Crecen las diferencias entre Pro y los libertarios por la gestión y la revisión de la corrupción kirchnerista

A casi un mes de la asunción de Javier Milei, las diferencias entre Pro, socios clave del Presidente para asegurar la gobernabilidad, y los libertarios se acentúan. El vínculo entre los aliados circunstanciales se ha ido deteriorando desde que Milei se impuso en el balotaje y comenzó a repartir los puestos de poder en su Gabinete, pero las discrepancias se hicieron más visibles cuando el liberal lanzó reformas urgentes para restaurar la economía sin buscar un sustento en jefes de Pro o no se mostró determinante en cuanto a revisar la corrupción kirchnerista.

Los primeros chispazos se habían producido durante el operativo para coordinar la fiscalización post pacto de Acassuso. Desde aquel momento los nuevos socios conviven en un clima de desconfianza. Y los recelos se profundizaron con la llegada de Milei a la Casa Rosada junto a un elenco heterogéneo de colaboradores -desde Patricia Bullrich y Luis Petri hasta los outsiders Nicolás Posse o Sandra Pettovello-.

Los libertarios especulan que detrás de cada crítica al Gobierno hay una maniobra encubierta de macristas para desgastar a los ministros de LLA y quedarse con las riendas de sus carteras. Por su parte, gobernadores y diputados o senadores de Pro se quejan de que no son convocados por los ministros para discutir detalles centrales del megadecreto o la ley ómnibus, pese a que ellos, aseguran, tienen predisposición a colaborar y defender las medidas para desregular la economía y reducir el gasto público.

En Pro reina el desconcierto y la inquietud por la falta de articulación del Gobierno. Desde Mauricio Macri, quien descansa en su refugio de Cumelén, hasta alfiles de Pro en el parlamento o que gestionan en territorios tienen un diagnóstico compartido. Creen que, en la fase de aterrizaje en los cargos, los libertarios optaron por prescindir de la asistencia de Pro, ya sea para implementar medidas como para recolectar votos en el Congreso. También causó disgusto que el Presidente haya atacado a los legisladores bonaerenses de Pro que avalaron el aumento de impuestos y endeudamiento del gobernador Axel Kicillof. Es que una fracción libertaria también votó a favor.

Desde que Milei activó el megadecreto y la ley ómnibus se incrementan las quejas entre los altos mandos de Pro por la ausencia de un interlocutor con el oficialismo. Aseguran que los gobernadores no son convocados por los ministros y que ellos deben pedir las reuniones para interiorizarse sobre los planes del Gobierno que podrían afectar a sus distritos. El conflicto por la reforma en el régimen federal de pesca, que puso en alerta a Ignacio Torres (Chubut), fue un botón de muestra de la incomunicación entre Pro y LLA.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, que se multiplica para contener el enojo de sindicalistas y gobernadores ante las decisiones del ala Milei-Posse, logró desactivar el malestar de los aliados que gestionan en provincias de la costa atlántica o la Patagonia. Recibió a la comitiva de Pro y anunció que el Gobierno está dispuesto a corregir los puntos polémicos de la ley ómnibus que fueron rechazados por los mandatarios de la Patagonia y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quienes advirtieron sobre una crisis en el sector pesquero.

Horas después el jefe porteño, Jorge Macri, visitó a Luis Caputo, ministro de Economía, a quien Posse le dio el manejo de los fondos que se inyectan en las provincia, para discutir por el reparto de fondos de coparticipación. Fue el alcalde quien solicitó la entrevista y se llevó un resultado ambiguo: si bien el gobierno reconoció el reclamo de la Ciudad y expresó voluntad de cumplir el fallo de la Corte Suprema, pidió tiempo para estudiar los números. ¿Milei acatará o no la cautelar del máximo tribunal? Eso se preguntaban ayer entre los aliados de Pro en la Legislatura.

Preocupado por la desconexión entre Pro y LLA, Torres consideró que el Gobierno actuó con “torpeza” en el conflicto por la pesca y avanzó de forma inconsulta con una reforma que afectaba a la industria y ponía en riesgo puestos de trabajo. Pero fue uno de los pocos dirigentes de Pro que defendió en público a Francos, resistido por un ala del macrismo desde que Milei optó por relegar a Cristian Ritondo de la carrera por la presidencia de la Cámara de Diputados.

