Correo Argentino: piden información a Austria y el Banco Central Europeo antes de resolver la propuesta de los Macri

Lejos de las pretensiones de la familia Macri, la definición sobre el Correo Argentino quedará para más adelante. La fiscal general ante la justicia en lo comercial, Gabriela Boquín, concluyó que existen múltiples lagunas e inconsistencias todavía pendientes de una respuesta sólida antes de determinar si es viable la última oferta que presentó el Grupo Socma para acordar con sus acreedores o si, por el contrario, debe ser rechazada.

Boquín expuso sus objeciones en un dictamen de 71 fojas que completó durante las últimas horas y en las que planteó sus dudas y cuestionamientos al último peritaje contable que se presentó en el expediente del concurso y quiebra del Correo, como así también enumeró los indicios de nuevos posibles delitos que habría cometido el holding familiar y que pidió que investigue la justicia penal.

Boquín requirió además que se libren exhortos a Austria y al Banco Central Europeo (BCE) para que aporten la documentación que posean sobre las operaciones comerciales que el banco Meinl Bank mantuvo con Franco Macri y Socma Americana durante las últimas décadas. En particular, en el momento de comprarle sus acreencias al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, para luego presentarse en el concurso del Correo Argentino y dar su apoyo a las propuestas del holding.

En esa línea, la fiscal pidió también que se solicite a LA NACION que aporte la documentación en que basó la investigación que publicó la semana pasada. Allí se reveló que el Meinl Bank compró las acreencias del BID y de la CFI por más de 120 millones de dólares y luego se presentó en el concurso por orden de Franco Macri, quien recurrió a una sociedad en el Principado de Liechsteinstein para esa operación, a espaldas de la Justicia argentina.

“Resulta indispensable la ampliación de las medidas de investigación considerando el estado actual del concurso, los nuevos hechos que surgieron en ambos incidentes de investigación, con el fin de contar con la información completa correspondiente a la actuación de la concursada relativa a su patrimonio luego de su presentación concursal”, argumentó la fiscal. Eso permitiría “clarificar la situación patrimonial de la deudora luego de transcurridos más de diecinueve años desde la presentación en concurso preventivo, sin haber logrado hasta la fecha la homologación de la propuesta, lo cual no es habitual, ni regular”, estimó.

La jueza en lo comercial a cargo del concurso, Marta Cirulli, deberá evaluar ahora si admite las nuevas medidas de prueba solicitadas por la fiscal o si, por el contrario, toma una decisión sobre la propuesta de pago que los Macri presentaron el 28 de marzo para levantar la quiebra del Correo y evitar así que los problemas se extiendan hacia el Grupo Socma.

En un replanteo sorpresivo de sus anteriores propuestas, los Macri ofrecieron cancelar su deuda con el Estado nacional en un pago único e “íntegro”, a abonarse en el plazo de los 30 días posteriores a la fecha en que la Justicia defina a cuánto asciende ese monto. La familia del expresidente estima que podría rondar los 1000 millones de pesos, en tanto que para el fisco podría superar los 4500 millones de pesos.

En su presentación del 28 de marzo, los Macri también reformularon la oferta de pago a sus acreedores privados quirografarios. Ofrecieron pagarles en diez cuotas anuales, más una cuota adicional que cubriría los intereses acumulados, en tanto que expusieron duras críticas contra la fiscal Boquín y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini.

Para los tres grupos de síndicos que intervinieron en el expediente, la nueva propuesta de los Macri habría obtenido el apoyo de las mayorías de voluntades y de capital requeridas por la ley, por lo que podría prosperar, en tanto que el Estado nacional podría ser declarado “acreedor hostil”, por su negativa a aceptarla, que explicitó Zannini.

Para la fiscal Boquín, en cambio, resulta prematuro definir si es válida la propuesta de pago de los Macri, dadas las múltiples preguntas pendientes de respuesta que se acumulan en un expediente que lleva casi dos décadas de tramitación. En su nuevo dictamen, la fiscal pidió medidas de prueba adicionales, como así también que el perito contador responda las observaciones que planteó, que se amplíe esa pericia contable, y que se envíen exhortos a las autoridades bancarias de Austria y al Banco Central Europeo, y oficios al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Boquín requirió, además, que el Grupo Socma presente los registros contables que van de 2015 a 2018, y que se remita su propio dictamen y documentación adicional a la unidad antilavado (UIF) y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) “a los efectos que estime corresponder”, como así también a la justicia penal “ante la posible comisión de delitos” detectados en los últimos balances analizados del Correo Argentino.

“Para el caso que se dicte sentencia que soslaye las cuestiones involucradas que se han expuesto -cerró la fiscal Boquín dirigiéndose a la jueza Cirulli- desde ya formulo reserva para ocurrir por la vía extraordinaria federal ante la Corte Suprema de Justicia”. Recurriría al máximo tribunal del país, le anticipó, para defender “la función constitucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación”, como así también “el derecho de propiedad de los acreedores”.

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