Cristina busca un vallado en contra del ajuste
Las calumnias de la vicepresidenta, inspiradas en Verbitsky, sobre el juez Giménez Uriburu y su familia; movilización política para tomar distancia de los recortes de Massa
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LA NACIONCarlos Pagni
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Estamos en una situación de muchísima tensión. Y en el centro de esa tensión hay una discusión que arraiga muy profundo en la Argentina, pero que ahora adquiere una intensidad extraordinaria, por razones obvias. Se está juzgando y se pide una condena muy severa para una figura importantísima, central de la vida política argentina, como Cristina Fernández de Kirchner. Parte de esta discusión introduce a la vicepresidenta y a sus acólitos, a quienes la siguen, en un cuestionamiento de la legitimidad del tribunal que la está juzgando. Ella va a la raíz del problema. Esta forma de encarar su defensa en términos políticos, que consiste en impugnar la legitimidad de la Justicia, ha adquirido una imagen caricaturesca en el mensaje que le envió el hombre fuerte de Venezuela, que no es Maduro sino Diosdado Cabello. Él afirma que la está juzgando la ultraderecha y que la está juzgando una Justicia que está subordinada al imperio americano, a los Estados Unidos.
Esta plataforma conceptual tiene otras modulaciones. Cristina establece un puente entre quienes la contradicen, en este caso quienes la juzgan, y la dictadura militar. La que la está juzgando, en el fondo, es la dictadura. Ella busca estar envuelta en la bandera -tal vez la bandera más legitima que se pueda encontrar- de los derechos humanos-. De hecho, ayer estuvo reunida con organizaciones de DD.HH. que la respaldan. En esta identificación entre el tribunal y la dictadura han ocurrido cosas más que disparatadas. Aberrantes.
Cristina Kirchner dijo en su defensa del martes pasado que el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, no la puede juzgar y no es un juez de la Constitución porque está casado con la nieta del coronel Armando Manuel Hornos, que fue el responsable de las ejecuciones y las desapariciones de personas en Margarita Belén. Por otro lado, insiste en que el mismo juez es hijo de un marino que fue edecán o jefe de protocolo de ceremonial de Galtieri y de Bignone. ¿De dónde saca esto? De una nota de Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, en la que el periodista plantea estas imputaciones haciendo algo sumamente cuestionable que es cargarle a alguien los antecedentes de su familia, cosa que no le gustaría a Cristina Kirchner que hagan con su hija, con su hijo con sus nietos.
La nota fue publicada hace tres domingos atrás con el título “Grupo de Familia”. Se reprodujo en un sitio llamado La Resistencia y habla del abuelo Armando. Habla de la relación de la hija del juez Roberto Hornos, con la que está casado Giménez Uriburu. Y que, a su vez, Hornos es hijo de ese coronel que produjo la masacre de Margarita Belén. Acá hay mucho más que un detalle. Está hablando del coronel Armando Hornos.
El juez Giménez Uriburu efectivamente está casado con una señora que es nieta de un militar, llamado Hornos. Pero no Armando Manuel, sino Gaspar Roberto Hornos. El abuelo de la esposa de Giménez Uriburu no fue represor en Margarita Belén. Se retiró del ejército en los años 60. Cristina Kirchner, inducida por Verbitsky, se confunde de militar. Es más, en el año 63 -durante la presidencia de Arturo Illia- Gaspar Roberto Hornos, que ya estaba retirado, era miembro del directorio de YPF. ¿Por qué nos enteramos de que este represor, que Cristina y Verbitsky le cargan a la familia Hornos, no era tal? Lo sacamos de una nota del mismo Verbitsky del año 2002 con el título “La Hora de Hornos”, donde él hace la descripción de quién era el abuelo de la esposa del juez Giménez Uriburu. Y habla de un tal Gaspar Hornos. Dice: “Se retiró del Ejército como coronel y durante el gobierno radical de Arturo Illia integró el directorio de YPF. No se le conoce actividad durante la dictadura militar”. Verbitsky no leyó a Verbitsky. Pero la hizo confundir a Cristina.
