Crecen los beneficiarios de planes sociales y pierden los salarios ante la inflación

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) monopolizan la agenda política del verano, pero para el Gobierno surgen otras preocupaciones de alto impacto: la pérdida de poder adquisitivo de los salarios tanto en el sector público como privado y el aumento de planes sociales. Son dos focos centrales para la administración de Alberto Fernández en medio de la pulseada con el organismo de crédito.

En 2021 la inflación acumulada hasta noviembre fue del 45,4% según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec); la interanual trepó al 51,2%. Si bien la inflación de noviembre fue del 2,5%, lo que representa uno de los valores más bajos junto con el de agosto, se espera que los datos de diciembre giren en torno a un 3%, concluyendo el año con una inflación anual al filo del 50%. Los datos los oficializará el Indec el jueves próximo y podrían derivar en una ola de reclamos para revisar las negociaciones del año pasado.

Pérdida del salario real

El revés oficial para avanzar con el presupuesto 2022, en diciembre, elevó las dudas sobre la política salarial para el nuevo año. En la iniciativa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, pronosticó una inflación de 33% anual. Sin embargo, en el sector privado son menos optimistas y la predicen alrededor del 45%, similar a la del año pasado. En la CGT, en tanto, ya advirtieron que el 33% “no es viable” y en sus cálculos se proyecta una suba de precios mucha mayor. Esto representa un problema para el Gobierno por la necesidad de comenzar a dinamizar las paritarias y exhibir señales de estabilidad.

Según los datos relevados por el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, hay más de 10 rubros que perdieron contra la inflación en paritarias. Entre ellos, sindicatos importantes como la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la cual cerraría el año con una paritaria inferior a la inflación: 47,80%. De la misma forma perderían la paritaria nacional docente (45,5%), la Administración Pública Nacional (40%) o el sindicato de textiles (35%). Cabe aclarar que el cierre de paritarias puede no coincidir con el año calendario.

“La política del ministerio tanto en 2021 como en 2022 es que el salario siempre le gane a la inflación”, dijo un vocero del Ministerio de Trabajo, el organismo que conduce Claudio Moroni.

“Hay una perdida del salario real que está clarísimo que ha ocurrido, frente a la inflación interanual”, dijo Luis Petri, exdiputado de la coalición de Juntos por el Cambio. Y aseguró que para mejorar los índices el Gobierno “echa mano a los sueldo que están en la informalidad para lograr ese empate entre la jubilación y los incrementos salariales”.

En definitiva, pese a que el salario mínimo vital y móvil cerró el año en $32.000, ganándole a la inflación por el aumento otorgado a los haberes y jubilaciones, una parte importante verá su salario real diezmado por lo que fueron la suba de los precios. En este marco, el Gobierno negocia para extender el acuerdo de precios sobre determinados alimentos.

Aumento de planes sociales

El otro contrapeso de la balanza son los planes sociales. Durante la gestión de Alberto Fernández y en específico con la llegada de Juan Zabaleta al ministerio de Desarrollo Social la partida presupuestaría terminó 2021 con un aumento del 110% extra con respecto al presupuesto previsto originalmente, o sea fondos totales por $531.000 millones.

Según datos a los que accedió LA NACION, el programa Potenciar Trabajo pasó de 560.343 titulares en mayo de 2020 a 1.276.705 en diciembre de 2021. Correspondiéndose con más 716 mil nuevos beneficiarios y un incremento del 128%. Mientras que que los últimos datos sobre la Tarjeta Alimentar indican que hay más de un millón y medio de usuarios.

El Programa “Potenciar Trabajo” representa la mitad de un salario mínimo, $16.000 por un trabajo de cuatro horas por día. Al estar ligado a la actualización del salario vital y móvil, los beneficiarios vieron actualizados los montos en línea con la inflación. Pero las críticas se centran en conocer cuál es el mecanismo para acceder al beneficio, y qué límite de tiempo posee.

Consultados por LA NACION, fuentes de fundación PENSAR, un think tank macrista, hicieron hincapié en la necesidad de “revisar y destacar la falta de sostenibilidad, transparencia y y evaluación de estos programas”, porque “son programas creados con poco consenso político, que crecen exponencialmente y con falta de datos que indiquen que tienen un impacto social positivo”.

Un sector de los movimientos sociales le reclama al Gobierno un “desacierto en la política de asistencia social real” porque a pesar del aumento de beneficiarios, la inflación se hizo sentir en la compra de alimentos. “Se descuidó mucho las asistencias sociales. Se retiró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) cuando más hacía falta. Se descuidó a los comederos sociales y la inflación impactó en lo más importante que son los alimentos”, señala Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

“La mayoría de las protestas que se realizaron en el año fueron por los alimentos, porque ahí fue donde más impactó la inflación y si se golpea a los alimentos se golpea el bolsillo y los planes que depositan plata para comprarlos”, explicó Belliboni.

Por otra parte, durante 2021, la Tarjeta Alimentar aumentó su presupuesto, pasando de $114 millones de pesos hasta casi el doble, alrededor de $ 201,8 millones. La grave crisis económica y los constantes reclamos confluyeron en la modificación que unificó tanto la tarjeta alimentaria como la Asignación Universal por Hijo (AUH). Los montos entonces quedaron establecidos entre $6000 (para las familias con una hija o hijo) y hasta $12.000 para familias con tres hijos o más.

Ahora bien, la preocupación real, incluso en sectores ligados al oficialismo, se centra en la generación real de empleo. Liz Diaz, dirigente del Movimiento Evita, se expresó a favor de las políticas de asistencia social del gobierno porque “llevan ingresos a los sectores más vulnerables de la sociedad y a los cuales se les complicaría entrar al mercado formal de trabajo”, pero remarcó la necesidad de impulsar políticas que amplíen el programa (Potenciar) y no quede como un “medio subsidio”, sino que se transforme en “trabajo con derechos”.

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