Crece la tensión en Formosa y se suman denuncias contra el accionar del gobierno de Gildo Insfrán
Crece la tensión en Formosa por las denuncias de malos tratos a integrantes de pueblos originarios en los centros donde son hisopados y aislados en caso de ser Covid-19, hechos que se difundieron rápidamente con videos en las redes sociales. A eso se sumó que esta semana hubo represalias de la policía cuando varios quisieron ir a cobrar subsidios a un pueblo vecino en el que hay una barrera sanitaria. A eso se agregan las denuncias por las condiciones de los centros de alojamiento para cuarentena. El gobernador Gildo Insfrán criticó a quienes solo "buscan intereses personales o réditos electorales" mientras la comunidad lucha por la salud".
En base a esta situación, el diputado nacional de la UCR, Mario Arce, sumará una nueva denuncia a la que ya hizo por las condiciones "inhumanas" de los centros de aislamientos. En estas horas se presentará ante la Justicia Federal porque entiende que la provincia está "violando derechos fundamentales como el de la libertad y el de información, ya que no se entregan los resultados de los análisis en tiempo y forma y de manera adecuada. Hay discriminación y malos tratos".
Dijo a LA NACION que en la zona oeste –en los pueblos María Cristina, El Chorro y Santa Teresa– la comunidad wichi "sufre" la instrumentación de "malas políticas" que insisten en el aislamiento "que termina siendo un potencial foco de contagio por las condiciones en que se encuentran; no se sabe quiénes están enfermos, quiénes no. Hay violación de derechos".
LA NACION dialogó con el ministro de Gobierno formoseño, Jorge González, quien enfatizó: "No tenemos nada que ocultar, tenemos una estrategia sanitaria muy clara. Encaramos el tema de una manera distinta al resto y puede no gustarle a algunos, como nosotros no coincidimos con las estrategias de otros".
Sostuvo que la estrategia sanitaria es que las personas que fueron contactos estrechos de un caso positivo deben realizarse un hisopado de control y permanecer en aislamiento de control. Y agregó: "Esto se aplica en toda la provincia no solo en las comunidades de pueblos originarios. Hay quienes no están de acuerdo pero está avalado por la Provincia". Rechazó que haya familias que desconozcan el destino de los trasladados. "Hubo un habeas corpus en nombre de 53 personas y se respondió en tiempo y forma a la Justicia provincial, indicando el destino de cada una", agregó.
También descartó que haya personas sanas haciendo cuarentena con contagiados: las personas que ingresan a la provincia o son contactos estrechos de positivos están en centros de alojamiento preventivos (hoteles, centros educativos o deportivos). "No hay cuarentenas domiciliarias porque por nuestras características culturales no la respetamos. En Formosa hay 15 centros de atención sanitaria en toda la provincia donde están los asintomáticos o leves los moderados; los graves están en el Hospital Evita, que se inauguró este año con 160 camas (40 de terapia intensiva)".
CUESTIONAMIENTOS
La Mesa Nacional de Abogados de Pro entiende que hay que pedir a organismos internacionales de derechos humanos que se hagan presente en Formosa, al igual que representantes del Inadi y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai).
González afirmó que "respetan" a quienes hacen cuestionamientos, pero defendió el derecho de la provincia de poner el interés colectivo sobre el individual e incluso indicó que cuando la Corte Suprema ordenó el ingreso de varados fuera de la provincia,"puso plazos, pero avaló la estrategia sanitaria".
La exdiputada Elisa Carrió aseguró que, desde su espacio político, solicitarán la "intervención federal" de la Provincia y legisladores que le responden presentaron un proyecto en esa dirección. Respondieron el vicegobernador Eber Solís junto al bloque de diputados del Partido Justicialista, mediante un comunicado.
Repudiaron "de manera firme y enérgica, la nueva embestida que se realiza contra nuestra provincia" por parte de Carrió, "quien señala irresponsable y falazmente que en Formosa existe una supuesta violación de los derechos humanos y, con espíritu absolutamente antidemocrático, solicita la intervención federal a la provincia".
