Coronavirus en la Argentina: el Gobierno analiza nuevas pautas para las compras tras el escándalo de los sobreprecios

El escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social dejó heridas internas en el Gobierno. Como un control de daños, funcionarios de la Jefatura de Gabinete comenzaron a analizar alternativas para aportar mayor transparencia a las compras en medio de la emergencia por el coronavirus.

Desde que comenzó la pandemia, tal como publicó LA NACION, la mayoría de las contrataciones del Estado se vienen haciendo por compra directa, de forma exprés, con una compulsa de precios acotada y un relajamiento de los controles. La agilidad que exige la pandemia, quedó demostrado, puede entrar en conflicto con la posibilidad de acceder a precios competitivos.

La subsecretaría de Fortalecimiento Institucional -que depende de la secretaría de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete- evaluaba en las últimas horas propuestas para fijar mecanismos que obliguen a participar a más proveedores, con más publicidad de las contrataciones estatales y una mayor intervención de los organismos de control.

Ideas bajo análisis

En un trabajo conjunto con la Oficina Anticorrupción y con la Sigen, según pudo reconstruir LA NACION, entre las alternativas que se evalúan figura que los proveedores firmen un "pacto de integridad". Una suerte de declaración jurada donde las empresas declaren que no incurrirán en conflicto de interés con los funcionarios del organismo que ordenan la contratación.

Ese "pacto" funcionaría solo como una herramienta disuasiva. "No sería para eximir de responsabilidad al funcionario o a la empresa, al contrario, lo comprometería más", señalaron colaboradores al tanto de las iniciativas que están sobre la mesa.

Actualmente, en las licitaciones, por el decreto 202/2017, todas las empresas proveedoras del Estado deben firmar declaraciones juradas de interesas. En el caso de que existe alguna relación entre el proveedor y el funcionario (parentesco, amistad, sociedad o pleitos pendientes) se procede a la firma de un pacto de integridad, a modo de compromiso. Ese procedimiento no es está siendo aplicado en la compras directas en emergencia, con el argumento de la necesidad de acortar tiempos.

Otra herramienta bajo análisis es la de instrumentar una mayor publicidad de la contratación con el objetivo de que se presenten más oferentes en un corto período de tiempo, y aumentar así la compulsa de precios.

Por último, se podría abrir un canal de denuncias para que cualquier ciudadano reporte una eventual irregularidad. Y se buscaría una mayor intervención de los organismos de control durante el trámite de la compra.

"El problema con las compras en emergencia es que si son muy burocráticas y se le da intervención a muchas partes, pueden demorar meses. Se trata de compras urgentes por la pandemia. La agilidad y la transparencia entran en tensión", reconocieron colaboradores oficiales que analizan todas las alternativas.

Los nuevos mecanismos de control sobre las compras directas ya están escritos en un borrador, pudo saber LA NACION. Pero todavía falta la evaluación y aprobación de la cúpula de la Casa Rosada."Nos llegan muchas propuestas y se está evaluando todo", dijeron fuentes oficiales.

Los antecedentes

El decreto 260/2020, que declaró la emergencia sanitaria a mediados de marzo, estipuló que "durante el plazo que dure la emergencia" los organismos "estarán facultados para efectuar la contratación directa de bienes y servicios que sean necesarios para atender la emergencia, sin sujeción al régimen de contrataciones de la Administración Pública Nacional o a sus regímenes de contrataciones específicos".

Luego, la decisión administrativa 409/2020 de la Jefatura de Gabinete fijó ciertas pautas para las contrataciones en el marco de la pandemia, como consultar a la nómina de proveedores oficiales del rubro, invitar como mínimo a tres oferentes, y a solicitar precios testigo a la Sigen.

Aún así, los procedimientos vienen registrando baja competencia de precios y controles más lábiles que los que se implementan con una licitación pública. Esas pautas fueron obviadas en las compras de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social, que ahora quedaron bajo investigación. Y, tal como publicó este medio, no evitaron una gran dispersión de precios en las compras de alcohol en gel, reactivos y otros insumos.

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