Corte Suprema: en medio del debate del caso Lijo, se abre el diálogo por la posible ampliación del tribunal
Tanto en el Gobierno como en el Senado reconocen que empezó una conversación sobre esa posibilidad, dada las dificultades para aprobar los pliegos del juez y de García-Mansilla
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En medio de la discusión para aprobar los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla como nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia, se abrió una nueva instancia de conversación a partir de la idea que anida en sectores del gobierno de ampliar el número de jueces del máximo tribunal.
La iniciativa, que empezó a caminar desde la Casa Rosada y llegó al Congreso, entusiasma a senadores peronistas que pretenden que la negociación se amplíe e incluya el cargo del Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y hasta sensibles asientos de los juzgado federales vacantes en Comodoro Py 2002.
Fuentes de la justicia federal, del Senado y de la Casa Rosada, dijeron a LA NACION que en los tres poderes del Estado hay voluntad y deseo de que se amplíe el diálogo.
El asunto empezó a tener cierta entidad hace dos semanas cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deslizó la idea de ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Hoy son cinco, pero en la realidad son cuatro ya que no se cubrió la vacante de Elena Highton. La idea sería ampliar la Corte, lo que permitiría también cumplir con las expectativas de que haya una mujer, ya que la candidaturas de Lijo y García-Mansilla obturaron esa posibilidad.
En el Gobierno reconocen que Francos, el principal articulador político de Javier Milei, ve con buenos ojos esta iniciativa, aunque no hay un proyecto concreto sobre la mesa. Se planteó como una posibilidad, que está en una etapa de análisis interno, que fue conversada informalmente. El plan le da una solución al problema del cupo femenino y otros beneficios al diálogo político.
Las fuentes del Gobierno se preocupan en aclarar que la iniciativa de ampliar la Corte no es parte de la misma negociación para conseguir los votos para los pliegos de Lijo y García-Mansilla. A pesar del optimismo inicial acerca de que estaban los votos garantizados para que ambos pliegos tuvieran el apoyo de los dos tercios de los senadores, ahora el panorama es mucho más espinoso. Depende con quién se hable ya se garantizaron los votos o no. Por eso algunos creen que el oficialismo se vería forzado a revisar su criterio.
El propio Lijo y su padrino político, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, se ocuparon de conversar con senadores y gobernadores para conseguir los apoyos necesarios. Francos, como articulador político del Gobierno, obviamente está alcanzado por estos temas, aunque la negociación por los pliegos no la está llevando directamente.
En la Cámara alta, los pliegos de la Corte se hablan como si de un tema tabú se tratara: en voz baja y mirando a los costados para cerciorarse de que nadie escucha. Sin embargo, el muro de silencio detrás del cual la mayoría de los senadores prefieren esconder la postura que adoptaran cuando tengan que votar muestra algunas grietas por las que se filtran algunos datos.
En las últimas semanas, como consignó LA NACION, la suerte de Lijo y García-Mansilla comenzó a complicarse. La orden del Gobierno de que deben tener acuerdo “los dos o ninguno” prendió luces de alarma en los tableros políticos, ya que el catedrático de la Universidad Austral no estaría alcanzando el voto de los dos tercios por su postura contraria a la legalización del aborto. Y si no pasa él, tampoco pasaría el juez federal.
En simultáneo, o en relación directamente proporcional a este escenario impensado hasta hace un mes atrás, en el Senado comenzaron a circular las versiones sobre la posibilidad de incluir los pliegos de la Corte dentro de un paquete mucho más amplio en el que se incluirían cargos judiciales para todas las fuerzas políticas.
La torta para repartir incluiría nuevos cargos en el máximo tribunal de Justicia del país, producto de una ampliación de la Corte Suprema a un número que, por el momento, nadie sabe precisar. Para eso se necesita una ley, que se aprueba por mayoría simple, y hay un proyecto vigente, aprobado por el Senado por impulso de Cristina Kirchner, que eleva a 15 el número de jueces supremos.
El cambio de escenario, con la posibilidad de ampliar la Corte y sumar el cargos al paquete de conversaciones, generó ilusión en algunos magistrados que no ocultan sus deseos de ser tenidos en cuenta para esos lugares, como Mariano Borinsky o el siempre candidato Ignacio Mahiques, fiscal de la Ciudad e hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques. De hecho Borinsky tiene previsto viajar el 19 de agosto a Roma para ser recibido por el Papa, a raíz de su rol en la reforma del Código Penal. Va acompañado de la jueza María Eugenia Capuchetti, que integra esa comisión reformadora, y el juez de Cámara de Casación Daniel Petrone, que trabaja en la implementación del nuevo Código Procesal acusatorio. Borinsky pretende venir con la bendición papal, en caso de prosperen sus aspiraciones.
En la mesa de negociación se pondría también la elección del jefe de los fiscales, el procurador general de la Nación, y del Defensor del Pueblo. Se trata de dos cargos que llevan largo tiempo vacantes y que también requieren de mayorías calificadas de dos tercios para elegir a su titular.
Pero hay más. Así, un senador radical le confirmó a LA NACION que los gobernadores del centenario partido estarían negociando el voto de sus senadores a cambio de poder ocupar los cargos en juzgados federales vacantes en sus provincias.
En un despacho peronista reconocieron que la discusión de los pliegos es también una oportunidad para los mandatarios provinciales peronistas, pero fue más allá y agregó al combo los cuatro juzgados de Comodoro Py que se mantienen vacantes,
En el oficialismo de La Libertad Avanza también admiten que Lijo y García-Mansilla terminarán convirtiéndose en el Caballo de Troya de un gran acuerdo del Gobierno de Milei con la “casta” política. “El kirchnerismo se cansó de poner jueces, ahora hay que empezar a balancear un poco el perfil político del Poder Judicial”, justificó un legislador libertario la decisión de entrar en el reparto de jueces.
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