¿Por qué no fue posible mostrar la nota original de Verbitsky y hubo que recurrir a otro medio como La Resistencia? Porque el párrafo en el que habla del militar represor que tiene como nieta a la esposa del juez Roberto Hornos ya no está. Lo borró de su página El Cohete a la Luna. Lo borró, pero no aclaró. El lector no sabe por qué desapareció. Desapareció porque era simplemente mentira. Hablamos de un tema que es delicadísimo, como es imputarle algo a alguien, que no es que se robó plata de Santa Cruz de la obra pública. Se trata de la desaparición de personas.
Cristina Kirchner hace una segunda imputación. Dice: “No me puede juzgar este juez porque es hijo de un jefe de ceremonial de Galtieri y de Bignone”. Es parcialmente cierto. Siempre hay un margen de error. El padre del juez Giménez Uriburu es un marino que efectivamente ejerció ese rol. Hay que recordar que la de Bignone fue la última presidencia de la dictadura, que dio lugar a la apertura democrática con las elecciones en las que triunfó Alfonsín. El marino Giménez Uriburu fue también jefe de ceremonial de Alfonsín.
¿Qué no dice Verbitsky en su nota y tampoco aclara Cristina? Giménez Uriburu, el juez que es hijo del marino que trabajaba con Bignone, en el año 2011 le dio 15 años de prisión a Bignone. Es decir, aparentemente, si nos guiamos por sus hechos y no por sus relaciones de parentesco, tiene bastante autonomía respecto de las vinculaciones funcionales de su padre. En esa condena, que es la condena por los crímenes del Hospital Posadas -donde le iban a dar la vacuna VIP a Verbitsky si no fuera que se la dieron en el despacho de Ginés González García-, también su juzgó a Luis Muiña, cuyo caso fue motivo de una gran controversia por el beneficio del 2x1. La misma condena es dictada, además, por el miembro de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi, a quien el kirchnerismo también vincula con Mauricio Macri y, por lo tanto, con la dictadura, con relaciones transitivas que uno no termina de entender.
¿Por qué todo esto es importante? Porque volvemos a encontrarnos con un problema extraordinariamente delicado para la sociedad argentina y es el uso de los derechos humanos como una bandera de facción. Si hay una causa, un valor, que debería tener por definición carácter universal -que le vale por igual a todos los seres humanos- es el valor de las garantías identificadas con los derechos humanos. No debería ser, como es habitualmente, un arma arrojadiza en la pelea política o la pelea de facciones. Todo eso va degradando esa agenda y los valores compartidos que debería tener la sociedad respecto de cuestiones sagradas. Verbitsky está muy identificado con esa conducta, tanto que hay organismos internacionales que desistieron de tenerlo como miembro, por ejemplo, Human Rights Watch, donde fue integrante del directorio durante muchos años. En 2019, la ONG decidió a renovar ese directorio, despidió a todos los que lo conformaban y volvieron a constituir otro con miembros anteriores y otros nuevos. Pero no creyeron pertinente volver a convocar a Verbitsky. Prefirieron que la Argentina estuviese representada por Roberto Gargarella y Ricardo Gil Lavedra.
Hay en todo esto, además de la gravedad de estar imputando informaciones sin chequearlas, delitos aberrantes, por la falta de relectura de datos propios, una falta de picardía en términos de abogacía. El Viejo Vizcacha decía: “Hacete amigo del juez, no les des de qué quejarse”. No es un buen consejo. No son edificantes los consejos del Viejo Vizcacha. Pero el Dr. Carlos Beraldi, que es el abogado de Cristina Kirchner, le tendría que recomendar: “No te hagas amiga del juez. Pero tampoco te hagas enemiga”. Porque ahora, humanamente hablando, el Dr. Giménez Uriburu debe tener una actitud heroica para ser ecuánime e imparcial después de que le cargaran lo peor de la dictadura a él, que juzgó a dictadores y los condenó. A él y a su familia. Entonces, vemos un nivel de manipulación que es directamente proporcional a la desesperación.
