Coronavirus en la Argentina: cada vez más gremios negocian recortes de salarios y suspensiones
En lo que va de la cuarentena se iniciaron unos 100 expedientes de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo nacional
El dique de contención que ideó el Gobierno para evitar una caída del empleo y recortes salariales masivos comenzó a tener filtraciones. Son cada vez más las empresas y los sindicatos que negocian suspensiones o reducciones de sueldo y personal por la realidad económica que traza el coronavirus.
En lo que va de la cuarentena se iniciaron unos 100 expedientes de conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo de la Nación, según precisaron fuentes oficiales. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se recibieron unas 500 denuncias por compañías privadas que habrían incumplido con el pago total de haberes o que avanzaron con despidos a pesar del decreto presidencial que los prohíbe.
La mayoría de los conflictos están vinculados a empresas cuya actividad se paralizó por el avance de la pandemia. En muchos de esos casos, la empresa, amparándose en el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, fuerza una suspensión concertada y cierra colectivamente o con un único trabajador el porcentaje del sueldo que percibirá durante el período sin tareas. El Ministerio de Trabajo debe convalidar ese apretón de manos. Fue lo que sucedió, por ejemplo, con el gremio de mecánicos del Smata, que acordó el pago del 75 por ciento del sueldo con algunas automotrices. Otro trato modelo fue el del gremio aeronáutico de la empresa Flybondi, que acordó desde abril y por 90 días el pago de una asignación no remunerativa de entre 58 y 88 por ciento del salario, además de dejar sin efecto un aumento salarial previsto de antemano en la paritaria.
Los casos del Smata y el gremio de Flybondi, sin embargo, esconden una particularidad: son organizaciones que pactan mano a mano con una empresa determinada y no con todas las de la actividad.
Diferentes son, así, las negociaciones que lleva el Sindicato de Pasteleros, que le reclamó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que intime a las firmas de comidas rápidas por haber resuelto de manera unilateral el recorte salarial de entre 30 y hasta 50 por ciento. Sucedió en McDonald's, Burger King y Starbucks, entre otros.
También en cadenas de pizzerías y en algunas franquicias de la heladería Freddo, según informó el gremio. "Vamos a exigir para que en algún momento paguen la diferencia", dijo Luis Hlebowicz, que reconoció que será una misión casi imposible conservar en actividad a los 70.000 afiliados que Pasteleros nuclea en todo el país.
Pasteleros y otros gremios que sufrieron rebajas salariales, como la Unión Obrera Metalúrgica, se aferran a un artículo del decreto 297/2020, que estableció el aislamiento preventivo y obligatorio el 19 del mes pasado. En el punto ocho de la normativa se afirma que los trabajadores del sector privado "tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales".
Antidespidos
Sin embargo, la posibilidad de las suspensiones pactadas individual o colectivamente es una ventana que dejó abierta el decreto 329/2020 de Alberto Fernández para restringir despidos por 60 días. En ese sentido, por ejemplo, avanzaron la semana pasada el Grupo Techint y la Uocra por la cesantía de 1450 obreros que se desempeñaban en siete proyectos que están hoy paralizados.
En este conflicto, que fue el que verdaderamente empujó al Presidente a tomar una medida para blindar el empleo, la empresa y el gremio pactaron una gratificación adicional de entre $24.000 y $33.000, según la categoría del albañil. Como en la industria de la construcción está vigente por convenio un fondo de cese laboral, para este caso no corría la doble indemnización. El Fondo de Cese Laboral en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año.
El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. En la provincia de Buenos Aires, la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, abrió un canal para recibir denuncias por conflictos laborales. Durante la cuarentena ya se recibieron más de 500 mensajes con acusaciones por falta de pago del sueldo o por suspensiones, según informaron desde la cartera. La gestión de Axel Kicillof se mostró firme en cumplir la normativa y prevé sanciones económicas para las compañías que avancen con despidos. Es la disputa que mantiene, por ejemplo, con la firma alimenticia Dánica.
Los coletazos del virus golpean en el empleo y en los salarios. Un empresario del transporte que negocia periódicamente con Hugo Moyano advierte que será un año de "paritaria cero" hasta recuperar el músculo productivo. Las dimensiones de la crisis son aún incalculables en la CGT. Los dirigentes más pesimistas creen que la pandemia podría afectar a un millón de empleos. "Es necesario preservar los puestos y encontrar una salida a las suspensiones", implora Héctor Daer, el jefe de la central. Como nunca antes, los sindicalistas sienten que caminan sobre un suelo quebradizo y que ninguno estará ajeno a la guadaña de la peste.
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