Crece la inquietud en el Gobierno por el futuro de las causas de corrupción

El Gobierno está preocupado por la evolución de las causas de corrupción tras un eventual triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales, tanto de los casos que mantienen a exfuncionarios kirchneristas presos, procesados e incluso en juicio oral, como de los funcionarios de Cambiemos bajo investigación judicial, incluido el presidente Mauricio Macri.

Hubo reuniones reservadas -no institucionales- en diversos ámbitos del Poder Ejecutivo en las que se conversó con mayor o menor profundidad sobre estos tópicos para hacerse un escenario prospectivo de los asuntos que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Allí también se realizó un balance de las condenas obtenidas en el mandato de Macri en casos emblemáticos para la administración kirchnerista.

El propio ministro Germán Garavano trazó esta semana un balance público cuando habló en un panel de la OEA contra la corrupción. Allí, frente a los jueces Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Karina Perilli, felicitó a la Oficina Anticorrupción y dijo que "no se puede ni se debe dar marcha atrás" con los procesos "sea cual sea el resultado de las elecciones".

De hecho, el Gobierno puede exhibir avances en la lucha anticorrupción con las condenas alcanzadas contra el expresidente Amado Boudou, el exministro Julio De Vido y los exsecretarios José López, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Y con la aprobación de herramientas como la ley del arrepentido o la ley de extinción de dominio, que permitieron probar sobornos o recuperar el dinero de los fraudes contra el Estado.

No obstante, del lado de los casos que afectan al kirchnerismo, la principal preocupación es la continuidad del juicio contra Cristina Kirchner en la causa en que está siendo juzgada junto a Lázaro Báez por la obra pública santacruceña. Este juicio avanza a paso de caracol, con una audiencia semanal, y a este paso durará al menos dos años. Con Cristina Kirchner vicepresidenta y al mismo tiempo acusada, no hay mucha confianza en que termine condenada. De hecho, en el Gobierno están convencidos de que es probable que termine absuelta, dijeron a LA NACION dos funcionarios del Poder Ejecutivo.

No obstante, el fiscal que lleva la acusación en el juicio, Diego Luciani, tiene en su norte presentar cargos que la incluyan.

El desafío de los acusadores es probar la presentación del fiscal Gerardo Pollicita en el auto de elevación a juicio: que el Ministerio de Planificación reasignó fondos presupuestarios para las obras de Báez con sobreprecios y que parte del dinero retornó al patrimonio de la expresidenta y sus hijos. Los acusados son Julio De Vido, José López y el propio Báez. Sobre ellos hay evidencia de su intervención en las obras.

Los juicios son una política de Estado que no puede cambiar, como los casos de violaciones de derechos humanos, dicen los jueces. Y juran que no darán un paso atrás. De hecho, Casanello y Rafecas, aun después de las PASO, siguieron elevando casos a juicio. Distinto es el escenario en los tribunales orales.

Hotesur y Los Sauces, que son las causas en las que se acusa a los empresarios Báez y Cristóbal López de pagar retornos a los Kirchner por los beneficios obtenidos con sus contratos con el Estado, aún no arrancan y la estrategia de las defensas es demorar su inicio.

Florencia Kirchner, por su estado de salud, podría ser declarada incapaz para enfrentar un juicio, y los acusadores no se opondrían a esa decisión. Pero quedan en el banquillo Cristina y Máximo Kirchner. Su apuesta es que este juicio no arranque nunca.

Las otras tres causas contra la expresidenta elevadas a juicio pueden seguir el mismo letargo. Son las siguientes:

Memorándum con Irán: con Fernando Esteche en libertad desde la semana pasada, ya no hay apuro para que empiece el caso en el que Cristina Kirchner está acusada de traición a la patria por la firma del memorándum con Irán. La causa iniciada por la denuncia del fiscal Alberto Nisman, muerto cuatro días después de esa presentación, volvería a congelarse.

Dólar futuro: lleva más de dos años elevada a juicio y ni la fiscalía está convencida de que pueda haber delito allí. Lo más probable es que sea sobreseída por prescripción o inexistencia de delito.

Los cuadernos de las coimas: es la causa más importante de fraude contra el Estado que tramita en la Justicia porque puso de manifiesto un sistema de recaudación ilegal de millones de dólares que terminaba en el departamento de Cristina Kirchner. Allí, los empresarios que confesaron pagos de sobornos y se acogieron a la ley del arrepentido probablemente arreglen acuerdos individuales en el marco de juicios abreviados. Se trata de una solución que por ahora no está prevista, pero que la Corte podría habilitar. Si esto se diera así, pagarían una multa suculenta y enfrentarían una condena en suspenso.

Distinto es el caso de los funcionarios con Cristina Kirchner, Julio De Vido o Roberto Baratta a la cabeza, que no se acogerían a ese beneficio, porque exige una admisión de responsabilidad penal. Allí, la "cura" podría ser el paso del tiempo. Si esto fuera así, los millones de dólares decomisados en propiedades a la familia de Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner acusado de ser su testaferro, serían la mayor pérdida que sufrirían los sospechosos.

En paralelo, se está juzgando a Lázaro Báez por lavado de dinero.El juicio está avanzado y hay prueba técnica y documentación financiera que ponen fuera de toda duda maniobras de lavado al menos por 60 millones de dólares, dinero que podría provenir de la corrupción y que pasó por cuentas cuyos beneficiarios finales son los hijos de Báez. Incluso en las Bahamas, donde abrieron cuentas a su nombre y reclamaron parte de ese dinero como propio. Casi una confesión.

Con Báez condenado por lavado, el caso de corrupción de la obra pública se fortalecería.

Funcionarios macristas

Con este escenario para las causas del kirchnerismo, en el Gobierno también analizan los casos de corrupción que salpican a sus exfuncionarios. Dependiendo de con quién se hable, los escenarios son más o menos negativos para el Gobierno, aunque no varían en los casos que están en el centro de las miradas. Se trata de la causa del Correo y la de la venta de parques eólicos.

En la primera fue indagado el ministro Oscar Aguad y resta definir su situación procesal. Mauricio Macri está imputado. Se investiga un acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri, nunca ejecutado, en relación con la deuda del Correo Argentino. En ese acuerdo, el Estado iba a aceptar una quita de la deuda, en beneficio del Correo, que era propiedad de la familia presidencial. El acuerdo no se firmó. Allí los funcionarios señalan que las complicaciones no alcanzan al Presidente; no obstante, siguen el caso de cerca. Sí hay mayor preocupación en un sector del Gobierno por la causa de los parques eólicos. Sin licitación, el Grupo Macri compró y luego vendió seis parques eólicos haciendo una diferencia de al menos 48 millones de dólares. Se investiga si existieron negociaciones incompatibles o tráfico de influencias.

Una causa que salpica a todos por igual, kirchneristas y macristas, es Odebrecht. Solo esta combinación de intereses cruzados a ambos lados de la grieta explica la paralización del Lava Jato en la Argentina, que en Latinoamérica terminó con expresidentes presos.

A pesar de que Odebrecht confesó que pagó 35 millones de dólares a funcionarios kirchneristas argentinos mediante sus socios locales, nada pasó.

La Justicia espera que lleguen de Brasil las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht, que señalaron no solo a Julio De Vido, sino también a la empresa Iecsa, que era de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Macri. Hubo acuerdos entre las procuraciones de la Argentina y Brasil, viajaron jueces y fiscales, pero las pruebas nunca llegan.