Muchas organizaciones de derechos humanos se han alineado políticamente a favor de Cristina Kirchner. Y en contra -muy razonablemente- de una figura penal: la de la asociación ilícita. Es una figura resbaladiza. Se usaba a comienzos del siglo pasado cuando no se le podían encontrar vínculos penales concretos a personas que formaban parte de una banda. En general bandas ideológicas y violentas, en especial del anarquismo. Entonces se formuló esta imagen que es la asociación con un carácter permanente y a lo largo del tiempo de un grupo de gente que tiene afinidad y comete muchos delitos. Ahora, es razonable que se discuta la asociación ilícita y si un Gobierno puede componer una.
Pero se está dejando de lado otro problema, que es que a Cristina Kirchner no solamente se le imputa una asociación ilícita. Se le imputa también administración fraudulenta. La asociación ilícita, es cierto, puede llevar la pena hasta 12 años de prisión. La administración fraudulenta tiene penas más leves, hasta 6 años de prisión. Pero es mucho más fácil de probar. Basta demostrar que el imputado administraba bienes públicos, que los administró mal o fraudulentamente -es decir que le ocasionó un perjuicio objetivo al Estado- y que alguien se benefició, que en este caso no necesariamente es ella. Podría ser sólo Lázaro Báez.
¿Por qué es delicado el delito de administración fraudulenta? Porque entra en el encuadramiento del artículo 36 de la Constitución Nacional, que establece que para ese tipo de delitos contra el Estado, que implican el enriquecimiento del alguien, no cabe ni el indulto ni la conmutación de pruebas.
Cristina Kirchner está convencida de que en el Gobierno se empezó a hablar de indulto con mala intención. De haber indulto, es culpable. No cabe el indulto para un inocente o para alguien que no fue condenado. Por eso, Oscar Parrilli fue quien salió a emitir un tuit que decía: “Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia”.
Alberto Fernández fue a la televisión, al programa de Marcelo Bonelli y de Edgardo Alfano, A dos voces, y dijo: “No la quiero indultar, no me gusta”. No porque sea inocente, sino porque se trata de una institución monárquica. Hay una posición ambigua del Presidente en todo esto. Es más, en todas estas manifestaciones que estamos viendo no aparece mucha gente de Alberto Fernández. Casi diría que no aparece nadie. Si se pensara en el indulto, la posible condena -si es que ocurre, porque ahora habrá que ver todo lo que dicen los defensores- no sería ni conmutable ni susceptible de recibir un indulto presidencial.
Hay algo más importante también respecto de las imputaciones al doctor Giménez Uriburu que es una especie de mala praxis, de atolondramiento, de falta de seriedad en el procesamiento de la información de una persona que está en una situación delicada. Uno tiene ganas de decir a los que quieren y rodean a Cristina “cuídenla más, no la intoxiquen con errores”. Al propio Verbitsky daría ganas de pedirle que controle un poco la información que le da, porque no está para papelones a estas alturas.
También hubo información resbaladiza en el tema de las imputaciones a las relaciones entre José López y Nicolás Caputo, exsocio e íntimo de Mauricio Macri. Cristina Kirchner usó los mensajes que hay en el celular de José López, que llegaron a la causa por pedido de los fiscales. Aparentemente, hasta donde yo sé, los defensores de Cristina y de los demás acusados no miraron ese material, no controlaron lo que había ahí. Y ahora vamos a ver si el tribunal lo incorpora o no. Hay una discusión sobre la calidad de esa prueba y del momento en que fue introducida en la causa. Pero Cristina hizo propios esos mensajes.
