El abogado de Cristina Kirchner pidió la absolución de la vicepresidenta, denunció el lawfare y la violación de sus garantías constitucionales

El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, pidió hoy la absolución de la vicepresidenta y que se levanten los embargos y oras medidas sobre sus bienes al concluir su alegato en el que denunció que su defendida fue víctima del lawfare por la violación de sus garantías constitucionales. Dijo, además, que hubo complicidad de algunos funcionarios judiciales y la desvinculó de las decisiones sobre las obras públicas otorgadas a Lázaro Báez.

“Acá no hay dos caminos corrupción o justicia, sino un solo camino, justicia. Solicitamos que se imponga la absolución y que se levanten todas las medidas cautelares. Que se termine este proceso como corresponde con la solución que la justicia merece. La defensa ha concluido”, dijo el abogado, pasadas las 14.30 con lo que concluyó su alegato, que duró tres jornadas.

Beraldi centró la etapa final de su defensa en denunciar el lawfare del que entiende que es víctima Cristina Kirchner. Citando al Papa Francisco, que a su vez ya había sido mentado por los fiscales para reclamar el castigo a los delitos de corrupción, aquí Beraldi recordó sus intervenciones en el que el jefe de la Iglesia aludió a que “el lawfare pone en riesgo la democracia y es usado para aplacar los proceso políticos emergentes”.

Abonó esya idea con citas del jurista Luigo Ferragioli. Finalmente, para señalar que su defendida es víctima de estas prácticas explicó las principales causas de corrupción que enfrentó y enfrenta Cristina Kirchner como parte del mismo mecanismo. Desfilaron ante los jueces los casos Hotesur y Los Sauces, Dólar Futuro Memorándum con Irán, la ruta del dinero K, la propia causa Vialidad y hasta el caso de los cuadernos de la corrupción, con confesiones de funcionarios y empresarios incluidas.

Dijo Berladi que en la etapa de investigación se cometieron delitos y violaciones de los derechos de su defendida que centró en el juez Claudio Bonadio, pero explicó que cuando esos casos llegaron a los tribunales orales recuperaron un cauce judicial, con fallos que le fueron beneficiosos a Cristina Kirchner. En dólar futuro fue sobreeída por inexistencia de delito, sin juicio con una sentencia recurrida ante la Corte; en Memorándum con Irán y en Los Sauces y Hotesur fue sobreseída sin juicio, con fallos que revisa la Cámara de Casación, y en esta causa está en manos de los jueces del tribunal oral federal N° 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Dijo Beraldi que cuando se produjeron las irregularidades en la instrucción ningún juez lo denunció y se escandalizó de que lo hubieran echado del allanamiento en casa de Cristin Krichner, donde dijo que rompieron paredes en busca de una bóvida inexistente. “No fueron todos los jueces los que hicieron esto fue un grupo de jueces y fiscales estratégicamente fijados y que permitieron y validaron estos crímenes. Por suerte hay mucha gente buena en el Poder Judicial”. Cargó contra los jueces de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky (sin nombrarlos) y contra el camarista Mariano Llorens.

Insistió en que su defensa era jurídica y que el lawfare era lo que consideraba el apartamietno de las garantías constitucionales. Dijo que el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola no buscaban la verdad.

Más temprano y amtes de la intervención de Cristina Kirchner, Berladi dijo que la vicepresidenta no tuvo relación con las obras investigadas en esta causa y que las demoras en las obras adjudicadas a Lázaro Báez y las redeterminaciones de precios estuvieron “debidamente justificadas”.

“Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió directiva alguna vinculada a las obras investigadas en esta causa”, dijo el abogado, cuando comenzó a referirse a la imputación del delito de administración fraudulenta en contra del Estado que pesa sobre Cristina Kirchner. “La Presidencia no tiene ni puede tener intervención en el control, la certificación, ejecución y pago de obras viales, ya sea que las realice la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) o la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) a través de los convenios. La DNV es un ente autárquico”, agregó.

Abordó un punto de la acusación referido a las demoras en las obras, sobre las que dijo que han sido “debidamente justificadas”. “Las ampliaciones de plazos son normales y habituales y se registran prácticamente en todas las obras del país”, dijo Beraldi. Dijo que al mes de agosto de 2016, al menos 182 obras iniciadas en el período investigado, registraban un avance inferior al 25%. Al mes de agosto de 2016, al menos 332 obras iniciadas en el período investigado registraban un avance inferior al 50%

Y una vez más se refirió a Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri y exdueño de la constructora IECSA, que declaró como testigo en este juicio. Reprodujo un fragmento de la testimonial del empresario cuando dijo que eran normales las demoras en las obras. “Al mes de agosto de 2016, la mitad de las obras adjudicadas a la empresa IECSA, de la familia Macri, estaban inconclusas, y esto no es un delito”, dijo el abogado.

Beraldi también repasó las conclusiones del informe pericial llevado a cabo sobre cinco de las 51 obras cuestionadas en este expediente y dijo que la fiscalía hizo una interpretación discrecional de las conclusiones de los peritos. Beraldi dijo que “la única inspectora que pudo declarar en el juicio ratificó que las ampliaciones de plazo de las obras investigadas estaban debidamente justificadas por causas reales y verificables”. Lo mismo hizo en relación con las redeterminaciones de precios, otro elemento objetado por la acusación, y mostró testimoniales que, en igual sentido, decían que eran algo habitual. “Pareciera que el juicio no hubiera existido”, se quejó el abogado.

Dijo que “destruyó” la acusación fiscal y se refirió a dos puntos: “el apagón informativo” y el “plan limpiar todo”.

“Dijeron que había un Congreso amedrentado y engañado y que por falta de información le daba su aval a financiaciones que no sabían dónde iban a terminar, un argumento muy poco feliz. ¿Qué es lo que se probó? Que si hubo una política de estado en materia de administración de las cuentas públicas fue exactamente eso, una política de estado”, dijo el abogado.

Y continuó: “Mostramos las absolutas inexactitudes que tenía la fiscalía, cuando probamos que el aumento de partidas para favorecer a Báez era una situación insostenible, un verdadero invento. Y que a ese invento se le pretendió dar contexto y encarnadura hablando de otro episodio casi propio de una serie de televisión, hablando de una reunión que tuvo lugar en la provincia de Santa Cruz, donde bajaba el avión presidencial en horas de la tarde para que la señora tuviera una reunión con Lázaro Báez para definir todo este plan. Vimos cómo la verdad cuando la buscamos fue encontrada de una manera inobjetable”.

“Pido disculpas porque, al desarrollar ese capítulo, fui demasiado vehemente y quiero desarrollar este alegato en una manera mesurada y técnica. No creo que haya necesidad de gritar o sobreactuar para que los jueces puedan advertir cuál es la verdad de nuestros argumentos”, dijo Beraldi cuando se refería a la respuesta que dio sobre el “Plan limpiar todo”.

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