Creen que violaron datos personales de jueces para intimidar a los que tienen causas contra Cristina Kirchner
La Justicia investiga la irrupción en el Consejo de la Magistratura de desconocidos que revisaron 24 sobres lacrados de declaraciones juradas; el fiscal dispuso medidas de prueba urgentes
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LA NACIONHernán Cappiello
En tribunales crece la certeza de que la irrupción de desconocidos durante el fin de semana largo en oficinas del Consejo de la Magistratura para violar los datos personales de las declaraciones juradas reservadas de los jueces busca intimidar a los magistrados que tienen causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En la Corte, la irrupción -que recuerda por su torpeza la de los espías contratados por los republicanos del caso Watergate, que fueron descubiertos cuando instalaban micrófonos en el cuartel general de los demócratas-, generó alarma al punto que el presidente del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, llamó por teléfono a los jueces víctimas del espionaje sobre sus declaraciones de bienes. “Es un mensaje mafioso”, dijo una fuente del Palacio de Justicia, ajena a los tribunales de Comodoro Py 2002.
Rosatti convocó para el martes próximo, a las 8.30, a una reunión secreta con los consejeros para informar sobre lo ocurrido y el estado del sumario interno a cargo del jefe de auditores de la Corte, José Luis Pivetta.
Si bien hay 24 sobre declaraciones juradas de bienes abiertos y alterados y otros 9 que parecen haber sido manipulados, los dueños de esas declaraciones más mencionados son los jueces de Comodoro Py que tramitan expedientes contra la vicepresidenta, entre ellos Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, a cargo del juicio oral por la causa de Vialidad Nacional, y Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, dos de los jueces de la Camára de Casación con casos sensibles, como Hotesur y Los Suaces, el primero, y la Ruta del dinero K, el segundo.
En la lista de jueces cuyas declaraciones juradas de bienes, en la parte secreta, fueron vulnerados son la consejera jueza de la magistratura Agustina Díaz Cordero, jueza de familia. y el juez Ariel Lijo, poderoso juez federal de Comodoro Py 2002 con ascendencia sobre sus colegas y uno de los más influyentes magistrados en la Asociación de Jueces Federales (Ajufe).
El resto de los 24 jueces y secretarios judiciales afectados no son tan conocidos y llama la atención que hayan sido objeto de la curiosidad de los desconocidos: hay jueves laborales, secretarios, y otros magistrados de bajo perfil, como si se buscara sumar sobres abiertos para disimular el verdadero objetivo de los intrusos.
“Ataque a la independencia judicial”
En la Asociación de Magistrados, la entidad gremial que nuclea a los jueces, dijeron en un comunicado consensuado entre los integrantes de todas las listas más cercanas y lejanas al Gobierno, que se trata de un ataque a la independencia judicial, pidieron esclarecer el hecho y descubrir a los culpables.
Jueces que integran el Consejo de la Magistratura en representación de sus colegas contaron la temperatura que se vive en los tribunales: “No solo hay la creencia de que se buscó enviar un mensaje y generar temor sobre las familias de los jueces, sino que hay mucho enojo, mucha bronca por el nivel de vulnerabilidad con el que se trabaja. No solo en causas politicas, sino porque hay causas de drogas pesadas con bandas muy peligrosas”, explicó a LA NACION uno de estos magistrados.
El fiscal federal Ramiro Gonzalez, que tiene delegada la causa por el juez Daniel Rafecas, dispuso anoche una batería de 10 medidas de prueba “urgentes” que buscar obtener resultados inmediatos sobre la irrupción ocurrida el fin de semana largo del Día de la Bandera, en el edificio de Sarmiento 877, 8° piso.
Allí ingresaron, en la oficina de declaraciones juradas, dejaron una puerta abierta, una cerradura trabada, la otra con una sola vuelta de llave, se observaron marcas cercanas a la cerradura, un tornillo salido de una de ellas y la tapa de la caja térmica para luz de la cocina, abierta y con las llaves térmicas levantadas. Nada prolijos. Y luego sobres abiertos y otros manipulados y desparramados. Nada que pareciera querer ocultar la visita. La mayoría de los cajones de los ficheros con la documentación estaban desordenados con respecto al orden cronológico ascendente en el cual están archivados.
Lo más asombroso es que “debido a un problema generalizado en los sistemas del Poder Judicial” el jueves 16 de junio se vieron afectados la totalidad de los sistemas de cámaras de video vigilancia implementadas en la Ciudad de Buenos Aires. Los mismos se fueron restableciendo en los días subsiguientes. En Sarmiento 877 los registros de cámaras se interrumpieron el jueves 16 de junio, a las 14.21, y se reanudaron el miércoles 22 de junio, a las 9:00. Muy sospechoso, según creen los investigadores.
El fiscal dispuso entonces informar a los jueces afectados, pedir informes sobre entradas y salidas de personas del edificio desde el día 16 de junio hasta el 21. Pedir que declaren los responsables del edificio vulnerado, las empleadas de la oficina de declaraciones juradas.
La seguridad del Consejo de la Magistratura informó que dejaron de funcionar la cámaras de todo el Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires desde las 9 de la mañana del 16 de junio por lo que se pidió “de manera urgente” a la comisaría de la zona que revise todas las cámaras privadas en los alrededores del edificio. También al Gobierno porteño se le solicitó los registros de las cámaras de seguridad públicas.
Asimismo se pidieron establecer los números de celulares que se activaron en las antenas telefónicas de la zona del edificio vulnerado para conocer los números de utilizados por los intrusos y su identidad. Por eso pidieron a las compañías telefónicas “el tráfico de comunicaciones de las celdas con cobertura en Sarmiento 877″ entre el jueves 16 de junio a las 14.16 hasta el miércoles 22 de junio a las 9.00hs. .
La fiscalía pidió además un informe a la Policía Federal que debía custodiar el lugar y no intervino.
Por Hernán Cappiello
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