A ella se la juzga por obra pública en Santa Cruz. Esos mensajes no tienen que ver con la obra pública en Santa Cruz. La denuncia sobre Santa Cruz la hace Macri a través de Javier Iguacel, que era funcionario suyo. También es una picardía enfocar en Santa Cruz, porque Macri debe saber muy bien que, si abría el gran angular y buscaba en todo el país, a la larga o a la corta, se iba a encontrar con Franco Macri, que tenía una relación estrechísima con Néstor Kirchner. Con su primo, Ángelo Calcaterra, que se cansó de hacer negocios con el kirchnerismo. Y, como aparece en estos mensajes, con su amigo Nicolás Caputo, que también forma parte de la obra pública y de los negocios regulados por el Estado. Entonces, aun a costa de inocularse más delitos Cristina se pregunta si la plata que recibió López, los nueve millones de dólares -que ella denuncia estrepitosamente como si López no hubiese sido funcionario de ella y de su esposo- es de Caputo y que entró por el Banco Finansur, de Cristóbal López. No sabemos si venían de Caputo, pero si fuera así, no debería de extrañar que el banco fuera de Cristóbal López. Entre Caputo y Cristóbal hubo una relación estructural durante todo el tiempo en que Macri gobernaba la ciudad de Buenos Aires y Cristóbal López era el dueño de los casinos, que sigue teniendo allí.
Salió uno de los dueños del banco, Jorge Sánchez Córdova, a decir que por ahí entró un millón de dólares y nada más. Y que en los bolsos de López sólo había 100.000 dólares de las remesas enviadas desde los Estados Unidos. Nadie sabe de dónde sacó la plata López. Cristina, en defensa de que no fue Cristóbal López el que procesó esa plata, dice que no puede venir de él porque entró en el 2011, y él se hizo cargo del 70% del Finansur en 2012. Pero la pregunta que hay que hacerse es cuándo José López recibió los dólares, no cuándo entraron al banco. Algo que todavía no sabemos. Cuando López tuvo que explicar dijo que era “plata de la política”. Algo absolutamente gaseoso. Quiere decir que hay problemas importantes de argumentación. Hay poca meditación sobre toda la trama de cosas en la que se los está acusando, hay atolondramiento en las justificaciones que a lo mejor termina metiéndola a ella y a sus amigos en más problemas.
Hay algo curioso en esos mensajes que se cruzan José López y Nicolás Caputo, porque el primero le pide a Caputo gestiones como si él fuera el jefe del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Manejaba Caputo, un contratista del Estado, el Instituto de la Vivienda? Alguien tendrá que investigarlo. En la Ciudad dicen que esos eran fondos nacionales y había que asignarlos a determinados contratistas, por ejemplo, a Sueños Compartidos, de Hebe de Bonafini. Volvemos a los derechos humanos y a la contaminación con la política y con los negocios.
El argumento sobre de quién son los fondos y quién los administra termina volviendo a la causa Vialidad. ¿Por qué? Aparece algo que va a ser interesante desentrañar cuando vengan los argumentos de los defensores y seguramente del defensor de Julio De Vido, quien va a decir que el nunca administró esa plata, que esa plata la administraban los directores de Vialidad de Santa Cruz. Hay algo aún más interesante: esa plata llegaba a Santa Cruz con la firma del ministro de Economía y del jefe de Gabinete para que en Santa Cruz se hicieran las licitaciones. Lo que está diciendo De Vido es que a Báez lo ponía Santa Cruz, pero documentalmente “yo no tuve nada que ver” Lo interesante es por qué no están involucrados los jefes de Gabinete y los ministros de Economía. Problema para Alberto Fernández, para Sergio Massa, para Amado Boudou y para Axel Kicillof. Empieza a haber un debate interno dentro del kirchnerismo respecto de los niveles de responsabilidad en el manejo de la obra pública.
