Rodrigo Paz avanza con la declaracion del estado de emergencia en Bolivia y el despliegue de las Fuerzas Armadas
La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados después de haber sido tratada en el Senado; esta mañana el Ejecutivo oficializó la iniciativa que abrogó la normativa anterior
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LA NACION
LA PAZ.– En medio de una creciente tensión social, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, derogó una ley que limitaba el uso del estado de emergencia y abrió la vía para aplicar una medida excepcional con el objetivo de contener las protestas y los bloqueos que desde hace casi un mes paralizan rutas, provocan desabastecimiento y aumentan la presión sobre su gobierno.
La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, después de que la Asamblea Legislativa aprobara por más de dos tercios de los votos la anulación de la Ley 1341, una norma sancionada en 2020 que regulaba y restringía la aplicación de los estados de excepción. La iniciativa ya había sido avalada por el Senado el 24 de mayo y luego quedó definitivamente sancionada en Diputados tras una sesión virtual de más de cinco horas, marcada por un fuerte debate político.
Según informó el diario boliviano El Deber, la Cámara de Diputados actuó como cámara revisora, luego del visto bueno del Senado. Antes de la votación, cada legislador tuvo media hora para justificar su posición en una votación nominal, en la que se expusieron argumentos a favor y en contra de la derogación. Participaron 117 de los 130 diputados.
“Queda sancionada la presente ley”, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, al cierre de la votación.
La derogación elimina una serie de restricciones procesales que, según el oficialismo y sectores de la oposición, dificultaban la activación de un instrumento ya previsto en la Constitución. Ahora, si Paz decide avanzar con un estado de emergencia, deberá presentar una solicitud al Congreso, que tendrá un plazo de 72 horas para aprobarla o rechazarla.
El artículo 137 de la Constitución boliviana contempla esa medida en caso de “grave alteración del orden interno”. En la práctica, permitiría al gobierno restringir temporalmente algunas libertades, como la circulación y la reunión, además de habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la policía para controlar disturbios o desbloquear rutas.
Paz, que lleva seis meses en el poder, enfrenta desde principios de mayo una ola de bloqueos de carreteras y manifestaciones impulsadas por partidarios del expresidente Evo Morales y por líderes sindicales. Las protestas comenzaron con reclamos por medidas frente a la crisis económica, considerada la peor en cuatro décadas, pero derivaron luego en pedidos directos de renuncia del mandatario.
Los disturbios y cortes de rutas provocaron escasez de alimentos, combustible y medicamentos en La Paz y El Alto, dos de los principales focos de preocupación del gobierno. Para los defensores de la derogación, ese deterioro justificaba quitar los límites impuestos por la ley de 2020.
Manolo Rojas, diputado del bloque del Partido Demócrata Cristiano, defendió la eliminación de la norma y sostuvo que Bolivia atraviesa un momento de alta conflictividad que exige una respuesta más firme del Estado.
“La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado. No podemos tolerar que maten a jóvenes”, declaró el legislador después de la votación.
Rojas también cuestionó las limitaciones que, a su criterio, imponía la Ley 1341 al Poder Ejecutivo. “La ley 1341 fue creada para quitarle prerrogativas constitucionales a nuestro presidente”, afirmó. “¿Cómo quieren que los paceños reaccionemos a conductas de violencia? ¿Con florcitas, con pañuelitos blancos? No”, remató, en alusión a los sectores movilizados.
Por último, redobló la apuesta con una frase que reflejó el clima de confrontación política: “Aquí hay dos facciones: el pueblo boliviano y los terroristas”.
La mayoría de los discursos en Diputados, según la reconstrucción de El Deber, apuntaron a responsabilizar a Morales como el principal articulador de la crisis. Varios legisladores pidieron incluso que, más allá de la derogación de la ley, se defina de una vez la aprehensión del exmandatario.
La norma anulada, conocida como “ley Eva Copa”, había sido aprobada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, tras la crisis política y social de 2019, que dejó más de 30 muertos y terminó con la renuncia de Morales luego de unas elecciones cuestionadas por denuncias de fraude. En aquel momento, el Congreso, todavía controlado por el Movimiento al Socialismo, buscó limitar el uso de mecanismos de excepción para evitar posibles abusos del Ejecutivo.
Los críticos de la derogación advirtieron que la medida puede agravar la crisis. El diputado Edwin Valda alertó sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos, mientras que su colega Sonia Siñani sostuvo que la decisión podía echar “gasolina al fuego” en las protestas.
La Iglesia Católica también expresó reparos. Poco antes de la votación, señaló que un eventual estado de emergencia “no resolverá el conflicto” y llamó a un diálogo sincero entre el gobierno y los sectores movilizados.
La preocupación también escaló fuera de Bolivia. El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó inquietud por la situación y consideró que los hechos en curso apuntan a desestabilizar al gobierno de Paz.
Agencias AFP, Reuters, AP y ANSA
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