Al ministro del interior le achacan su preferencia por cuidar el vínculo con el sector del PJ que responde a Juan Schiaretti. De hecho, él promovía a Florencio Randazzo para que ocupara el lugar que el Presidente le dio, finalmente, a Martín Menem. Francos suele recordar en la intimidad que nunca integró las filas del peronismo, pese a que orbitó cerca de Daniel Scioli.

Diputados de Pro no ocultaron su malestar con Milei y sus estrategas durante los últimos días. Le reprochan al ministro del Interior que aún no se haya comunicado con Ritondo y que, en cambio, haya recibido al diputado Itaí Hagman, de la tropa de Juan Grabois. En ese sentido, lamentan que la Casa Rosada no haya impulsado un cónclave entre funcionarios y legisladores de Pro para despejar dudas en torno a la ley ómnibus, un paquete de 664 artículos que contienen amplias delegaciones legislativas de emergencia al Poder Ejecutivo.

“Lo estructural de la ley va a salir. Tenemos que ayudar a darle la herramienta y qué él se ocupe de la macro; si no, después va a tener la excusa para culpar al Congreso”, describe uno de los popes de Pro que pretende ayudar a Milei. Perciben falta de experiencia, orden y metodología, ya sea para la labor parlamentaria -la demora en el armado de las comisiones- o el manejo de la botonera del Estado.

Macri dejó trascender su preocupación por las demoras en la puesta en marcha de la maquinaria del Estado o la falta de pericia política para articular acuerdos. Sus laderos le reportan a diario que aún hay organismos autónomos o subsecretarías que están acéfalas. “La dirección es la correcta, pero la gestión no arrancó. Falta interlocución con todos los sectores”, describe un exministro de Cambiemos.

Quienes rodean a Macri lo notan en una posición expectante, como si supiera que Milei volverá a requerir de su intervención en los próximos dos meses, cuando la economía podría atravesar horas turbulentas por el impacto de la recesión y la aceleración de la inflación. Febrero y marzo, visualizan entre los interlocutores del expresidente, podrían ser “duros” para Milei. En paralelo, Macri pulsea con Bullrich por el control de Pro.

En la bancada de Ritondo revisan “errores” y ponen la lupa sobre los cambios en el financiamiento de los partidos políticos o el alcance del blanqueo. Hay quienes sospechan que hay “un negocio” detrás de la desregulación de la venta de medicamentos que incluyó el DNU. “No mandaron la biblia. Tienen que tener humildad y no subestimar a los gobernadores, porque ya tienen varios frentes abiertos”, advierte uno de los caciques de Pro.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos) se puso a disposición de Milei para colaborar con la primera etapa de la gestión. Tiene un vínculo cercano con el Presidente desde hace años. Sin embargo, Frigerio quedó sorprendido por el contenido del DNU o el megaproyecto, sobre todo, por la suba en las retenciones. Lo mismo ocurrió con Cornejo, Maximiliano Pullaro -puso el grito en el cielo por los cambios que impactan en el biodiesel- o Torres. Hasta ahora los gobernadores se autogestionan los pedidos de reunión con los ministros. Hubo enojo por el intento de Milei de condicionar la restitución de ganancias al apoyo a la ley ómnibus. “La Nación lo necesita más que los gobernadores, que se van a atrincherar y pueden resistir. Están jugando al kirchnerismo, pero no les gusta el barro”, reprochan en Pro.

En la fuerza de Macri vociferan que están decididos a apoyar, incluso con la delegación de facultades, pero advierten rechazarán los “dislates”, como ocurrió con la pesca. Lamentan que un sector del Gobierno peque de intransigente y no acceda a negociar puntos clave para garantizarse la aprobación de gran parte del paquete. La propia Bullrich activó su teléfono esta semana para persuadir a sus diputados frente a las dudas por el poder que concentraría Milei y alinearnos con el oficialismo: “Si nos tuercen el brazo, no hay mañana”, transmitió.