Cristina, a todo esto, apela a dos argumentos. Dice: “Me están culpando a mí por algo que pasaba 13 escalones más abajo”. Y compara: “En cambio, a Macri, por cosas que pasaban en la AFI, que dependía de él, la Justicia le dan el beneficio de alegar que los que espiaban eran cuentapropistas, que no tenían nada que ver con él”. Y agrega: “Al final, yo era la boluda”. Sobre esto cabe tener una sensación, una intuición difícil de demostrar, porque entra en una zona muy resbaladiza, que es que cuando ella dice ‘yo era una boluda’ está hablando de Néstor Kirchner. Es decir, algo así como: “Yo no sólo estoy heredando la fortuna que, presuntamente, puede haber generado Kirchner, sino los problemas que me dejó, en una zona de la administración y del manejo de negocios que yo miraba y no quería ver, o no quería mirar del todo, en un mundo de complicidades entre gente que a mí nunca me resultó tan agradables y a quienes ni siquiera fui a visitar cuando estaban presos”. Políticamente, administrativamente y habrá que ver si judicialmente, es difícil “hacerse la boluda”, porque José López tiene una causa por enriquecimiento ilícito desde el año 2008. Entonces, ¿a nadie le llamó la atención desde el 2008 al 2015, la conducta de López? ¿Se enteraron de que López presuntamente robaba cuando aparecieron los bolsos en el convento? Desde el 2008 podrían haber mirado, pero eso no se miraba, o porque consideraban que las denuncias contra López también eran lawfare y no había derecho a denunciarlo; o porque todos sabían, y miraban para otro lado, que lo que había era un mecanismo de financiación de la política -y esto también le indigna a Cristina- que existe prácticamente en todas las jurisdicciones del país, solo que en muy pocas, tal vez solamente en Santa Cruz, aquel con el cual se hacía el negocio de generar recursos para la política tenía una relación de intimidad como la de Lázaro Báez con los Kirchner. El problema de Cristina no es López, el problema de Cristina es Lázaro Báez, eso es lo que hay que explicar. Ahí estuvo la torpeza del que ideó este mecanismo de financiamiento, que seguramente ha sido Néstor Kirchner, si es que esto se termina demostrando.
Estamos viendo las verdades de la política que no siempre se llegan a constituir en las verdades de los expedientes. Por eso, sería interesante que Cristina Kirchner le preste más atención al expediente porque le va a resultar más fácil que pelear contra la historia, que en estas materias, como el uso de los recursos públicos, parece que ya la condenó. Solo que su movimiento, a estos temas que tienen que ver con la ética y la administración de recursos, nunca le ha dado demasiada importancia.
Cristina Kirchner está produciendo una movilización popular, porque tiene que rescatar el proyecto político de la ciénaga de los tribunales. Ella quiere convertirse de nuevo en la figura central, y lo está haciendo.
La vicepresidenta tiene una ventaja en la movilización. Se ve que el ajedrez del poder político se ha movido muy bien: el PJ de la provincia de Buenos Aires y el de la Capital son controlados por La Cámpora. De un lado, Máximo Kirchner en la provincia; del otro, Mariano Recalde en la Capital Federal. Se produce así una movilización alrededor de Cristina con el argumento de la victimización. Aunque no es tanto a favor de Cristina sino en contra de los que han sido siempre los enemigos del kirchnerismo. Ese movimiento está inspirado en una posición ideológica convencidamente antiliberal del kirchnerismo. Sobre todo de Cristina Kirchner. Los dos obstáculos a enfrentar son la Justicia independiente y la prensa libre. Es decir, los dos dispositivos que se da la sociedad liberal para limitar al poder del Estado. Eso entra en contradicción con otra concepción -aquí está el conflicto ideológico que hay hoy en la Argentina- que es la concepción según la cual el único poder legítimo es el de los votos o el de la movilización popular.
No es que Cristina conoce el manual de la Constitución, adhiere a él, pero se equivoca. Ella tiene otro manual. Es lo mismo, pero visto desde otro ángulo. Es como si yo escribiera en un papel un 6 y usted desde ahí ve un 9. Son dos cosas distintas en los mismos datos, en la misma figura.