El lunes pasado, después de presidir la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, Insfrán en sus redes sociales dijo: "Quedará grabada en la historia esta gesta del pueblo formoseño. También quedará en la memoria colectiva la actitud indolente y mezquina de quienes solo buscan intereses personales o réditos electorales mientras la comunidad organizada lucha por la salud y la vida de cada uno de sus miembros".
Agregó: "El tiempo nos ha enseñado que la verdad prevalece sobre la mentira; el amor prevalece sobre el odio; y que el pueblo formoseño unido, organizado y solidario, prevalece sobre toda adversidad".
Denuncias reiteradas
Hace una semana este diario reflejó las situaciones de violencia que sufren pobladores del oeste formoseño quienes son incluso aislados por estar contagiados presuntamente de Covid-19 pero no informan a su familia a dónde los llevan. El cacique y pastor evangélico Abel Saravia, de la comunidad wichi Pampa de Las Lomitas, contó que a las horas de hisoparlo aparecieron dos patrulleros y una ambulancia en su casa.
"De manera violenta y forzada nos sacaron de la casa; en la ambulancia me tomaron la temperatura y me dijeron que tenía. Eran agresivos y violentos, así nos trataron. No había resultado, nada", señaló. Los llevaron a la ciudad de Formosa, a 300 kilómetros, y los internaron en el hospital del Estadio Bicentenario.
El último martes cuando pobladores de Ramón Lista intentaron ir a El Chorro a cobrar sus subsidios, fueron reprimidos por la policía. Es que hay un "bloqueo duro" sanitario y la decisión es impedir el paso. La necesidad de paso es porque no tienen banco y tampoco llegó el móvil que les habían prometido que habría.
"Se tienen que trasladar y eso, además de implicar gastos, les implica cruzar barreras sanitarias –describe Arce–. Como no los dejan, empiezan los problemas. El Estado que quiere controlar, debería acercarse y resolver el problema. La política que imponen atenta contra los derechos básicos y eso es muy grave en un sistema republicano".
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Formosa denunció que la policía maltrató y detuvo a wichis que se manifestaban para poder cobrar. En un comunicado indica que las comunidades "vienen solicitando desde el bloqueo sanitario la implementación de un cajero móvil para percibir sus haberes, por lo que hicieron un corte de ruta. Esta acción, a la que se vieron obligados a recurrir, obedece a una actitud de silencio e indiferencia de las autoridades políticas como de falta de respuesta de las autoridades bancarias. Esto no es una novedad, las comunidades están agotadas por ese mecanismo de espera permanente al que deben acostumbrarse".
Sobre este punto, el ministro González dijo que la Provincia está haciendo el trámite para contar con un banco móvil, pero que es "complejo, porque se requiere la autorización del Banco Central". Agregó que en la zona hay varias comunidades, que se produjeron "rispideces" y que "hay dos causas judiciales abiertas y 15 personas detenidas a disposición del Juzgado de Las Lomitas".
El diputado provincial y presidente del PRO Formosa, Enrique Ramírez, dijo que presentó unos 60 hábeas corpus porque "a la gente se la llevan sin explicaciones, sin PCR, sin nada: no les avisan a sus familias". La Justicia Federal se declaró incompetente y la provincial archivó las causas. "Es una situación muy compleja pero que no es nueva. En Formosa no hay Justicia".
También la jueza federal 2 de Formosa, María Belén López Macé, se declaró incompetente para entender en el recurso de hábeas corpus presentado por el senador Luis Naidenoff contra el Gobierno provincial por las condiciones de alojamiento de las personas que se hallan en el estadio Cincuentenario.
El vicepresidente del Inai, Luis Pilkiman, dijo a este diario que están "interviniendo" en situaciones generadas en Ingeniero Juárez. No dio precisiones sobre continuarán actuando. Ayer, allí, las comunidades denunciaron la detención de cuatro personas que fueron a pedir datos sobre dónde están aislados sus familiares.
Por Gabriela Origlia
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