Crimen de Kim Gómez: Patricia Bullrich pidió el tratamiento “urgente” del Régimen Penal Juvenil y apuntó contra Kicillof

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se pronunció este miércoles por la tarde sobre la muerte de Kim Gómez, la niña de siete años que murió en medio de un robo en La Plata. A través de un posteo en la red social X, Bullrich pidió el tratamiento exprés del régimen penal juvenil -los delincuentes eran menores de edad- y responsabilizó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por el incremento de hechos de inseguridad en Provincia: “Tu inutilidad está costando vidas”.

“Menores asesinaron a una niña en el conurbano bonaerense”, dice la cabeza del tuit de la ministra. Y plantea: “Hace un año presentamos el Régimen Penal Juvenil. Su tratamiento debe ser urgente. Los argentinos no podemos esperar más. No podemos seguir permitiendo la impunidad de los menores delincuentes”.

En la segunda parte y última parte del posteo, la titular de la cartera de Seguridad le dejó un mensaje a Kicillof: “Tu inutilidad está costando vidas. Esperemos que tus diputados aprueben esta Ley, o ¿estás a favor de que esto siga pasando?”.

En sintonía con Bullrich, Elisa Carrió opinó en X: “Siento un profundo dolor por el crimen de Kim Gómez. No puedo entender por qué nunca se trató el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que lleva más de 23 años de presentado, compatible con los Tratados de los Derechos del Niño. No hay explicación alguna”.

La muerte de Kim tuvo lugar el martes por la noche en la localidad de Altos de San Lorenzo. La menor estaba esperando en el interior del auto de su madre mientras ella compraba en un supermercado, cuando dos asaltantes menores de edad se subieron al vehículo y se dieron a la fuga. La niña murió durante la huida.

Tal y como precisaron fuentes oficiales a este medio, el robo del Fiat Palio color rojo sucedió alrededor de las 22, frente al comercio que se ubica entre las calles 72 y 24. Fue perpetrado por dos menores de edad, de 14 y 17 años, que luego fueron detenidos. Ambos serían de Altos de San Lorenzo.

Un grupo de vecinos se congregó en la escena del crimen y en la comisaría donde fueron trasladados los asaltantes para exigir justicia. Según detalló El Día, los jóvenes chocaron el vehículo contra un poste de luz y cayeron en una zanja. Si bien salieron ilesos e intentaron huir, fueron apresados por agentes de seguridad.

Hasta el momento, hay varias versiones sobre los instantes previos a su detención y la Policía investiga el caso. Entre las hipótesis se analiza si la menor murió en el choque o por un golpe de alguno de los implicados, aunque se cree que habría intentado bajar del auto en movimiento y que fue arrastrada sobre el asfalto.

En diálogo con el canal Todo Noticias, un testigo contó lo que alcanzó ver de la secuencia: “Cuando dobló el auto, atrás venía una camioneta y chicos corriendo y en esa camioneta venía la mamá. Se ve que una señora la ayudó a la mujer a perseguirlos”.

“A la nena la venían arrastrando un montón de cuadras, es todo un charco de sangre. Es una lástima todo esto. Justo estábamos saliendo con mi esposa y casi nos atropella y vimos que llevaba algo abajo, pero no imaginábamos que era una criatura”, se lamentó el hombre y criticó la falta de seguridad en la zona: “A la noche escuchás a las motos que paran en los negocios. Es tierra de nadie. Y la Policía no hace nada”.

El nuevo Régimen Penal Juvenil de Bullrich y Cúneo Libarona

El mes de junio pasado, los ministros de Seguridad y Justicia enviaron al Congreso un proyecto de ley que tenía por objeto bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Entre otras cosas, la iniciativa, que todavía no obtuvo tratamiento parlamentario, prevé además que la pena máxima para los menores condenados por la Justicia sea de 20 años, “regla aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios hechos independientes”.

De aprobarse, el nuevo régimen comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. En la actualidad, los menores de 16 son inimputables. El Gobierno, a partir de la iniciativa dada a conocer hoy, habla de “cambio de paradigma”. Quienes sean “privados de la libertad”, estarán alojados en establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios.

En la iniciativa se contempla que si la Justicia impone una condena condicional “se deben aplicar conjuntamente medidas complementarias, tales como asesoramiento y orientación, asistencia a programas educativos, formación ciudadana, capacitación laboral, concurrencia a los servicios de salud, tratamiento médico o psicológico, obligación de buscar y, en lo posible, obtener un trabajo, concurrencia al tribunal, prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes”.

Y si la condena impuesta es de entre tres y seis años y “siempre que no haya existido muerte de la víctima, grave violencia física o psíquica sobre las personas, no haya lesiones gravísimas en delitos culposos y no registrare otros procesos o condenas, la pena podrá reemplazarse por “amonestación, prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, prohibición de conducir vehículos, prohibición de concurrir a determinados lugares (establecimientos de espectáculos o deportivos), prohibición de salir del país o de un ámbito territorial, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico”.

En el proyecto también se establece que “en los casos de menores no imputables (menores de 13 años), el juez de todos modos investigará la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas. En estos casos, el juez realizará un peritaje psicológico, un informe ambiental y dará intervención a otros organismos. Ante el riesgo de que el menor incurra en nuevos delitos, también podrá ordenar su internación para su readaptación social”.

Por último, en el el artículo 4, se afirma: “La finalidad principal del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito y, mediante las medidas establecidas en la presente ley, procurar que tenga un futuro de vida en paz y armonía”.

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