Esta movilización está generando un problema. Por eso, al comienzo de todo decía que hay que ver si se justifica esta tensión. En un país con 100% de inflación, que es lo que anticipan los economistas que va a haber a fin de año, más del 50% de pobreza -que supera el 60% en el conurbano-; con indicadores sociales y de consumo que se están deteriorando rapidísimamente, estamos discutiendo si hay que poner o no una valla en Recoleta. Fíjense la irracionalidad de esta historia. Empezó con el temor de Larreta por las bengalas. Estaba atemorizado porque empezaba a haber pirotecnia en toda el área que rodea el edificio de Uruguay y Juncal donde vive la vicepresidenta. Decidió poner las vallas por miedo a una especie de Cromañón al aire libre. Cuando el kirchnerismo ve las vallas se va desde Parque Lezama, donde iba a hacer una movilización, que seguramente iba a ser muy exitosa, atraído por las vallas. Ahí se mueve la policía haciendo respetar el orden. Es un enorme mal entendido.
Voy a decir una exageración, pero es para que se entienda. En el año 1961, el Muro de Berlín tenía meses, había un protocolo de cruces por un pasaje que todavía aún se puede ver: “Checkpoint Charlie”, era la zona de pasaje de la parte oriental a la occidental, pactado protocolarmente por la Unión Soviética y, sobre todo, Estados Unidos. Pasa un abogado, hay una discusión con los rusos, que se resisten, y los americanos comienzan a poner tanques de su lado. Contestan los rusos con tanques. Empieza a crecer durante 16 horas en el mes de octubre esa tensión y está todo el mundo pensando que ahí empieza la Tercera Guerra Mundial. Por un problema, lo digo irónicamente, de vallado. Hubo una reunión de un lado y del otro, surge un acuerdo entre Kennedy y Kruschev y se establece a partir de ese momento un instrumento que fue crucial en todo el resto de la guerra fría: el teléfono rojo. ¿Cuál fue el drama? La incomunicación que hace que uno piense en la peor hipótesis cuando está imaginando la conducta del otro lado. Eso va recalentando y generando una dinámica de enfrentamiento que ya los que se enfrentan no dominan.
Tanto Jorge Macri como Marcelo D’Alessandro, el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, con “Wado” De Pedro y Aníbal Fernández intentaron establecer un teléfono rojo. Al final del entredicho y no al comienzo. Porque lo que hace gente normal es decir “Cristina, estás en tu casa, hay inquietud a tu alrededor, ¿Qué hacemos con la movilización? Es más, ¿Querés controlar vos con la Policía Federal?”. Larreta está en una situación complicada, que viene manejando bastante bien: él es “intendente” y tiene que custodiar la seguridad de los vecinos. Y a la vez es candidato a Presidente. Desde su partido le piden que maneje las vallas y la fuerza pública como si fuera candidato a Presidente, llevando a la policía metropolitana a una especie de guerra contra el kirchnerismo, que es lo que le pidió de una u otra manera Patricia Bullrich. Le dijo que las vallas hay que ponerlas, y que no se sacan aunque estén mal puestas. Pero, ¿Qué estamos, en una guerra?
Ahora aparece el juez Roberto Gallardo. Lo activa Juan Grabois, que no sabemos qué interés representa, cuál es su legitimación como actor en esta escena judicial. El magistrado dice: “Que se vaya la policía de la Ciudad y que venga la Federal”. La Ciudad dice: “No, vamos a apelar”. Es interesante que Grabois promueva que se eliminen vallas puestas por el Estado, pero que no promueva que se pueda disolver un piquete hecho por la gente que generalmente protesta alrededor de él. Es decir, tendría más derecho un particular a interrumpir la vía pública que el Estado. Es interesante porque todo parece estar al revés.