La visita del último martes de Pettovello a Diputados no hizo más que alterar los ánimos en Pro. Es que los integrantes de la bancada de Ritondo se disgustaron cuando se enteraron que la ministra de Capital Humano se había reunido con los legisladores del bloque oficialista, que conduce Oscar Zago, para responder consultas sobre la “ley de bases”. En el ala dura de Pro apuntan los dardos contra Omar De Marchi, quien fue designado por Milei y Posse como nuevo secretario parlamentario.

Consideran que De Marchi tendrá una difícil tarea ya que está enfrentado al gobernador Alfredo Cornejo (Mendoza-UCR) y su vínculo con Emilio Monzó –del bloque de Miguel Pichetto- quedó deteriorado. El desembarco de De Marchi en el Gabinete explicitó las diferencias entre Posse y Francos. En la Casa Rosada minimizan esa interna entre el ala dialoguista y un sector ejecutivo e intransigente a negociar. ¿Es una estrategia o falta de coordinación en un equipo variopinto de funcionarios? “No saben dónde están parados”, evalúa un exministro de Pro que mantiene contactos frecuentes con representantes del gobierno de Milei.

En la cúpula de Pro también deslizan críticas contra Federico Sturzenegger, extitular del Banco Central. Si bien destacan su labor en el armado del paquete para desregular el Estado, sugieren que la instrumentación de sus planteos podría ser inviable en el corto plazo o afectar industrias, como el caso de la pesca. “Sturzenegger es como el hincha que te arma el equipo. Te dice ‘hay que poner este acá, este allá’, pero después hay que jugar”, lanza un jefe de Pro.

En las últimas horas se hicieron evidentes las discrepancias entre Pro y libertarios respecto del rol del Ejecutivo en el impulso de investigaciones de los casos de corrupción del kirchnerismo. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, considera que la Oficina Anticorrupción (OA) o la Unidad de Información Financiera (UIF) no deben ser querellantes en las causas, ya que se usaron para “perseguir” y fomentar una “guerra judicial”. Esa visión provocó una fuerte reacción Mariano Federici y Laura Alonso, quienes sostuvieron que “para ser libres, hay que vivir en la verdad”, sin impunidad.

“No acuerdo con los que avalan el invento ideológico kirchnerista del ‘lawfare’”, sostuvo Alonso, exjefe de la OA durante la presidencia de Macri. Alonso es una estrecha colaboradora de Bullrich, quien prometió durante la campaña que construirá un penal con el nombre de Cristina Kirchner.

Federici, en tanto, resaltó que el Gobierno “no se puede permitir” favorecer la impunidad. “Responsabilizar a los que saquearon al país y lo dejaron con su corrupción en sus actuales condiciones de inestabilidad y decadencia resulta clave para afianzar el Estado de Derecho y apuntalar así el proceso de estabilización, crecimiento y desarrollo que se persigue en materia económica”, puntualizó el exencargado de la UIF, quien estuvo cerca de designado a la AFI con la llegada de Milei al poder.

Ante la consulta de LA NACION, Javier Iguacel, extitular de Vialidad, marcó su disidencia con Cúneo Libarona: “Es vital para que una sociedad funcione que haya justicia y se combata a la corrupción”, sostuvo. En el entorno de Macri consideran que Milei toma una posición equidistante porque es un gobierno débil y la demanda popular se concentra en el arreglo de la economía.

Otros integrantes del extinto Juntos por el Cambio, como María Eugenia Talerico, quien denunció junto con Iguacel el caso de Julio “Chocolate” Rigau en la Justicia, referentes de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, o el exdiputado Álvaro de Lamadrid se plegaron al rechazo a las expresiones del ministro de Justicia.

“Pactar con los corruptos es apagar el incendio con nafta, tarde o temprano te quemas vivo. Los ‘tiempos de pacificación’ de los que habla Cúneo Libarona implican impunidad, intangibilidad de lo robado, mantener ñoquis y funcionarios kirchneristas en áreas claves y arribar a un acuerdo por los US$ 16.000 que los Eskenazi/Kirchner reclaman por la YPF que ellos mismos estatizaron”, denunció De Lamadrid.