Coronavirus: desde que se inició la pandemia, la Justicia otorgó el arresto domiciliario a 17 represores y se lo negó a 41
Por Mariano De Vedia y Candela Ini
La pandemia del coronavirus motivó una ola de pedidos de condenados por delitos de lesa humanidad para que se les conceda el arresto domiciliario, un planteo que recobró actualidad a partir de la prisión domiciliaria otorgada al exvicepresidente Amado Boudou. De 104 represores que solicitaron a la Justicia regresar a sus casas, a 41 de ellos se les rechazó el pedido, mientras que 17 recibieron el beneficio, de acuerdo con los datos publicados esta semana por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que depende del Ministerio Público Fiscal.
Es decir que los jueces hicieron lugar a los planteos en el 30 por ciento de los casos que resolvieron hasta el momento. Mendoza es la jurisdicción con más domiciliarias otorgadas.
En la lista de población carcelaria en riesgo sanitario elaborada por el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) están los nombres de decenas de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Hasta ahora, el criterio adoptado por la fiscal Ángeles Ramos -titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad-, que dictaminó en calidad de fiscal, es que integrar el grupo de riesgo en el contexto de la pandemia no es un motivo suficiente para obtener el arresto domiciliario.
En una alusión especial a la situación en Campo de Mayo, Ramos remarcó que allí no se sufre hacinamiento. "Los represores allí alojados están bien atendidos, el hospital intramuros funciona adecuadamente y tampoco hubo casos sospechosos reportados", consideró.
Uno de los represores a los que le fue denegado el beneficio de la domiciliaria es Raúl Gugglielminetti, exagente de inteligencia que integró el Batallón 601 y está preso en Ezeiza. En ese caso, la decisión fue unánime en dos de los tres tribunales que lo condenaron y que tuvieron que resolver: el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) y el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6). Aún queda pendiente que resuelva, sobre otro de sus pedidos, el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1).
El mismo TOF 5 -integrado por Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrian Grünberg- también le rechazó el beneficio de la domiciliaria a Adolfo Donda, condenado a prisión perpetua por su responsabilidad en los crímenes de la ESMA. Mientras que las defensas de Gugglielminetti y Donda plantearon el riesgo de sus defendidos a contraer coronavirus, los jueces se basaron en un informe elaborado por el SPF y sostuvieron que en la Unidad 31 de Ezeiza se les brinda "la mejor calidad de atención médica disponible en un contexto de pandemia". Consideraron que es necesario que sigan cumpliendo sus condenas aislados en una cárcel común.
Se espera que definan, la próxima semana, sobre los planteos que hicieron los represores condenados por los delitos en la ESMA Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta para recibir el mismo beneficio.
Todavía hay casos por resolver en los que los tribunales que deben decidir ordenaron conformar juntas médicas con el Cuerpo Médico Forense de la Corte para que elaboren nuevos informes.
Los casos en Mendoza
En Mendoza se le concedió el arresto domiciliario a nueve condenados por delitos de lesa humanidad que invocaron el riesgo a contraer coronavirus en prisión. La Justicia les otorgó un arresto domiciliario cautelar y provisorio mientras permanezca el estado de excepción sanitaria.
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y familiares y víctimas del terrorismo de Estado plantearon allí que se oponían a las domiciliarias y que en la mayoría de los casos, aunque las defensas plantearon el riesgo de que sus defendidos puedan contraer coronavirus, no indicaron cuál sería el fundamento que justificaría su urgente traslado a su domicilio.
En el caso de Juan Carlos Santamaría, exjefe de la División Inteligencia de la IV Brigada Aérea y condenado a prisión perpetua, uno de los jueces del Tribunal Oral Federal Criminal 1 de Mendoza aludió a las condiciones de la Unidad en la que se encuentra alojado y fundamentó en el fallo: "Si bien cuenta con una enfermería, no aparece como una unidad específica de resguardo en caso de producirse un caso de Covid-19". Los jueces Alejandro Piña y Héctor Cortés votaron a favor de la prisión domiciliaria, mientras que el juez Alberto Daniel Carelli se opuso.
Uno de los jueces que votó en favor de conceder el beneficio señaló: "No puedo ignorar que la aparición de la pandemia del Covid-19 modifica las reglas de juego vigentes en tiempos normales. Y si bien otrora las medidas sanitarias de la Unidad 31 aparecían a mi juicio suficientes aún en casos de personas de edad avanzada, y justificaban para mí la permanencia en prisión de aquellos acusados o condenados que padecieran ciertas patologías, hoy estimo que la situación ha cambiado".
En esa jurisdicción se les concedió el arresto domiciliario a Oscar Bianchi, Pedro Linares, Vicente Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Oscar Simone, Juan Carlos Ponce Ochoa y Segundo Héctor Carabajal.
Los pedidos de los militares
Las organizaciones que defienden los derechos de los militares presos por causas de lesa humanidad denuncian que sufren un trato discriminatorio y lo comparan, por ejemplo, con la decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Boudou, adoptada por el juez Obligado. Advierten que "sistemáticamente" se niega el mismo beneficio a los detenidos uniformados, que presentan graves problemas de salud y son mayores de 70 años.
El coronel retirado Guillermo César Viola, miembro fundador de la Unión de Promociones, dijo a LA NACION que 2438 uniformados de todas las fuerzas y civiles pasaron por distintas situaciones procesales. Contabiliza allí a los condenados, procesados y fallecidos. De acuerdo con sus registros, actualmente hay 997 condenados, 881 procesados -53 se encuentran en penales comunes- y 560 muertos. "Los fallecidos son el 22,97% del total. Solo 72 tenían sentencia firme y 488 no la tenían", afirmó.
La Unión de Promociones advierte que hay 753 uniformados con prisión domiciliaria y 193 presos en los 19 institutos penales de los servicios penitenciarios de todo el país.
En cuanto a las prisiones preventivas, Viola dijo que 223 militares llevan entre tres y seis años detenidos; 254 están presos desde hace seis a diez años, 156 llevan entre 11 y 15 años presos y otros 33 tienen más de 16 años de prisión preventiva (contabiliza a todos aquellos que no tienen sentencia firme). "Representan una condena ilegal anticipada", dijo Viola.
En marzo pasado, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia envió una nota al procurador general, Eduardo Casal, en la que le pide que el organismo recomiende que "de modo perentorio y urgente" se conceda la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años que están detenidos en unidades carcelarias e integran un grupo vulnerable, ante la pandemia del Covid-19.
Entre los abogados que pugnan por morigerar las condiciones de detención de los militares y miembros de otras fuerzas atribuyen principalmente a la resistencia de los fiscales los persistentes rechazos a los pedidos de detención domiciliaria en las causas de lesa humanidad.
Por Mariano De Vedia y Candela Ini
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