deslizó sus sospechas sobre el aumento de gastos de la Procuración.
La ofensiva kirchnerista sobre Casal la completó la moción de la diputada Vanesa Siley (Buenos Aires) para que Casal informe a la bicameral la nómina de fiscales sometidos a procesos disciplinarios durante su gestión. Para la legisladora, el procurador adjunto ha mostrado inconsistencias la hora de iniciar procesos disciplinarios sobre sus subordinados, en unos casos pidiendo el enjuiciamiento y en otros sólo iniciando sumarios.
En este caso, la crítica kirchnerista a Casal que encubre este pedido de informes apunta a la demora en iniciar el proceso contra Carlos Stornelli luego de que el fiscal quedara implicada en la causa por supuesto espionaje ilegal protagonizada por el abogado Marcelo D’Alessio.
Todos los pedidos fueron aprobados con un plazo perentorio de 10 días para ser respondidos por el procurador adjunto.
Casal quedó al frente de la Procuración luego de que renunciara Alejandra Gils Carbó, quien dejó el ministerio público presionada por investigaciones judiciales sobre supuestas irregularidades en el manejo del organismo.
Desde entonces, octubre de 2017, y debido a la imposibilidad del macrismo de conseguir el voto de los dos tercios en el Senado que se requieren para designar al procurador -su candidata al cargo fue la porteña Inés Weinberg de Roca-, Casal sigue desempeñándose como procurador adjunto.
El mismo obstáculo, los dos tercios que exige la ley del Ministerio Público, es el que le ha impedido al oficialismo avanzar con la designación de Rafecas como procurador general. La oposición en el Senado reúne, por ahora, 29 votos que hacen imposible que el Frente de Todos alcance esa mayoría agravada. A eso se le sumó la dificultad de realizar reuniones presenciales como consecuencia de la pandemia, lo cual hace imposible celebrar la audiencia pública en la que el juez federal debería defender el pliego con su nominación que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara alta.
El juicio político parece la salida más difícil para Casal, ya que requiere el voto de los dos tercios en ambas cámaras, por lo que la ofensiva kirchnerista apunta a presionar al fiscal adjunto hasta llevarlo a renunciar y provocar así una acefalía absoluta en la Procuración.
Por Gustavo Ybarra
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