Correo: Juntos por el Cambio denunció que el Gobierno persigue a Mauricio Macri y a su familia

Juntos por el Cambio denunció que el Gobierno persigue al expresidente Mauricio Macri y a su familia al pedir la intervención y quiebra del Correo Argentino y del grupo Socma, que pertenece a la familia del expresidente. Enfatizaron que está en juego "la independencia de la Justicia" y el "uso político de las instituciones" por parte del kirchnerismo.

Lo hizo en una declaración firmada por el exministro de Justicia Germán Garavano, el exsenador y excandidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto y el diputado nacional Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la magistratura por Juntos por el Cambio.

El trío hizo un racconto histórico de cómo el Estado otorgó la concesión del Correo a Franco Macri, en 1997, y cómo ahora el Gobierno, a través del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal Gabriela Boquín, adherente a Justicia Legítima, promueven "el castigo" de la familia del expresidente avanzando contra su empresa. Mauricio Macri hace más de una década que se desvinculó de las acciones de esa empresa, en beneficio de sus hijos.

"Que la Procuración del Tesoro hoy lleve el caso y participe activamente pidiendo la intervención del órgano de administración de la empresa, y aludiendo a actos de vaciamiento en apoyo de la posición de la fiscal Boquín, desnuda el interés político que tiene el actual Gobierno y la persecución al expresidente y a su familia", dice la declaración, a la que accedió LA NACIÓN.

Los exfuncionarios advirtieron: "Hoy, está en juego la libertad de hacer, de emprender, de participar sin consecuencias, sin ataques, ni venganzas. Está en juego tener una Justicia independiente, sin interferencias políticas. Está en juego un país donde todos seamos iguales ante la ley y que el Estado no haga uso político de las instituciones para perseguir a la familia de un expresidente".

La historia de la concesión, según el documento

El documento señala que en 1997 el Estado nacional otorgó la concesión del servicio postal a la empresa Correo Argentino, perteneciente mayoritariamente a Franco Macri, lo que se plasmó en un contrato de concesión por 30 años.

Señalaron que el Estado estaba obligado a controlar la proliferación de correos no autorizados o irregulares y asegurar que el Correo Argentino tuviera la exclusividad del servicio de Carta Documento, el pago de jubilaciones y pensiones y que fuera el único prestador de servicios postales del Estado. El Correo Argentino debía pagar un canon semestral y comprometerse a inversiones anuales.

"Durante los primeros dos años de concesión, Correo Argentino cumplió con todas sus obligaciones y el Estado con ninguna", dijeron, porque no se controló la competencia y no se pagó por los servicios postales que utilizaba.

A fines de 1999 los incumplimientos del Estado le significaron menos ingresos a Correo Argentino, que entró en crisis. Continuó pagando los salarios de los 11.000 trabajadores pero no pudo cumplir con el canon, lo que derivó en el concurso preventivo, en septiembre de 2001. En 2002, la Sindicatura General del Concurso de Correo Argentino confirmó que la causa de cesación de pago de la empresa fue el incumplimiento del propio Estado.

Pero el documento señala que, "desde 2003, el kirchnerismo está usando la concesión del Correo Argentino para montar una operación de persecución política contra Mauricio Macri y su familia".

Se basaron en el modo en que Néstor Kirchner los despojó de sus activos en 2003 al romper el contrato de concesión 24 años antes de su finalización. Y denunciaron que el Estado "se apropió compulsivamente de los bienes de Correo Argentino por 330 millones de pesos", según el informe del Tribunal de Tasación de la Nación que el Estado presentó.

"El Estado se llevó los bienes y dejó las deudas", dijeron, y mencionaron que "la empresa invirtió cerca de 400 millones de dólares y el Estado la despojó de sus activos".

"Este fue el real y único vaciamiento. Estas prácticas de ahogo, confiscación y ruptura de contratos a concesionarios de servicios públicos eran habituales del kirchnerismo y le costaron al país miles de millones de dólares que en definitiva son afrontados por los argentinos", señalaron y pusieron de ejemplo a YPF y Aguas Argentinas.

El conflicto lleva 20 años y el Estado no aceptó las diversas ofertas de pago que hizo la empresa, a pesar de las recomendaciones de los síndicos y el acuerdo mayoritario de los acreedores.

"En 2007, el 80% de los más de 600 acreedores aceptó una propuesta de pago. Se pidió la homologación del acuerdo. Las sindicaturas lo avalaron. Inexplicablemente el Estado Nacional se opuso y en 2010 la jueza de primera instancia resolvió denegar la homologación del acuerdo", agregaron.

"Ese estiramiento temporal inexplicable fue una estrategia de venganza política y persecución del presidente Kirchner y luego de su esposa para desgastar a Mauricio Macri y sus posibilidades políticas, ya que presentían que era lo que finalmente fue: un competidor político que terminó ganando la Presidencia de la Nación", dice el comunicado.

La acusación contra Boquín y Zannini

En 2016, Correo Argentino, una vez más, presentó una propuesta para pagar. "Sin embargo, la fiscal Boquín, afín a la entonces jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó, de Justicia Legítima, impugnó esta propuesta aduciendo y esgrimiendo teorías sobre vaciamiento al Estado".

Garavano, Pichetto y Tonelli dijeron que "Boquín había mantenido un estricto silencio durante años, pero se puso activa en los últimos cuatro años del gobierno de Macri".

"La fiscal Boquín le hizo creer a la opinión pública que Correo Argentino quería pagar solamente el 1,2% de la deuda. Calculó ese número con un criterio absolutamente irracional, aplicando tasas altísimas, en forma multiplicada y potenciada, capitalizándolas mes a mes, hasta el año 2032, para arrojar una cifra descabellada [$70.000 millones] que conmocionó a la opinión pública", sostuvieron.

Y denunciaron que "la acción de Boquín fue sostenida por una operación plagada de mentiras y falsedades de medios y periodistas afines al kirchnerismo y se convirtió en el escándalo público".

Los funcionarios dijeron que no hay explicación para que la Procuración del Tesoro siga con el caso, salvo el interés político del Gobierno, ya que en otros concursos de empresas con deudas con el Estado no interviene del mismo modo.

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