Coronavirus: la Corte bonaerense intervendrá para regular las liberaciones masivas

La Suprema Corte bonaerense buscará poner orden ante tanta polémica. Admitirá discutir la situación de los presos en la provincia de Buenos Aires para dar un mensaje, intentará poner reglas más claras y procurar conjugar el derecho a la salud de los presos en las cárceles bonaerenses en el escenario de la pandemia, sin dejar de garantizar la seguridad pública y el derecho de las víctimas.

Este era el ánimo del máximo tribunal bonaerense durante el fin de semana largo, en el cual hubo reuniones entre los jueces por videoconferencia por la plataforma Teams para discutir los temas de la gestión judicial durante la epidemia. Allí vieron con alarma el debate público en torno de las libertades y que desde el Gobierno apuntaban a los jueces como los responsables.

Los jueces se reúnen virtualmente dos o tres veces por semana, no solo cuando hacen su acuerdo. Se dieron la firma digital, que les permite resolver sus causas a la distancia. Fueron pioneros en dictar sentencia desde la virtualidad. Con esta herramienta pueden dar una respuesta rápida en un tema que los sensibiliza. El presidente Daniel Soria y los jueces Eduardo De Lázzari, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres están en acuerdo permanente.

El asunto llegará finalmente mañana a sus escritorios de la mano de la causa que fue la llave que abrió las cárceles bonaerenses para los presos. Se trata del habeas corpus colectivo que presentaron defensores oficiales de la provincia y que acogió el juez de Casación Víctor Violini. Antes de resolver hubo una audiencia púbica de la que participaron el defensor Mario Coriolano, el fiscal Carlos Altuve, y, por el gobierno bonaerense, el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Lisandro Pellegrini, otrora mano derecha de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y el subsecretario del Ministerio de Seguridad, Darío Ruiz.

En una decisión que lleva su sola firma, Violini resolvió de manera genérica que tengan arresto domiciliario los presos por delitos leves en situación de riesgo "o por patologías preexistentes" de listados que elaboró el gobierno provincial y "las actualizaciones que se vayan agregando". Y que los imputados o condenados por delitos graves de esos listados sean analizados por cada juez antes de darles arresto domiciliario o aislarlos en prisión".

Esta decisión fue apelada por el fiscal ante la Casación bonaerense Carlos Altuve, pero el juez Ricardo Borinsky de la Casación bonaerense rechazó el recurso extraordinario para llegar por esa vía a que la Corte revise el asunto. Altuve ahora presentará mañana un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal provincial.

Pretende que la Corte restablezca el orden. Y algo adelantó ya en el recurso extraordinario. Dijo que el fallo de Violini priva a cada juez de resolver en su caso, los corre del medio y es cada magistrado el que conoce a su preso, su causa, la gravedad de los delitos y el perjuicio o no que puede traer para la víctima. Altuve entiende que el fallo de Violini es "absurdo", y "arbitrario", pues no explica a quiénes alcanza ni están determinadas las categorías de delitos graves o leves. Y, lo peor, deja en manos del Poder Ejecutivo la decisión de a quién dar arresto domiciliario, porque señala que se otorgará a los presos que figuren en una lista que el Ministerio de Justicia bonaerense y los que se agreguen en el futuro. A libro cerrado y sin control de ningún juez. Estas cuestiones hacen que Altuve invoque una situación de gravedad institucional y que se traten de manera urgentísima por tratarse de un habeas corpus.

El procedimiento en la Corte bonaerense es que el primer análisis que se hace es de admisibilidad, es decir, se resuelve si hay razones para admitir o no el recurso. Este criterio es muy restrictivo. En la Corte esperan el recurso de queja. Un análisis preliminar hace presumir que los jueces declararán admisible el caso. Tienen la voluntad de dar una respuesta. Piensan las alternativas que le den mayor celeridad al trámite, dentro de la complejidad que reviste el asunto. Los argumentos son la situación de gravedad que supone la decisión de Violini y la necesidad de dar un mensaje al Poder Judicial.

Sin dejar de lado la cuestión central, que es que hay 48.827 presos en las cárcelesbonaerenses que solo tienen lugar para 25.000. Es decir, una sobrepoblación, hacinamiento y condiciones de detención imposibles, agravadas por la pandemia.

La gente está enojada y será una oportunidad de llevar tranquilidad. Si pasa ese primer examen de admisibilidad, lo que parecería probable, al menos para algunos de los magistrados, el caso pasa a la fase de resolución. Allí le darían vista al procurador general, Julio Conte Grand, y los jueces estarían en condiciones de abocarse al fondo del problema.

Un escenario posible es que avancen con la idea de que cada caso lo resuelva el juez natural de cada causa, dando marcha atrás a la idea general de Violini de disponer arrestos domiciliarios generales en las categorías que estableció.

Hay cuestiones jurídicas y no jurídicas, cuestiones que resolver desde el derecho y otras recomendaciones sanitarias, por lo que la Corte podría analizar un protocolo general de salud y luego disponer que los jueces de primera instancia atiendan cada caso, con lo que restablecería el equilibrio y frenaría esta atropellada de los defensores oficiales que vienen ganando terreno. Con prudencia para decir que sí y para decir que no.

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