Crece el malestar de Mendoza con el Presidente por la indefinición para avanzar con una central hidroeléctrica

MENDOZA.- La provincia cuyana no sale del asombro por la sorpresiva respuesta del Gobierno nacional sobre el futuro de la “obra del siglo”, ya que esperaba que se definiera hoy el laudo presidencial para avanzar con la licitación de la megacentral hidroeléctrica Portezuelo del Viento, en el sur provincial. Lejos de eso, tal como adelantó LA NACION, la Casa Rosada instó ayer por escrito a Mendoza a iniciar formalmente el proceso de juicio arbitral oficial ya que considera que “jamás presentó una solicitud concreta, en base a los requerimientos que demanda esa instancia”, indicaron fuentes del Ejecutivo nacional.

Frente a este escenario, el gobernador Rodolfo Suarez (UCR) salió al cruce de la decisión que llegó de la mano del Ministerio del Interior, que comanda el camporista Eduardo Wado De Pedro. “Una vez más Nación busca perjudicar a Mendoza con Portezuelo al no tomar una postura clara sobre PdV, ahora pretendiendo hacer creer que nuestra provincia no instó al laudo”, disparó el mandatario mendocino, a través de las redes sociales, acompañado de la documentación donde considera que ya se hizo el pedido correspondiente en junio del 2020, entre ella el Acta 73 del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), que en su artículo 6 solicita la intervención presidencial prevista para este tipo de conflictos. “Surge claramente del Acta 73 que, ante la solicitud de la Provincia de La Pampa, apoyada por Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén, de realizar una nueva Evaluación de impacto ambiental regional en toda la cuenca del Río Colorado, votamos negativamente y solicitamos se active el mecanismo de laudo presidencial previsto en el Estatuto del COIRCO”.

Asimismo, el gobernador mendocino señaló que “vamos a reiterar nuevamente el pedido de laudo y la solicitud de viabilidad de la obra, toda vez que todos los estudios de impacto ambiental están realizados y aprobados”.

En tanto, el ministro de Gobierno de Mendoza, Víctor Ibáñez, aseguró que la provincia no aceptará la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental al tiempo que analizarán en el seno del Ejecutivo local si se presentará una acción judicial. En tanto, resta esperar si bajo este nuevo escenario, Mendoza finalmente, como sugiere el gobernador, presentará nueva documentación, acorde con el nuevo pedido nacional, o decide avanzar con su “plan B” de obras alternativas, dejando para la posteridad la posibilidad de hacer Portezuelo, quizás si en 2023 cambia el color político nacional.

La llamativa misiva enviada por la cartera del Interior este jueves a Mendoza, luego del “pronto despacho” que presentó el mes pasado Suarez, presionando por el laudo presidencial, deja en clara la posición nacional que molestó a la tierra cuyana sobre la ausencia de presentaciones tanto en el Ministerio como en el Coirco.

“En caso de que se pretenda avanzar en ese sentido, y a efectos de garantizar el debido proceso, se solicita al Señor Gobernador tenga a bien interponer la petición conforme a derecho, munido de la prueba de la que pretenda valerse, de manera de dar inicio al correspondiente juicio arbitral, correr traslado a las restantes provincias involucradas y, oportunamente, elevar las actuaciones al Presidente de la Nación para la emisión de su laudo; todo ello conforme al Estatuto y al Reglamento Interno de Coirco...”

Mientras tanto, en cuanto a los plazos del laudo, el artículo 29 del Estatuto del Coirco establece: “El árbitro tendrá 30 días para recabar informaciones y antecedentes, y para realizar toda diligencia que considere necesaria para mejor proveer. Vencido dicho término, deberá laudar dentro de los 30 días siguientes, pudiendo ampliar los plazos dentro de los 30 días siguientes, mediante decisión fundada”.

Más demoras

De esta manera, desde el Ministerio del Interior, dijeron a LA NACION que la resolución presidencial, siempre y cuando Mendoza cumpla con las formalidades, podría darse después de mitad de año. Esto, va a contramano de los deseos de la provincia cuyana, que ve cómo los plazos comienzan a dilatarse una vez más.

“Mendoza se comprometió a avanzar con los preparatorios del nuevo estudio de impacto ambiental, y se sumó a la mesa de negociación, con una votación 4 a 1 en el Consejo de Gobierno de Coirco para avanzar; estaba clara la participación mendocina. Se agarra de un pedido de laudo cuando en realidad participó de reuniones preparatorias, por eso es un reclamo débil. Se deberá hacer formalmente, siguiendo todos los requerimientos del proceso”, indicó una fuente de la Casa Rosada.

En este sentido, se le reclamará a Mendoza que presente nuevamente todo tipo de documentación y antecedentes, así como su postura sobre la participación en las mesas de diálogo respecto al nuevo estudio de impacto ambiental que están solicitando las cuatro provincias: por qué no es procedente, si están de acuerdo o no, qué debería contener el estudio, que universidad debería hacerlo, así como qué agregar y qué quitar.

Según pudo saber este diario, el Presidente, tal como consideró a mitad de 2020, apuesta primero a que en el seno del Coirco se realice el informe de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado, y en caso de que al menos 4 provincias, entre ellas Mendoza, acepten los resultados, descontando que La Pampa se opondrá, podría determinar que se avance con la histórica obra. Eso sí, para esto podrían pasar un par de años, lo que se aleja de las pretensiones mendocinos cuando la construcción estaba prevista comenzar por estos días.

De igual forma, la Casa Rosada, en base al acuerdo con Mendoza por los perjuicios de la promoción industrial, sigue enviando los fondos para la obra, que tiene un presupuesto de 1023 millones de dólares. El 28 de enero debe realizarse el décimo depósito por más de 52 millones de dólares. Luego de años de idas y vueltas, la obra fue aprobada en 2016 por las provincias del Coirco, con la sola oposición de La Pampa, lo que llevó a Mendoza a pedir el laudo del entonces presidente Macri, que en 2018 falló a favor del avance del proyecto, firmando el acuerdo en junio del 2019, el cual dejó aclarado que los fondos podían destinarse para otras obras hidroeléctricas.

Portezuelo del Viento tiene un plazo de ejecución de cinco años y apuesta a lograr una potencia instalada de 210 MW, capaz de abastecer de energía a 130.000 usuarios, cuatro veces más de lo que genera el dique Potrerillos, que es hoy el más grande de Mendoza.

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