Crece la tensión interna: los movimientos sociales afines al Gobierno se movilizan hoy por la baja de planes sociales
Harán una asamblea en el puente Pueyrredón por la decisión de Tolosa Paz de eliminar en lo inmediato los Potenciar Trabajo irregulares detectados por la AFIP; aseguran que detrás de la medida se esconde un “ajuste”; esta tarde harán una “misa por la paz” en La Matanza
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LA NACIONMaia Jastreblansky
La relación entre los movimientos sociales asociados al oficialismo y el Gobierno se tensó y enrareció en las últimas horas. Los grupos piqueteros aglutinados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) amenazan con un “plan de lucha” y se movilizarán este viernes al Puente Pueyrredón para hacer una asamblea, en lo que será la primera medida de fuerza relevante durante la gestión de Alberto Fernández.
La UTEP tenía previsto realizar asambleas en todo el país el miércoles próximo, pero ayer definieron anticipar la medida. La irritación de los movimientos sociales creció por la decisión del Gobierno de dar de baja un número todavía indefinido de planes sociales por incompatibilidades detectadas a partir de un pedido de informes a la AFIP, una trama que se inició cuando se filtró que el organismo recaudador había detectado a beneficiarios de las asignaciones que habrían comprado dólares o tenían registradas a su nombre propiedades o vehículos.
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quiere que las incompatibilidades encontradas por dicha auditoría impacten en el pago del Potenciar Trabajo que se gira el próximo lunes 5 de diciembre. Es decir, busca que se actualice el padrón y se den de baja los casos irregulares en lo inmediato.
Los movimientos sociales alegan que detrás de ese ordenamiento está la voluntad de hacer un “ajuste” y aseguran que el Gobierno busca “cargar contra los últimos de la fila con criterios burocráticos insólitos y falaces”. Una fuente cercana al Movimiento Evita advirtió: “No se pueden dar de baja planes de forma intempestiva de manera desleal. Para recortar están poniendo la lupa sobre el sector más desprotegido”.
Según pudo saber este medio, en las últimas horas, para efectuar la suspensión de Potenciar Trabajo, Tolosa Paz -en base al informe de la AFIP- pidió detectar, entre otros puntos: titulares que posean un vehículo con una antigüedad menor a 10 años; titulares que percibieron ingresos superiores a dos salarios mínimos en promedio en los últimos seis meses; titulares que hayan hecho gastos con tarjeta de crédito por un monto superior a dos salarios mínimos, casos de beneficiarios que están en la categoría B del monotributo o superior, y titulares que hayan accedido al mercado de cambio a los fines de la obtención de divisas.
La historia del informe de AFIP
La auditoría de la AFIP primero puso la lupa sobre 250.000 beneficiarios para luego determinar que, en rigor, menos de 3000 personas habían cometido irregularidades. El informe primero tuvo carácter estadístico y no nominal, debido al secreto fiscal.
El informe -solicitado a la AFIP por el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Juan Zabaleta- era para uso interno, pero se filtró. La pregunta que el Ministerio le hizo al organismo recaudador estuvo mal formulada, porque se pidió por beneficiarios que habían comprado moneda extranjera, o tienen una propiedad o un rodado, o pagan Bienes Personales. Así, se mezcló en una misma bolsa a casos irregulares con personas que solo tenían una moto a su nombre o habían contratado Netflix. También hay casos de personas que compraron un dólar para probar si el banco los habilitaba pese al cepo.
El fiscal federal Guillermo Marijuan inició una pesquisa de oficio, que actualmente impulsan el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Julián Ercolini. Tolosa Paz solicitó al magistrado que levantase el secreto fiscal para acceder a la nómina -con nombre y apellido- de casos observados, que tenía la Justicia pero no su ministerio.
Ayer, Ercolini levantó el secreto fiscal y la ministra anunció por redes sociales que a partir de esa información procedería “liquidar correctamente el Programa Potenciar Trabajo a sus titulares”.
Pérsico en Olivos
Según pudo reconstruir LA NACION, ayer por la noche, Tolosa Paz le envió una nota al secretario de Economía Popular, Emilio Pérsico, para que proceda a remitir el padrón de beneficiarios del Potenciar Trabajo al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) junto con la información provista por la AFIP sobre los casos irregulares -cuyo secreto fiscal fue relevado por la Justicia- para que ese sistema efectúe un entrecruzamiento de información, identifique los casos irregulares y se proceda a la baja.
Pérsico es, además de funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, el líder del Movimiento Evita, el grupo más gravitante de la UTEP. El panorama político es complejo: ayer, mientras la UTEP convocaba a asambleas en todo el país, Pérsico se reunía con Fernández en Olivos. Los movimientos sociales no rompen su vínculo político con el Presidente, pero atraviesan un momento de extrema tensión. En el grupo piquetero hay “policías malos” -que muestran los dientes en la calle- y “policías buenos”, más diplomáticos con el jefe de Estado.
Eso explica que, en medio de las amenazas por medidas de fuerza, el Movimiento Evita invitó a Fernández a que este viernes participe por la tarde de la “misa por la paz” que se organizó en La Matanza luego de que un grupo de militantes fuera increpado y atacado a balazos mientras realizaba pintadas. La misa por la paz tendrá lugar ocho horas después de la movilización al Puente Pueyrredón. Parece difícil que el jefe de Estado asista.
El entrecruzamiento de información a través del Sintys es un procedimiento habitual, que se realiza todos los meses, para detectar fallecidos o jubilados que deben dejar de percibir el Potenciar Trabajo. Sin embargo, por pedido de Tolosa Paz, ahora se buscará aplicar más criterios para detectar casos irregulares a partir del levantamiento de secreto fiscal sobre el informe de la AFIP.
Los grupos piqueteros están convencidos de que la filtración de la auditoría de la AFIP y su judicialización fue fuego amigo para estigmatizarlos. Pero hay otros temas que irritan a la UTEP, donde gravita el Movimiento Evita y también Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el MTE de Juan Grabois.
Por un lado, creen que el Gobierno buscará desenganchar a los planes Potenciar Trabajo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Actualmente, el salario social -que se abona a los beneficiarios de los planes sociales- representa el 50% del SMVM y se actualiza junto con este indicador desde hace cinco años. Por el otro, advierten que “no está claro si se va a pagar el aguinaldo de fin de año” para los beneficiarios de los planes, como se hizo siempre en diciembre.
Así, mientras hay dirigentes del Evita que son funcionarios de la administración de Fernández y mantienen enteros los puentes con el Presidente, otros referentes cumplen un rol más “gremial” y se inclinan por hacer una demostración de fuerza en la calle, en una actitud que los hermana con el perfil combativo de Grabois.
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