Lo cierto es que llegamos a un clima de exasperación increíble. Cristina Kirchner recupera la escena. ¿Va a ser candidata? Ni ella sabe. Lo que sí sabemos es que está buscando la lapicera con la que se inscriben las candidaturas. Ella está buscando poner al candidato, después resolverá, porque no tiene los datos a la vista, si puede ser candidata, por un problema de imagen negativa. Lo mismo le pasa a Macri.
Ella busca otra cosa. Para lo que necesita vallas Cristina es para el ajuste de Massa que la va acorralando. Recortes en Educación, en Salud, inflación que no se detiene, alineamiento internacional absolutamente contradictorio con ese mensaje de Diosdado Cabello que vimos al comienzo. Y una necesidad urgente, conseguir dólares, tanto que “a los malditos chacareros” Massa está a punto de darles un dólar especial para convencerlos de que vendan la soja. Y la pregunta que se hacen ellos es: “Mi problema no es tener o no tener soja, mi problema es tener o no tener pesos. ¿Qué incentivo tengo a tener los pesos con este nivel de inflación?”. Massa está pensando en otorgar un dólar especial al campo que dure a lo largo de septiembre. Sigue habiendo negociaciones que todavía no llegaron a nada. Eso sí: los 5000 millones de dólares que pensaba conseguir cuando asumió, que ni los sueñe. ¿Por qué? Porque parten de un error.
En esta imagen de un silobolsa está el corazón del negocio argentino. Es un gran invento que le abrió el techo al campo, porque ya no se necesita tener gran capacidad de acopio. Se puede hacer en el propio campo, con lo cual se puede producir mucho más. Un productor promedio que arrienda en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, imaginemos Villegas, de un rinde que no es espectacular, tampoco es malo, en retenciones y aportes al fideicomiso aceitero, se le va el 34%. No de lo que gana sino de lo que tiene, del silobolsa. Eso se lo lleva el Estado. Un 11% se va en flete y gastos de comercio. El arrendamiento le lleva 24%. Las semillas, los insumos, cosechar y otras tareas se llevan el 19%. La estructura administrativa y el impuesto a las ganancias se llevan el 6% del mismo silobolsa. ¿Qué le queda al productor? ¿Con cuánto especula el perverso argentino que siembra soja? Con el 6% de su negocio, con esto hay que vivir. Entonces, la idea de que de un día para el otro van a aparecer 5000 millones de dólares y que hay una especulación perversa de gente enriquecida y que vive en un mundo de abundancia es una especie de fantasía ideológica que se choca contra la realidad, de tal manera que impide llevar adelante una política agropecuaria inteligente.
No solamente no hay oferta de dólares, el precio del gas que consumimos nosotros para generar energía se ha disparado estrepitosamente, por el problema del ataque a Ucrania, y por una suspensión del gasoducto que lleva el gas desde Rusia al norte del Europa por supuesto “mantenimiento” -obviamente es una estrategia de Putin-. Estamos hablando de que la entrega de septiembre está a 93 dólares el millón de BTU, para algo que en tiempos de normalidad valía entre 8 y 9 dólares. Hablamos de 1000% de aumento. Esto está descalabrando toda la economía internacional, sobre todo la alemana y francesa. Y Sergio Massa, que no consigue dólares, y que por este precio del gas le van a sacar más dólares, tiene que mostrar ahora, cuando viaje a Estados Unidos por una misión técnica, que él controla el déficit. Y por lo tanto necesita más impuestos. Y está tratando de que en el Congreso le prorroguen los impuestos que están por vencer mientras reparte todo tipo de chocolatines.
Va a ser muy interesante seguir esta semana las discusiones en el Congreso para que Massa pueda hacer el ajuste feroz que planea, el que le hubiera gustado hacer a Macri cuando dice “no me dejaron”. Ese es el ajuste frente al que Cristina necesita estar vallada.
Por Carlos Pagni
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