Coronavirus en la Argentina: Axel Kicillof le bajó el tono a sus acusaciones contra el procurador Julio Conte Grand
LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof se distanció de los pedidos de renuncia al procurador Julio Conte Grand. "No soy yo el que impulsaría eso. Y menos en este momento" afirmó.
Ayer, Kicillof responsabilizó al titular del Ministerio Público de la salida masiva de presos peligrosos. Hoy bajó el tono: "No creo que estemos hoy en condiciones de resolver temas de fondo", dijo.
En cambio, su ministra de Gobierno, Teresa García, expreso sin rodeos: "Conte Grand no puede ser procurador porque no es objetivo". García -que mantiene un estrecho contacto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner- es desde hace años la única funcionaria que pide públicamente la renuncia de Conte Grand.
Ayer, la funcionaria volvió a insistir con la falta de objetividad del procurador, dado el vínculo entre Conte Grand y la exgobernadora María Eugenia Vidal, que lo propuso para ese cargo cuando era su secretario Legal y Técnico: "Si yo soy ministra de Gobierno de Axel Kicillof jamás podría ser ministra de otro gobernador porque está clara cuál es mi filiación política. Esa fue mi postura hace dos años y la sigo sosteniendo", dijo García. Y remató: "El Procurador fue secretario de Legal y Técnica de la gestión anterior. Tiene compromisos firmes con una gestión de gobierno".
El Poder Ejecutivo tampoco presentará pedido de juicio político contra Conte Grand por una sencilla razón: no tiene número suficiente para destituirlo.
La ministra de Gobierno habló luego de que el gobernador responsabilizara públicamente a Conte Grand de la salida de presos al criticar una instrucción que impartió a fiscales y defensores.
"El Procurador, en su resolución 158, donde instruye a defensores que dependen de él a impulsar prisiones domiciliarias, omitió señalar que las prisiones domiciliarias no pueden contemplar a quienes hayan cometido delitos graves. Ofensas sexuales, violaciones, delitos a mano armada. O con violencia. No lo dijo Conte Grand", destacó Kicillof.
El documento del Ministerio Público instruyó a defensores y fiscales de la provincia para que analicen "de inmediato" la posibilidad de requerir la "detención domiciliaria" u otros medios de "morigeración de la prisión preventiva" para los detenidos que integran la "población en mayor riesgo" ante el avance del Covid-19. Ordenó a los defensores oficiales que "procedan a la inmediata evaluación de la pertinencia [de esos pedidos] de acuerdo a las particularidades fácticas y normativas de cada supuesto".
En la misma resolución, el Procurado instruyó a los fiscales para "ante la oportunidad de expedirse sobre requerimientos de medidas de prisión con detención domiciliaria así como morigeración de la prisión preventiva o sus alternativas respecto de las personas privadas de su libertad, evalúen prioritariamente, de conformidad con criterios epidemiológicos vigentes y las razones de salud públicas involucradas, los casos de quienes requieren una protección individualizada por considerarse población de mayor riesgo ante el Covid-19, de acuerdo a las particularidades fácticas y normativas de cada supuesto".
En aquella instrucción, Conte Grand detalló que dentro de la población de mayor riesgo debía incluirse a los mayores de 65 años, las embarazadas o mujeres en etapa de lactancia, las personas con depresión inmunológica, los diabéticos, las personas con insuficiencia renal, hipertensas o con patologías cardiovasculares, trasplantados, pacientes oncológicos o con antecedentes de patologías respiratorias crónicas. O cualquier persona que se considere de mayor riesgo por alguna patología debidamente acreditada.
Hoy el procurador presentó su dictamen ante la Corte para pedir que se revoque el hábeas corpus de Cámara de Casación que habilitó la salida masiva de la cárcel de detenidos de penales provinciales.
Por el momento no deberá soportar una acusación de juicio político. En cambio ya hay dos acusaciones que se tramitan en la secretaría de Enjuiciamiento: una es contra Claudio Brun, juez de Ejecución N°1 de Bahía Blanca; la otra, contra María Inés Piñeiro Beretot, del Tribunal Oral Criminal N°6 de San Martín.
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