Coronavirus: promueven arrestos domiciliarios para los presos con enfermedades, de más de 65 años y embarazadas

El procurador bonaerense Julio Conte Grand firmó hoy una instrucción general dirigida a defensores y fiscales de la provincia para que analicen de inmediato la posibilidad de requerir la "detención domiciliaria" u otros medios de "morigeración de la prisión preventiva" para los detenidos que integran la "población en mayor riesgo" ante el avance del coronavirus.

Forman ese grupo los presos mayores de 65 años, las embarazadas o mujeres en período de lactancia y los que tienen problemas de salud. En su instrucción de hoy, Conte Grand hizo especial mención a los diabéticos, los que tienen una depresión inmunológica de cualquier origen, los que sufren insuficiencia renal, los hipertensos, los pacientes cardíacos, los trasplantados, los que tienen patologías oncológicas y los que tienen patologías o infecciones respiratorias.

De acuerdo con datos oficiales a los que accedió LA NACION, los presos de más de 65 años son 644 y los enfermos con patologías de alto riesgo, 2468. Dentro de este último grupo están los que tienen tuberculosis (233), SIDA (476) y diabetes I y II (809). También, los 950 internos que tienen las siguientes patologías: enfermedades respiratorias tales como neumonía y EPOC, cáncer y afecciones que requieren diálisis. Las madres con niños y bebés dentro de las cárceles son 58 y las embarazadas, 20.

Si bien Conte Grand promueve el arresto domiciliario, advirtió en su instrucción que deberá analizarse si es pertinente hacer el pedido "de acuerdo a las particularidades fácticas y normativas de cada supuesto". Todos los pedidos deben ser resueltos por los jueces. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires también sigue de cerca el tema.

Tal como adelantó LA NACION, la amenaza de que el coronavirus entre en las cárceles bonaerenses, con récords históricos de superpoblación, tiene en alerta a los funcionarios de la provincia de los diferentes poderes del Estado. Evitar que haya contagios intramuros es el primer objetivo; el segundo, proteger a las poblaciones de riesgo.

Por eso, el gobierno bonaerense ve con agrado una medida como la de Conte Grand, que podría ayudar a disminuir la población carcelaria que está más expuesta a la pandemia.

Cortar los contactos entre los detenidos y el mundo exterior requeriría prohibir los traslados y también las visitas. En los penales de la provincia de Buenos Aires, que tienen 45.000 presos cuando la capacidad –en el mejor de los casos- es para 28.000, el riesgo de violencia dentro de las prisiones es alto. Tanto los funcionarios políticos como los judiciales tienen claro lo que pasó en Italia, donde la reacción a las medidas restrictivas generó una ola de revueltas en 27 penales, con caos y muertos.

El alojamiento de los presos es responsabilidad del Poder Ejecutivo; en el sistema bonaerense, de Axel Kicillof, pero la decisión de encarcelar o sacar de prisión a una persona es siempre de los jueces. La semana pasada, Kicillof declaró la emergencia sanitaria en la provincia. El decreto que firmó instruye "a los ministros, secretarios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad y al titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, a adoptar las medidas necesarias para prevenir la propagación del virus en los establecimientos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario y en las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires".

Contra la tortura

En línea con lo dispuesto por Conte Grand, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura le recordó la semana pasada al estado su condición de "garante" de la situación de los detenidos ante el coronavirus, situación agravada por "el hacinamiento, las deplorables condiciones de detención y la falta de acceso a la salud" en los establecimientos carcelarios.

El Comité le recomendó a los jueces resolver "con la mayor celeridad posible las solicitudes de arresto domiciliario para la población de riesgo" y evitar que sigan detenidos quienes estén en condiciones de "acceder a los beneficios previstos por la ley para la soltura anticipada".

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