Coronavirus en la Argentina: sancionan una ley que otorga protección jurídica a los laboratorios que suministren la vacuna

Por amplia mayoría, aunque con fuertes advertencias y prevenciones de la oposición por las concesiones que les otorga al Poder Ejecutivo y a las farmacéuticas, el Senado sancionó la ley que le garantiza un virtual blindaje jurídico a los laboratorios con los que el Estado pretende sellar contratos para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19.

La ley, que fue sancionada por 56 votos a favor y 12 en contra, declara de interés público la Investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de la vacuna y su sanción fue reclamada con urgencia por el Gobierno con el argumento de que es necesario ubicar a la Argentina entre los países con prioridad para acceder a la provisión de la vacuna.

Sin embargo, desde la oposición se escucharon duros cuestionamientos por las fuertes concesiones jurídicas que la norma faculta al Poder Ejecutivo a otorgar a los laboratorios al momento de firmar los contratos.

Los puntos más cuestionados fueron la falta de un valor de referencia de las dosis a adquirir y las cláusulas que blindan jurídicamente a los laboratorios al establecer la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales extranjeros, la garantía de indemnidad patrimonial ante eventuales reclamos por daños o efectos adversos y la confidencialidad sobre los excipientes de las vacunas.

Tantas prevenciones llevaron a que la oposición votara divida. Una parte apoyó en general el proyecto y se abstuvo en los artículos más controvertidos. La otra, lo votó en contra y respaldó un dictamen en minoría impulsado por las radicales María Belén Tapia (Santa Cruz) y Silvia Elías de Pérez (Tucumán).

El oficialismo cerró filas y apoyó sin cortapisas la iniciativa y rechazó los cuestionamientos lanzados desde la oposición.

"Hoy estamos brindando una herramienta al Gobierno nacional para una posible vacuna", afirmó Ana Almirón (Corrientes), quien justificó la urgencia en el hecho de que "de las seis mil millones de unidades que se fabricarían, la mitad ya están reservadas por los países desarrollados".

Además, defendió la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros equiparando la cláusula con las cedidas en la negociación de la deuda y dijo que la indemnidad por daños "no alcanza a terceros afectados, que pueden reclamar ante los tribunales nacionales".

"Dudas e incertidumbre"

También defendió la garantía de confidencialidad, al afirmar que "de ninguna manera esto implica que se va a adquirir una vacuna que no tenga conocimiento tanto de la Anmat como del Ministerio de Salud".

Respondió de esta manera a las críticas planteadas por el radical Mario Fiad (Jujuy), quien señaló que había "artículos que generan muchísimas dudas e incertidumbres".

"Estamos ante un proyecto que consagra excepciones y le suma amplias facultades a un Poder Ejecutivo que ya viene gobernando con poderes de excepción", afirmó el presidente de la Comisión de Salud.

Más crítica aún fue la santacruceña Tapia, quien demolió los aspectos más controvertidos de la iniciativa. Así, dijo que la norma "establece una suerte de blindaje sobre los laboratorios a través de la prórroga de jurisdicción y la renuncia de la inmunidad soberana" y se preguntó "por qué piden los laboratorios estas condiciones y por qué estamos dispuestos a dárselas".

"Estas cláusulas son las resultantes de un mercado internacional en el que, por su propia naturaleza, lo que prima es el lucro y la ganancia, no la salud o el interés general", advirtió Tapia.

Por último, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) fustigó el doble discurso del kirchnerismo al recordar que "en gobiernos anteriores les fastidiaba la prórroga de jurisdicción". "Ahora adhieren tan mansamente a esta transferencia de jurisdicción", concluyó.

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