Coronavirus en la Argentina: tras los sobreprecios, el Gobierno avanza con un plan para eliminar a los intermediarios en la compra de alimentos

"No puede ser que alguien se le plante al Estado y le diga: 'No te vendo si no me pagás lo que yo quiero". En reacción al escándalo por la compra con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social, Alberto Fernández quiso dar un enérgico y estratégico mensaje y convocó a Olivos, en plena tarde de sábado, al dueño de la productora de alimentos más grande de la Argentina, Luis Pérez Companc.

El Presidente quería escuchar de boca del titular de Molinos Río de la Plata por qué empresas como la suya y otras compañías alimenticias tradicionales del país nunca se presentan a las licitaciones del Estado. Pérez Companc se lo resumió en dos argumentos. El primero, que el Gobierno paga con meses de demora. El segundo, que convertirse en proveedor del Estado conlleva una exposición legal y mediática, como ya se verificó en otros rubros, como la construcción.

Es por el riesgo comercial y por el riesgo reputacional, explicó el empresario, que los productores de alimentos no quieren involucrarse en la burocracia estatal. Eso no significa, además, que no vendan sus productos. Porque este estado de cosas habilitó la aparición de intermediarios o "bolseros" de alimentos, que son los que en la práctica participan de las contrataciones y se cartelizan, encareciendo los costos. La compra de alimentos en emergencia por valores hasta 50% más altos que los Precios Máximos fijados por el Gobierno expuso a toda luz este sistema.

Para "salir por encima" del escándalo, en esa cita de sábado con Pérez Companc, Fernández hizo una doble jugada. De un lado, le ordenó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que estaba presente en Olivos, que avanzara junto a la Jefatura de Gabinete en un nuevo mecanismo de compras de alimentos para que la convocatoria sea atractiva para los productores. Del otro, comprometió a Pérez Companc a que su firma y otras del rubro, que se nuclean en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), participen de las compras del Estado.

El encuentro fue sellado con una foto oficial. En un comunicado de Presidencia, se puso una cifra y se habló de "la posibilidad de que el Estado, que adquiere 12 millones de toneladas de alimentos para distribuir, pueda comprarlos sin intermediarios y directamente a los productores".

Tratativas

A partir de la orden presidencial, según pudo reconstruir LA NACION, Arroyo mantuvo comunicaciones ayer y anteayer con Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal e interlocutor frecuente del Gobierno como miembro de la UIA, para avanzar de ambos lados del mostrador. El funcionario se comprometió a hacer modificaciones para acelerar los pagos del Estado a los proveedores y para introducir mecanismos de transparencia. El empresario se comprometió a transmitir la decisión oficial a las compañías nucleadas en la Copal para convencerlas de que se inscriban como proveedoras del Estado (hoy la mayoría no lo son).

El Gobierno trabaja en una nueva reglamentación para que el Estado agilice las cadenas de pagos en las compras de alimentos y para fijar precios máximos mayoristas más claros. Ahora, los organismos del Estado solicitan precios testigo a la Sigen, que en ocasiones son más elevados que los precios máximos que fijó la Secretaría de Comercio Interior. En la compra de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, que terminó con la desvinculación de 14 funcionarios, se pagó más caro que ambos valores de referencia.

Por otro lado, tal como informó LA NACION, la Jefatura de Gabinete trabaja en una resolución para sumar pautas de transparencia a las compras directas que se hacen en la emergencia por el coronavirus. La normativa introduciría un cotejo previo de un comité integrado por la Oficina Anticorrupción, la Sigen y la subsecretaría de Fortalecimiento Institucional. La publicación en el Boletín Oficial, pudo saber este medio, es inminente.

Entre las opciones que se evaluaron figuró que en las compras directas se firme un "pacto de integridad", donde las empresas y los funcionarios declaren que no incurrirán en conflicto de interés. Ese "pacto" funcionaría solo como una herramienta disuasiva.

Otra herramienta bajo análisis fue la de instrumentar una mayor publicidad de la contratación con el objetivo de que se presenten más oferentes en un corto período de tiempo, y aumentar así la compulsa de precios. Por último, se podría abrir un canal de denuncias para que cualquier ciudadano reporte una eventual irregularidad.

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