Coronavirus en la Argentina: los gastos extras por la pandemia rondaron los $450.000 millones
LA NACIONLaura Serra
Los programas presupuestarios destinados a atender los gastos de la pandemia insumieron un total de $449.739 millones durante el primer semestre de este año. Así lo señala el informe de ejecución presupuestaria que elaboró la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el cual advierte que, en virtud de estas erogaciones extraordinarias, el gasto primario se incrementó en un 22,3% en términos reales respecto del mismo período del año pasado.
Esta suba se explica casi en su totalidad por las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento obligatorio, indica el informe; si no se las hubiese instrumentado, el gasto primario habría crecido apenas el 3,2% real en comparación con el primer semestre del año anterior.
El aumento sideral del gasto y el desplome de los ingresos producto de la caída de la recaudación impositiva impactaron negativamente en los resultados finales del primer semestre. En efecto, según el informe de la OPC, en ese lapso la administración pública nacional registró un déficit primario de $911.124 millones, cuando en el mismo período del año pasado se había registrado un superávit de casi $54.000 millones.
Ese rojo fiscal fue financiado con recursos provenientes del Banco Central, que durante estos primeros seis meses giró al Tesoro la friolera de $940.000 millones, lo que logró compensar la caída de la recaudación tributaria y de los recursos de la seguridad social.
El fuerte incremento del gasto tuvo, sin embargo, un par de atenuantes. Según señala el informe, la caída en el pago de los intereses de la deuda (-38,7% interanual) provocó que la suba de los gastos totales tuviera una expansión más moderada del 10,9%. Por otra parte, la ejecución presupuestaria en estos primeros seis meses muestra una fuerte reducción de los gastos de capital (inversión en infraestructura), del 13,8% en términos reales.
Bielsa y Galmarini, los extremos
Sin embargo, esta caída en los gastos de infraestructura no impactó a todos los programas por igual. En un extremo se observa un desplome en el gasto dedicado a vivienda y urbanismo, área que maneja la ministra María Eugenia Bielsa: el gasto en esta partida cayó un 71,8% respecto del mismo período del año anterior.
En el otro extremo, se verificó un incremento sustancial en las erogaciones en la función agua potable y alcantarillado, que subió 142% interanual. Las beneficiarias de este refuerzo de fondos fueron AySA y su titular, Malena Galmarini, con una partida extra de $4275 millones para financiar gastos corrientes. Para afrontar gastos de capital, AySA tuvo otro refuerzo de $11.000 millones, según el sitio oficial del Ministerio de Economía.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también recibió una partida extra de $4379 millones para la construcción de hospitales modulares de emergencia; mientras que el ministro de Transporte, Mario Meoni, obtuvo un refuerzo de aportes de capital para la empresa Aerolíneas Argentinas, que incrementó su partida de $5284 millones a $14.100 millones. De todas maneras, no todas son buenas noticias: según los datos publicados por el Ministerio de Economía, las partidas destinadas a inversiones y obras de infraestructura de ambos ministerios registraron alarmantes niveles de subejecución en estos primeros seis meses.
Ampliaciones presupuestarias
Para afrontar estas erogaciones de emergencia, el Gobierno debió ampliar en sucesivos decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas el presupuesto prorrogado del año pasado. Según se detalla en el informe de la OPC, dichas ampliaciones totalizaron, durante este primer semestre, $845.413 millones, lo que representa un 17,4% de suba respecto del presupuesto inicial.
Debido a la alta ejecución de numerosas partidas, sobre todo aquellas destinadas a afrontar gastos corrientes, el Gobierno anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para reforzar estas ampliaciones hasta fin de año. La intención es evitar las críticas de la oposición por el abuso de los llamados "superpoderes presupuestarios" en manos del jefe de Gabinete, para reasignar partidas de manera discrecional.
Buena parte de esos refuerzos presupuestarios fueron a atender los gastos de la pandemia. Las erogaciones más importantes correspondieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con casi $180.000 millones en este primer semestre, y al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que insumió $132.000 millones. En tercer lugar, figuran las jubilaciones y pensiones, que significaron unos $114.000 millones. Sobre este punto, el informe de la OPC advierte que el mes pasado las jubilaciones y pensiones cayeron en términos reales por primera vez en el semestre (1,4%), pero los bonos complementarios hicieron que los haberes menores aumentasen 11,7% por encima de la inflación.
Por Laura Serra
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