Coronavirus. Analizan promover arrestos domiciliarios para los presos de más de 65 años
LA NACION
La amenaza de que el coronavirus entre en las cárceles bonaerenses, con récords históricos de superpoblación, puso en alerta a los funcionarios de la provincia que trabajan en el tema penitenciario. Evitar que haya contagios intramuros es el primer objetivo; el segundo, proteger a las poblaciones de riesgo. El problema es cómo.
Cortar los contactos entre los detenidos y el mundo exterior requeriría prohibir los traslados y también las visitas. En los penales de la provincia de Buenos Aires, que tienen 45.000 presos cuando la capacidad –en el mejor de los casos- es para 28.000, el riesgo de motines es muy alto. Tanto los funcionarios políticos como los judiciales tienen claro lo que pasó esta semana en Italia, donde la reacción a las medidas restrictivas generó una ola de revueltas en 27 penales, con caos y muertos.
Entre los más amenazados están los mayores de 65 años, para quienes el gobierno nacional recomendó el "aislamiento voluntario", medida impracticable dentro de un penal. El procurador Julio Conte Grand, jefe de los fiscales bonaerenses, evalúa en estas horas firmar una instrucción general dirigida a defensores generales y fiscales generales para que analicen, ante semejante emergencia, solicitar arrestos domiciliarios para los mayores de 65. Siempre y cuando -aclaran en la Procuración- sea procesalmente factible. Los mayores de 65 son hoy 644 personas; el 1,25 por ciento de la población total. Fuentes de la justicia bonaerense advirtieron que un problema adicional con este grupo etáreo es que muchos son condenados por delitos graves, como violaciones u homicidios múltiples, y en el sistema federal, presos por crímenes de lesa humanidad.
Según los registros oficiales, dentro de la población vulnerable en la provincia de Buenos Aires están también los 2688 enfermos, un grupo que incluye a 1723 "muy vulnerables": internos con tuberculosis, SIDA o enfermedades respiratorias.
Nueva orden de Casación
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, les encomedó esta mañana a todos los jueces penales que le den un trámite urgente a las presentaciones de las personas privadas de su libertad que pertenezcan a un "grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes". Además, pidió a las autoridades competentes (Poder Ejecutivo) la adopción de un "protocolo específico para la prevención y protección del coronaviros en contexto de encierro" que proteja, sobre todo, a quienes se encuentran en algún grupo especial de riesgo.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense también sigue de cerca el tema y discute opciones, dijeron fuentes del tribunal.
El ministro de Justicia de la provincia, Julio Alak, vería con agrado cualquier medida que ayudara a promover los arrestos domiciliarios. "Sobre todo, en los casos de prisiones preventivas y cuando no impliquen un riesgo para la ciudadanía ni las investigaciones", dijo una fuente del Ministerio. Nadie quiere aparecer como promoviendo una liberación masiva. En Ministerio de Justicia de la Nación, que dirige Marcela Losardo, también esperan que los jueces analicen la posibilidad de disponer nuevos arrestos domiciliarios.
El equilibrio es delicado. El alojamiento de los presos es responsabilidad del Poder Ejecutivo; en el sistema bonaerense, de Áxel Kicillof, pero la decisión de encarcelar o sacar de prisión a una persona es siempre de los jueces. "Nosotros tenemos la responsabilidad, pero no la decisión. Somos solo el hotel", se queja un histórico funcionario.
Ayer, Kicillof declaró la emergencia sanitaria en la provincia. El decreto que firmó instruye "a los ministros, secretarios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad y al titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, a adoptar las medidas necesarias para prevenir la propagación del virus en los establecimientos carcelarios dependientes del Servicio Penitenciario y en las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires".
Contra la tortura
El Comité Nacional de Prevención de la Tortura le recordó ayer al estado su condición de "garante" de la situación de los detenidos ante el coronavirus, situación agravada por "el hacinamiento, las deplorables condiciones de detención y la falta de acceso a la salud" en los establecimientos carcelarios.
El Comité le recomendó ayer a los jueces resolver "con la mayor celeridad posible las solicitudes de arresto domiciliario para la población de riesgo" y evitar que sigan detenidos quienes estén en condiciones de "acceder a los beneficios previstos por la ley para la soltura anticipada".
Un plan
El camarista de Casación Gustavo Hornos, presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, le envió ayer una nota a la ministra Losardo en la que le consulta "si existe en la actualidad un plan de prevención en el medio carcelario contra la situación epidemiológica del coronavirus" y le solicita que "de existir, se lo ponga en práctica a la brevedad".
Las primeras medidas preventivas que se ordenaron esta semana en las cárceles fueron pedidos para que todo aquel que entre extreme las medidas de higiene y para que se abstenga de ingresar quien haya viajado en los últimos 14 días a países de transmisión del virus y quien registre síntomas compatibles con el coronavirus.
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