Coronavirus: murió un preso por delitos de lesa humanidad en el penal de Campo de Mayo y hay 28 contagios
LA NACIONMariano De Vedia
Un detenido muerto y 28 casos positivos de Covid-19 se registraron en la Unidad Penal Federal 34 de Campo de Mayo, que reúne a militares presos en causas de lesa humanidad, revelaron a LA NACION fuentes vinculadas con el ámbito castrense. El fallecido es Juan Domingo Salerno, exrepresor de la Policía bonaerense durante la dictadura militar. El lunes pasado murió, además, por neumonía el coronel Edberto González de la Vega, quien estaba alojado en el mismo pabellón que los 28 contagiados y fue derivado al hospital militar de Campo de Mayo, pero no hay constancias de que hubiera fallecido por coronavirus.
Según pudo saber LA NACION, se realizaron 48 hisopados en la U-34 de Campo de Mayo y 28 de ellos resultaron positivos. Habría, además, 16 guardia cárceles aislados. Entre los contagiados figura Julio Simón, conocido como "el Turco" Julián, un exrepresor de la Policía Federal.
La unidad penal alberga a 70 presos en dos pabellones, todos por delitos de lesa humanidad, con un promedio de edad de 74 años. Los hisopados se realizaron el miércoles en los pabellones A y B de la U-34.
Los infectados con resultado positivo, pero asintomáticos, fueron trasladados al Hospital Penitenciario Central de Ezeiza y al Hospital Muñiz. Los que requieren internación fueron derivados a los hospitales militares. En el penal de Campo de Mayo, en tanto, permanecen alojados 39 detenidos, no contagiados. Las fiscalizaciones para todos los traslados están cargo del Servicio Penitenciario Federal.
Presagio anunciado
Fuentes cercanas a los militares presos confiaron que 11 enfermos de la cárcel de Ezeiza, tres en silla de ruedas y otros con pañales y bastones, fueron remitidos a un pabellón común del penal, sin instalaciones mínimas, porque necesitaban el hospital para internar infectados por el coronavirus".
"Hay indignación, impotencia y temor en los familiares de militares y policías detenidos", afirmó a LA NACION el doctor Ricardo Saint Jean, uno de los abogados que participa de las defensas de los imputados en los procesos judiciales.
Recordó que la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia envió sendas notas a los presidentes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma; al procurador general, Eduardo Casal, y a la interventora en el Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, en las que planteaba la situación de "emergencia sanitaria originada por la propagación del virus Covid-19" y reclamaba que se otorgue la prisión domiciliaria a los detenidos que conforman un "grupo etáreo vulnerable".
"Más de 225 ancianos acusados de delitos de lesa humanidad, cuya edad promedio es de 74 años, todavía permanecen en cárceles que representan un peligro para su salud y que ahora, debido al acaecimiento del Covid-19, implican un notorio agravamiento de sus condiciones de detención y una concreta amenaza a sus vidas", expresaron en abril último a Rosenkrantz el presidente y el secretario de dicha asociación, los abogados Alberto Solanet y Carlos Bosch.
La Unidad 34 de Campo de Mayo se había dejado de usar en 2013 y fue habilitada nuevamente como prisión militar en 2016.
El fallecido Salerno, de 72 años, fue oficial de la policía bonaerense e integró grupos de tareas que respondían al comisario Miguel Etchecolatz, en los centros clandestinos de detención de Avellaneda y de La Tablada. Su nombre fue incluido en el informe de la Conadep. Pertenecía a una comisaría de Berazategui y afrontó recientemente causas en el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Pablo Augé.
González de la Vega, que murió por una neumonía, cumplía en Campo de Mayo una condena a 13 años de prisión por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, al comprobar la Justicia que fue provocada intencionalmente para ocultar pruebas en la investigación del contrabando de armas.
Hasta el 20 de junio pasado, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad recibió 107 pedidos de prisión domiciliaria y excarcelación y el 73% de los casos fueron denegados.
Actualmente hay 592 causas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 263 están en etapa de instrucción, 245 ya tuvieron sentencia, 17 se encuentran en pleno juicio y 67 fueron elevadas a juicio. Hay 905 imputados detenidos y 1562 esperan la resolución de sus casos en libertad. En tanto, 649 están con arresto domiciliario, según datos de la Procuraduría contra Crímenes de la Humanidad.
Por Mariano De Vedia
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