Corrupción y crimen organizado: Omar Perotti sorprendió al postular una jefa de los fiscales resistida por el PJ ortodoxo y la Justicia
El gobernador propuso a María Cecilia Vranicich para conducir el Ministerio Público; tiene la oposición del hombre fuerte de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez y el senador sospechado de pagar sobornos Armando Traferri
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.- Uno de los rounds más importantes de la política de Santa Fe se libró por un puesto clave: el fiscal general de la provincia, que tiene a su cargo la tarea de delinear las estrategias de investigación de la justicia, donde funciona desde 2014 el sistema acusatorio, en el que los fiscales protagonizan las investigaciones y los jueces funcionan como garantes del proceso. La definición de ese nombre genera un impacto transversal en todos los sectores políticos.
Si no ocurre nada extraño, María Cecilia Vranicich será la nueva jefa de los fiscales en Santa Fe, luego de que el jueves la Legislatura apruebe su pliego, después de pasar un concurso y ser propuesta por el gobernador Omar Perotti, después de que quedaran tres candidatos para el cargo.
Luego de un año en el que la justicia provincial rozó por primera vez a sectores políticos con investigaciones dentro del mundo del crimen organizado, como fue el caso del senador Armando Traferri, el puesto de jefe de los fiscales tomó más relevancia.
También se pusieron en marcha gestiones bajo cuerda y negociaciones de sectores políticos, tanto del radicalismo como del peronismo, que pretendían que el fiscal general fuera el camarista Javier Beltramone. El delfín de Traferri y del ministro de la Corte Suprema de Santa Fe Rafael Gutiérrez era Roberto Priú Mantaras, que también quedó fuera de carrera a pesar de quedar primero en la terna del concurso. Este camarista tenía el respaldo de uno de los funcionarios más poderosos de la justicia santafesina y de sectores afines del peronismo.
Cuando Perotti dio a conocer que se inclinaba por Vranicich para liderar la fiscalía de Santa Fe, la noticia no cayó nada bien en sectores ligados al peronismo más conservador. Incluso, sorprendió la decisión del gobernador. Pero en el gobierno sabían que el pliego de Priú Mantaras no iba a pasar el filtro de la Legislatura santafesina, por fallos controvertidos que había tomado el camarista en su pasado. Uno de ellos fue cuando en 2011 el juez, que integraba la Cámara de Apelaciones, junto con Sebastián Creus y Ramón Sobrero, revocó la condena por abuso sexual contra el entonces arzobispo Edgardo Storni, quien murió impune un año después, recluido en un convento en La Falda. Este fallo, y otros dos, le jugaron en contra al candidato de Gutiérrez y, por ende, de Traferri.
La ministra de Gobierno, Celia Arena, señaló que “el gobernador tiene libertad para elegir a cualquiera de los integrantes de la terna que el jurado elevó. En este sentido fue un trabajo muy intenso porque todos y todas quienes conformaron las ternas tuvieron antecedentes, planes de trabajo, la exposición y las entrevistas fueron excelentes, por lo que cualquiera podría haber cumplido la función”. La definición fue “una evaluación integral” considerando los “perfiles, trayectorias, compromiso con el futuro, experiencia en cada uno de los lugares”, apuntó la funcionaria.
La nueva conducción del Ministerio Público de la Acusación será vital para demarcar las estrategias para combatir el crimen organizado en Rosario, donde en varias causas, como la de Esteban Alvarado y la de una red de juego clandestino, empezaron a aparecer nexos políticos con ese universo atravesado por actividades narco y mafiosas. El caso de Traferri fue emblemático porque mostró cómo gran parte del poder político se cerró corporativamente para impedir que este senador peronista fuera imputado en una causa en la que a partir de un crimen en el Casino City Center, de Rosario, se detectó una asociación ilícita que giraba en torno a los beneficios que obtenían en la justicia distintos actores, como Leonardo Peiti, capitalista de juego clandestino, y Los Monos.
El legislador del PJ fue acusado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery de formar parte de esa organización, que pagaba sobornos al jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal y a su mano derecha Gustavo Ponce Asahd, con el objetivo de contar con impunidad. El senador nunca pudo ser acusado en una audiencia pública porque el Senado rechazó el planteo de retirarle los fueros parlamentarios que lo protegían. Los fiscales recurrieron a la Corte Suprema de la Nación para plantear la inconstitucionalidad de dos artículos del código procesal penal y de la Constitución de Santa Fe para poder imputar al legislador.
Vranicich, quien se desempeñaba en la Auditoría General de Gestión del MPA y también fue funcionaria de la gestión socialista en el Ministerio de Justicia, llegará a conducir el principal organismo judicial en un contexto atravesado por el crecimiento del crimen organizado y de un deterioro institucional, que enciende las alarmas. Este jueves, los 50 diputados y los 19 senadores de esta provincia definirán en la Asamblea Legislativa para votar por las nuevas autoridades de dos dependencias clave en materia de Justicia penal: el Ministerio Público de la Acusación -que reúne a los fiscales- y el Servicio Público de la Defensa.
La funcionaria que liderará el Ministerio Público, que nació del nuevo sistema procesal penal a partir de 2014, fue abogada de Graciela Dieser, la madre de Natalia Fraticelli, la joven 15 años de Rufino que murió el 20 de mayo de 2000, cuyo caso fue emblemático y provocó un cambio de fondo en la justicia santafesina.
La Corte Suprema de la Nación anuló el fallo de segunda instancia de la Justicia de Santa Fe que confirmaba la condena contra Carlos Fraticelli y Graciela Dieser, porque dos de los camaristas ya habían intervenido en otras instancias del proceso, poniendo en duda su capacidad de examinar el caso sin prejuzgamientos. Dieser fue absuelta y la resolución terminó por cambiar todo el sistema procesal penal de Santa Fe, que pasó a ser acusatorio. En aquel momento, el fallo de la Corte Suprema de la Nación señaló que la forma en que se juzgaban los delitos en Santa Fe era inconstitucional por no ser imparcial. Ante aquel golpe demoledor, Santa Fe no tuvo otro camino que reformar el modelo de juicio escrito.
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