A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:
- El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se bajó el sueldo un 45 por ciento. Además anunció que mantendrá su decisión durante los próximos cuatro meses. En Mendoza, ningún funcionario público puede cobrar más de 50 mil pesos hasta que amaine la pandemia. Hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, propuso reducir los sueldos de los funcionarios un 25 por ciento, y aclaró que lo iba a dejar librado a la voluntad de cada uno. Pero el presidente Alberto Fernández sigue sosteniendo, por ahora, que bajar el salario a los funcionarios públicos de la administración nacional, aunque sea de manera simbólica, sería una medida demagógica, porque no tendría ningún impacto real en el gasto público. Para justificar su razonamiento, el presidente puso el ejemplo de Carla Vizzoti, la secretaria de Salud de la Nación, una funcionaria abnegada que informa día a día sobre la curva de contagiados y muertos por el Covid-19. Pero su razonamiento es más complejo. Lo desarrolló el 5 de abril.
- Al Presidente no le molesta que los miembros de la Corte Suprema se hayan bajado el ingreso un 25 por ciento. Pero aclara: "Mirá que yo gano mucho menos, eh". Alberto Fernández sostiene –y lo dice como si fuera eso un certificado de honestidad o garantía de buena persona- que ninguno de sus funcionarios tiene fondos en el exterior, una cuenta off-shore, empresas y utilidades de donde obtienen dinero.
- Primero: tener una empresa no es delito ni pecado. Al contrario: acá o en el mundo, si uno funda una compañía y lo hace de manera honesta, está cumpliendo un servicio a la comunidad, como es el de dar trabajo.
- Segundo: tener fondos en el exterior, off-shore, tampoco es un delito. El delito es no declararlos. El delito es no pagar impuestos sobre esos fondos. El Presidente debería saberlo. Alberto Fernández reconoce que la mayoría de los que blanquearon lo hicieron porque el sistema los obligó. Entonces, ¿por qué los quiere castigar de nuevo después del blanqueo? ¿No le importa acaso, la continuidad jurídica de un Estado?
- La economía poscoronavirus no va a salir adelante con un presidente antiempresario. Al contrario: deberá el Estado ayudar, y mucho, a las empresas grandes, medianas y pequeñas, para empezar a salir de la que va a ser la peor crisis económica de la historia del mundo, y de la Argentina también.
- El Presidente les dijo "miserables" a los empresarios. Debería saber que en el mundo empresario hay de todo. Incluso empresarios que se negaron a pagar coimas de funcionarios del gobierno que usted, en su momento, Alberto Fernández, también integró.
- El Presidente dice que revindica la política. Yo también. Pero no toda la política, sino el servicio público que implica hacer política. Debería ser parecido al servicio público que reivindica Estefanía Mazza Diez, la médica cirujana de Mar del Plata que la semana pasada le escribió al jefe de Estado. Estefanía fue muy amable pero muy firme y clara. Le dijo que ella también estaba a disposición 24 horas para salvar vidas, pero que sin embargo ganaba 40 mil pesos.
- El problema del despilfarro de la política, quizá no esté en el salario que percibe el Presidente o Carla Vizotti, sino más bien en los gastos. En los viajes, los privilegios, la enorme cantidad de asesores. Los cargos políticos de los ministerios, las secretarías, las direcciones. Los altos sueldos y los enormes negocios que se pueden hacer en organismos como PAMI o los ministerios que acumulan denuncias por sobreprecios,Aerolíneas Argentinas y los bancos oficiales. También las embajadas, las comidas y el privilegios que reciben a veces de manera documentada (total, el Estado paga) y, otras, por debajo de la mesa.
- Pero no solo va para Alberto Fernández. Tampoco quieren saber nada con ajustarse las dietas los diputados y senadores nacionales que impulsan el proyecto del impuesto extraordinario para los patrimonios de 3 millones de dólares en adelante. Ellos dicen: hagamos de Robin Hood, pero la mía no me la toquen. Ni la dieta, ni la cantidad de asesores, ni los pasajes, automóviles y viáticos que, en la mayoría de los casos, son pagados por el Estado.
- Por eso, a un mes de la cuarentena, hay una pregunta pertinente para hacer sobre el ajuste de la política: ¿no tiene un impacto real o es que nadie se quiere poner a analizar cuál sería el verdadero impacto? Porque además de los salarios, lo que se debe discutir es el criterio de los gastos. Desde la cantidad de asesores hasta las decisiones sobre cómo se deben disponer las partidas presupuestarias.
- El próximo domingo, en La Cornisa, por LN+, vamos a revelar decisiones caprichosas que implican no solo un enorme gasto, sino también una clara sospecha de corrupción, porque de otra manera no se explica cómo se tomaron. Y el enorme gasto no lo determinó ningún funcionario de segunda línea, sino una de las figuras políticas más importantes del país, si no es la más importante. Cuando un economista como Roberto Cachanovsky sostiene que haciendo bien las cuentas se podría ahorrar, en toda la administración pública, hasta 6 mil millones de dólares, y que esa masa de dinero se podría aplicar a dinamizar la economía, que hoy está en ruinas, del otro lado le gritan: "Cállate, que vos sos un gorila. Y sos de derecha". Sin embargo, más allá de los gritos, nadie quiere discutir con él, con una calculadora en la mano.
Por Luis Majul
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